La vicepresidenta y consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas, Mónica Oltra, presentaba ayer el nuevo desarrollo normativo de la ley de Servicios Sociales Inclusivos a través de tres decretos que abordan cuestiones como la actualización de rátios, la ampliación de perfiles profesionales y la mejora de los recursos. “Tres nuevos decretos muy importantes que desarrollan la ley de servicios sociales inclusivos ya que una ley sin desarrollar es papel mojado”, afirmaba Oltra
Para la consellera, se trata de tres decretos “fundamentales, la columna vertebral del sistema publico valenciano de servicios sociales”. En primer lugar porque gracias a ellos van a establecerse recursos profesionalizados y bien dotados de personal. “De la misma manera que no puede operar en un hospital una persona que no tiene el título de medicina y cirugía, ahora profesionalizamos el servicio porque en Servicios Sociales intervenimos con personas”.
Además, se incorporarán recursos de proximidad. Y es que según la titular de Igualdad y Políticas Inclusivas “no vale con poner el recurso en un lugar apartado para que no moleste, sino que se trata de que sean recursos comunitarios con acceso a todos los servicios sociocomunitarios de alrededor” por lo que se implantarán en los núcleos urbanos.
Finalmente, se impulsarán servicios y programas que se adapten a las personas, a sus necesidades y expectativas. “¿Porqué una persona ha de ir todos los días con el mismo horario a su centro si le iría mejor ir tres días a la semana con otro horario? Se trata de adaptar los recursos y la intervención a cada persona usuaria, el sistema debe ser más flexible”, aseveraba Oltra.
Nuevos retos: “organización, participación y ética”
Para la vicepresidenta, "la organización, la participación y la ética" son los nuevos retos a los que se enfrenta su departamento en el proceso de construcción de un Sistema Público Valenciano de Servicios Sociales que atienda al conjunto de la ciudadanía en condiciones de igualdad y equidad.
"Hemos iniciado un cambio en el sistema que ya es una realidad en todo el ámbito público, y que con este próximo paquete normativo queremos ampliar a todo los rincones de los servicios sociales, con independencia de cual sea su titularidad", manifestaba en el acto de ayer, en el que estuvo acompañada por el secretario autonómico de Planificación y Organización del Sistema, Xavier Uceda, y el director general del IVAFIQ, Joan Crespo.
La vicepresidenta recordaba que la aprobación de la ley de Servicios Sociales Inclusivos de la Comunitat Valenciana la pasada legislatura supuso la generación de "todo un nuevo marco que es la base sobre la que se construye el Sistema Público Valenciano de Servicios Sociales que ya se ha venido desarrollando", y en este sentido ha mencionado el decreto de Ordenación, el de Coordinación y Financiación de la Atención Primaria o el que ha establecido el Mapa de Servicios Sociales.
Blindaje de condiciones de servicios y centros
Oltra ha apuntado que la actualización de las ratios de todos los recursos incluidos en el sistema es una de las cuestiones que aborda el decreto, y ha señalado que se hace teniendo en cuenta "una nueva realidad sociodemográfica, en la que la población es más mayor, existe mayores niveles de atención a la dependencia o más gente que vive sola".
En este sentido, se plantea una atención domiciliaria más completa, una mejora de las ratios en los recursos residenciales o centros que se parezcan cada vez más a una casa, porque es así "como se responde a las verdaderas necesidades de las personas, garantizando unas condiciones de atención dignas y de calidad".
Por lo que respecta al decreto de órganos de participación y creación del Observatorio del Sistema Público Valenciano de Servicios Sociales, que regulará el Consell Valencià d'Inclusió i Drets Socials, tendrá carácter autonómico y los consejos de participación zonales y locales que se crearán en cada ayuntamiento o mancomunidad.
En cuanto al decreto que regula los comités de ética, Oltra incidía en que se va a crear uno de carácter autonómico, y uno por cada uno de los departamentos de servicios sociales, en los que se incluirán personas expertas en servicios sociales que ofrecerán respuestas a profesionales y personas usuarias, de manera que las actuaciones de unas y otras ganen en seguridad. Asimismo, aquellos ayuntamientos, centros o intercentros que quieran crearlos también podrán hacerlo.