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    <title>Val&#xE8;ncia Extra</title>
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    <description>El teu diari de proximitat</description>
    <lastBuildDate>Fri, 25 Sep 2026 12:40:04 +0200</lastBuildDate>
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      <title>Val&#xE8;ncia Extra</title>
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      <title><![CDATA[La Malvarrosa pide un cambio en su Paseo Marítimo: más sombra, vegetación y servicios públicos]]></title>
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      <pubDate>Fri, 25 Sep 2026 12:33:49 +0200</pubDate>
      <dc:creator><![CDATA[Ana Aznar]]></dc:creator>
      <category><![CDATA[Valencia]]></category>
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      <description><![CDATA[El cambio que reclaman para la Malvarrosa: un Paseo Marítimo con más sombra y menos hormigón]]></description>
      <content:encoded><![CDATA[Las asociaciones vecinales del Marítim y la Asociación de Hosteleros de la Playa de la Malvarrosa han unido fuerzas para reclamar una transformación del Paseo Marítimo de Valencia. Los colectivos piden al Ayuntamiento una reforma que permita recuperar espacios para el vecindario, ampliar los servicios públicos y mejorar las condiciones para disfrutar de la playa. La propuesta contempla una intervención desde Las Arenas hasta la Malva-rosa, con más zonas de sombra, vegetación y espacios de encuentro. Los colectivos consideran que el paseo actual necesita una renovación que tenga en cuenta a quienes viven en los barrios marítimos y utilizan habitualmente este entorno para pasear, reunirse o cenar al aire libre. Más sombra y servicios Uno de los principales problemas que señalan las asociaciones es la falta de espacios acondicionados para quienes acuden a la playa. La acumulación de arena al norte del puerto ha ido alejando el mar de la ciudad y ha dejado un paseo de hormigón seguido de una gran extensión de arena, con poca sombra y servicios insuficientes. Por ello, los colectivos consideran necesario incorporar vegetación en las zonas que actualmente están ocupadas únicamente por arena u hormigón, además de crear espacios de confort integrados en el paisaje. Los servicios públicos son otra de las cuestiones que centran sus reclamaciones. Las asociaciones consideran que los baños portátiles disponibles son insuficientes. Esta situación también afecta a los restaurantes de la zona, que, según denuncian, soportan el uso de sus aseos ante la falta de alternativas públicas. Por ello, reclaman ampliar los servicios disponibles y mejorar los equipamientos del paseo. Paseo Marítimo de la Playa de la Malvarrosa y chiringuitos (Visit Comunitat Valenciana) El 'sopar a la fresca', una tradición que quieren mantener La transformación del Paseo Marítimo también está ligada a la defensa de las costumbres de los barrios marítimos. Vecinos y hosteleros reivindican el sopar a la fresca como una manifestación de la cultura popular valenciana que forma parte de la vida de la playa desde hace generaciones. Bajar mesas y sillas, cenar junto al mar y compartir tiempo con familiares, amigos y vecinos es una tradición que, según recuerdan, convivió históricamente con los antiguos merenderos de Las Arenas, el Cabanyal y la Malva-rosa. Los colectivos consideran que esta forma de disfrutar del litoral debe tenerse en cuenta en la planificación del futuro paseo. En este sentido, advierten de que el turismo barato y de fiesta está transformando los barrios y sostienen que este modelo no beneficia a la restauración tradicional. Frente a esta situación, defienden que residentes y hosteleros no son realidades enfrentadas, sino que comparten la playa, el barrio y una historia común. Por ello, reclaman que la reforma permita cuidar el espacio público y preservar las formas de convivencia vinculadas al Marítim. La reivindicación coincide con el anuncio del Plan del Frente Litoral por parte de la alcaldesa. Ante esta iniciativa, vecinos y hosteleros reclaman participar conjuntamente en su desarrollo y que sus necesidades se tengan en cuenta en la futura transformación de la costa valenciana. Los colectivos defienden que quienes viven, utilizan y trabajan en la playa deben intervenir en las decisiones sobre su futuro, teniendo en cuenta sus intereses como vecinos y representantes de la hostelería tradicional.]]></content:encoded>
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      <title><![CDATA[La Generalitat Valenciana garantiza hasta 2030 las prácticas de Medicina forense para los estudiantes de la Universitat de València]]></title>
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      <pubDate>Fri, 25 Sep 2026 12:30:10 +0200</pubDate>
      <dc:creator><![CDATA[VE Redacció]]></dc:creator>
      <category><![CDATA[Política]]></category>
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      <description><![CDATA[El Consell prorroga cuatro años el convenio que permite al alumnado de Medicina formarse en los Institutos de Medicina Legal valencianos.]]></description>
      <content:encoded><![CDATA[Aprender a leer las huellas que deja la muerte, a descifrar lesiones, a colaborar con juzgados y fiscalías: eso es lo que ofrece la medicina forense a quienes estudian Medicina. Y en la Comunitat Valenciana, esa formación seguirá garantizada al menos hasta 2030. El Pleno del Consell ha aprobado la prórroga del convenio de cooperación educativa con la Universitat de València para que el alumnado del Grado de Medicina continúe realizando prácticas en los Institutos de Medicina Legal y Ciencias Forenses (IMLCF) de la región. Cuatro años más de una alianza que forma a los futuros médicos forenses La adenda aprobada extiende la colaboración entre la Generalitat y la Universitat de València durante cuatro años más, en los mismos términos que recoge el convenio vigente. Una renovación, además, que no supone ningún coste adicional para las arcas públicas. Sin gasto extra y con continuidad asegurada: difícil encontrar un argumento en contra. Pero, ¿qué hay detrás de esos institutos donde los estudiantes completan su formación? Los Institutos de Medicina Legal y Ciencias Forenses son órganos técnicos cuya misión principal es auxiliar a la Administración de Justicia en el ámbito de su disciplina científica y técnica. En la práctica, eso significa estar presentes en algunos de los momentos más críticos del sistema judicial: su función es auxiliar a los juzgados, los tribunales, las fiscalías y las oficinas del Registro Civil, mediante la práctica de pruebas periciales médicas, tanto anatómicas, como clínicas y de laboratorio. La dimensión de esa actividad es considerable. Solo el IMLCF de València, practicó un total de 1.838 autopsias en 2023, de las cuales 877 fueron muertes naturales, 394 accidentales, 220 de personas que se suicidaron y 15 homicidas. Son cifras que ilustran por qué pasar por estas instituciones durante la carrera puede marcar la diferencia en la formación de un médico. Docencia e investigación, parte del ADN de estos centros No es casual que la Universitat de València haya elegido estos institutos como escenario de prácticas. El IMLCF de Valencia es un órgano técnico multidisciplinar cuya función no se limita a la asistencia a los tribunales: también ha de realizar actividades de formación, docencia e investigación en distintas áreas de la medicina forense. La enseñanza, en otras palabras, no es un añadido, sino parte constitutiva de su razón de ser. Esta vocación formativa es precisamente el paraguas legal bajo el que se ampara el convenio entre la Generalitat y la universidad. Los estudiantes del Grado de Medicina acceden así a un entorno real, donde las pericias no son simulaciones sino piezas clave de procedimientos judiciales en curso. Una experiencia que ningún aula puede replicar del todo. Un modelo de colaboración público-universitaria sin coste para la ciudadanía Que la prórroga no implique ningún desembolso económico para la Generalitat es un dato relevante, especialmente en un contexto en el que la financiación de las prácticas universitarias suscita cada vez más debate. El acuerdo demuestra que la colaboración entre instituciones públicas puede articularse de forma eficiente, sin duplicar recursos ni generar cargas presupuestarias. La cooperación seguirá vigente hasta 2030, un horizonte suficientemente amplio como para que varias promociones de estudiantes de Medicina puedan beneficiarse de este acceso privilegiado a la medicina legal y forense. En un grado donde la práctica clínica lo es casi todo, poder formarse junto a profesionales que trabajan codo a codo con la justicia es una oportunidad que pocos países garantizan de forma tan institucionalizada. La renovación de este convenio no es solo un trámite administrativo: es una apuesta por la calidad de los médicos que la Comunitat Valenciana formará en la próxima década.]]></content:encoded>
    </item>
    <item>
      <title><![CDATA[Los más de 21.000 funcionarios de la Generalitat Valenciana trabajarán 35 horas semanales: el Consell sella el acuerdo histórico con los sindicatos]]></title>
      <link>https://www.valenciaextra.com/es/politica/los-mas-de-21-000-funcionarios-de-la-generalitat-valenciana-trabajaran-35-horas-semanales-el-consell-sella-el-acuerdo-historico-con-los-sindicatos_599062_102.html</link>
      <pubDate>Fri, 25 Sep 2026 12:30:09 +0200</pubDate>
      <dc:creator><![CDATA[VE Redacció]]></dc:creator>
      <category><![CDATA[Política]]></category>
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      <description><![CDATA[El Consell ratifica la jornada de 35 horas para más de 21.200 empleados públicos de la Administración valenciana tras años de negociación.]]></description>
      <content:encoded><![CDATA[Siete años después de que el Decreto 42/2019 lo pusiera sobre el papel, la jornada laboral de 35 horas semanales para los funcionarios de la Generalitat Valenciana deja de ser una promesa normativa y se convierte en realidad. El Consell ha ratificado el acuerdo de la Mesa Sectorial de Función Pública que implanta definitivamente esta jornada para más de 21.200 empleados públicos, poniendo fin a un largo recorrido de negociaciones, condicionantes presupuestarios y mandatos sucesivos que habían mantenido la medida en un limbo administrativo. El acuerdo, alcanzado en la Mesa Sectorial el pasado 14 de septiembre, contempla dos modalidades horarias: una jornada general de 35 horas semanales y una jornada de especial dedicación de 37 horas y 30 minutos. Ambas figuras ya estaban recogidas en el Decreto 42/2019 del Consell, pero su aplicación había quedado congelada a la espera de que se cumplieran ciertos requisitos vinculados a la estabilidad presupuestaria, la deuda pública y la regla de gasto. Un candado legal que, con el tiempo, el Estado terminó por eliminar. Un camino largo y con varios obstáculos La historia de las 35 horas en la función pública valenciana es, en buena medida, la historia de una medida que siempre estuvo ahí pero que nunca acababa de aterrizar. Hasta hace muy poco, la Comunitat Valenciana figuraba entre las comunidades autónomas cuyos empleados públicos continuaban trabajando más de 35 horas semanales. Andalucía, Castilla-La Mancha, Extremadura o el País Vasco llevan años aplicando la jornada de 35 horas en sus administraciones, lo que sitúa a la Comunitat Valenciana en un proceso de convergencia con las comunidades más avanzadas en esta materia. El principal escollo había sido de naturaleza financiera. La normativa estatal exigía el cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria y control del gasto para poder implantar una jornada ordinaria diferente a la general. El ejecutivo autonómico había iniciado las negociaciones en abril con el objetivo de sellar un acuerdo para que pudiese empezar a aplicarse en enero de 2027, a pesar de la delicada situación de las finanzas autonómicas, que había sido puesta como el principal límite para poder negociar las condiciones de los trabajadores públicos. Sin embargo, la modificación posterior de esa normativa estatal eliminó las restricciones presupuestarias, aunque mantuvo un requisito clave: que la temporalidad en el empleo público no supere el 8% de las plazas de naturaleza estructural. El proceso negociador también tiene su propia hoja de ruta. En abril de 2024, la Mesa General de Negociación alcanzó un acuerdo —ratificado por el Consell el 7 de mayo de ese año— para que cada mesa sectorial negociara la aplicación de las 35 horas en su propio ámbito. Y fue el 24 de abril de 2026 cuando esa misma Mesa General instó a las mesas sectoriales a arrancar definitivamente las negociaciones y abordar las adaptaciones organizativas necesarias. El de Función Pública lo hizo. El resultado es el acuerdo que ahora el Consell ha convertido en oficial. ¿Quién se beneficia y cuánto cuesta? El Gobierno valenciano estima que la medida tendrá un coste aproximado para las arcas públicas de 3 millones de euros al año, una cuantía que la administración autonómica destinará a contratar personal para compensar las horas de trabajo que dejen de hacer sus empleados públicos al reducir en 2,5 horas su jornada laboral cada semana. Según fuentes consultadas, esta partida se destinará a crear nuevos puestos que se concentrarán principalmente en aquellos centros donde el servicio se presta a turnos, con especial incidencia en los centros sociosanitarios, teniendo en cuenta que "el cómputo anual supone una reducción de más de 60 horas". Ahora bien, conviene precisar a quién alcanza exactamente este acuerdo. El beneficio se aplicará a los funcionarios del ámbito de la Función Pública de la Generalitat Valenciana, pero no al personal de Educación, Sanidad o Justicia, que quedan fuera de este acuerdo y deberán negociar en sus respectivas mesas sectoriales esta mejora. Es decir, maestros, médicos o empleados de la administración de justicia seguirán a la espera de que sus propias mesas sectoriales recorran el mismo camino. Conciliación, modernización y diálogo social Más allá de los números, la medida se encuadra en una tendencia más amplia de repensar cómo y cuánto trabajamos. La reducción de jornada laboral hasta las 35 horas semanales ya había entrado en vigor para los empleados de la Administración General del Estado en España el pasado mes de abril. La Comunitat Valenciana da ahora ese mismo paso para su propia administración, alineándose con una política que va ganando terreno en el conjunto del sector público español. La Generalitat enmarca la medida en su apuesta por la conciliación de la vida personal y profesional y por la modernización de la Administración autonómica. La implantación de las 35 horas semanales responde a un compromiso con el personal empleado público de la Generalitat y se enmarca en el proceso iniciado para adaptar la organización de la Administración a las nuevas necesidades de la sociedad valenciana. También se destaca el papel que ha jugado el diálogo social en todo este proceso: el acuerdo es fruto de la negociación colectiva entre la Administración y los sindicatos representados en la Mesa Sectorial, un mecanismo que, en esta ocasión, ha demostrado funcionar. La aplicación de la nueva jornada no comprometerá el objetivo de reducción de la temporalidad en el empleo público, tal y como establece la normativa estatal básica. Un equilibrio que el Gobierno valenciano se ha esforzado en subrayar para despejar dudas sobre el impacto de la medida en la calidad y continuidad de los servicios públicos. Para más de 21.200 funcionarios, sin embargo, el debate ya tiene fecha de cierre: a partir de ahora, el reloj de la jornada laboral marcará 35 horas.]]></content:encoded>
    </item>
    <item>
      <title><![CDATA[La Generalitat Valenciana crea su propio 'seguro público' para proteger obras de arte en exposiciones y reducir costes de aseguramiento privado]]></title>
      <link>https://www.valenciaextra.com/es/politica/la-generalitat-valenciana-crea-su-propio-seguro-publico-para-proteger-obras-de-arte-en-exposiciones-y-reducir-costes-de-aseguramiento-privado_599063_102.html</link>
      <pubDate>Fri, 25 Sep 2026 12:30:09 +0200</pubDate>
      <dc:creator><![CDATA[VE Redacció]]></dc:creator>
      <category><![CDATA[Política]]></category>
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      <description><![CDATA[El Consell aprueba un decreto que garantiza la cobertura pública de bienes culturales en colecciones arrendadas para fines museísticos.]]></description>
      <content:encoded><![CDATA[Asegurar una obra maestra no es como asegurar un coche. Los valores pueden alcanzar decenas de millones de euros, las primas son astronómicas y, cuando el daño ocurre, lo que más le importa al museo no suele ser el dinero, sino recuperar la pieza. El Consell de la Generalitat Valenciana ha aprobado un decreto que regula su propia garantía pública para cubrir los riesgos asociados a bienes culturales que formen parte de colecciones arrendadas con destino a la exhibición o a usos museísticos, una figura que en el ámbito estatal lleva décadas funcionando con éxito, pero que la Comunitat Valenciana estrena ahora con rango normativo propio. Una red de protección para el arte en tránsito Mover una obra de arte es, literalmente, un ejercicio de riesgo. Desde el momento en que abandona su ubicación habitual hasta que regresa, una pieza cultural puede enfrentarse a accidentes durante el transporte, daños en el almacenamiento o incluso sustracciones. La garantía pública protege a las obras frente a los posibles incidentes que puedan sufrir desde que se presta la obra hasta que se devuelve a su titular, en una modalidad conocida como cobertura "clavo a clavo" que abarca tanto el transporte como la estancia en el museo. El nuevo decreto valenciano sigue esa misma lógica: la garantía de la Generalitat podrá cubrir los daños materiales derivados de la destrucción, pérdida, sustracción o deterioro de los bienes durante su transporte, depósito, exhibición o cualquier otra actuación directamente vinculada a su destino cultural o museístico. La norma, que desarrolla la disposición adicional octava de la Ley 4/1998, de 11 de junio, del Patrimonio Cultural Valenciano, no nace en el vacío. A nivel nacional, el Real Decreto 1680/1991 ya determina que el Estado puede comprometerse a indemnizar por la destrucción, pérdida, sustracción o daño de aquellas obras de relevante interés artístico, histórico, paleontológico, arqueológico, etnográfico, científico o técnico que se cedan temporalmente a museos, bibliotecas o archivos para su contemplación pública. La Comunitat Valenciana, con este decreto, construye su propio marco autonómico sobre principios equivalentes. El problema del coste: cuando asegurar una exposición se vuelve prohibitivo ¿Cuánto cuesta asegurar una colección de alto valor? La respuesta depende de muchas variables, pero hay un hecho difícil de ignorar: las primas de los seguros de obras de arte ocupan una gran parte del presupuesto del que una institución dispone para una exposición. Ahí reside precisamente uno de los argumentos más sólidos del nuevo decreto: la garantía pública minora, modula o complementa el aseguramiento privado, especialmente en operaciones de elevado valor económico, permitiendo optimizar los recursos públicos destinados a la protección de bienes culturales. El sistema no pretende sustituir al seguro privado, sino complementarlo de forma inteligente. El modelo de referencia estatal funciona mediante un sistema combinado: una cantidad inicial hasta un determinado límite es contratada por la institución organizadora con una compañía aseguradora privada; por encima de ese límite, es la administración quien asume la responsabilidad indemnizatoria. La norma valenciana aplica una lógica similar: la garantía no cubre el primer tramo de los daños, un umbral que se sitúa entre los 30.000 y los 144.000 euros, en función del valor total de los bienes garantizados en cada exposición o programa expositivo. ¿Cuánto se paga si algo sale mal? El decreto es claro en cuanto a las indemnizaciones. En caso de pérdida, sustracción o destrucción total de una pieza, la compensación equivaldrá al valor previamente asignado al bien. Así, si una obra sufre esos daños, la administración abona al prestador una cantidad igual al valor declarado; en caso de daños parciales, la indemnización cubre el coste de la restauración sin exceder ese valor. Cuando los daños sean parciales, la cobertura incluirá además la posible pérdida de valor ocasionada, también sin superar en ningún caso el valor previamente asignado al bien garantizado. El límite máximo del compromiso que pueda otorgarse para una obra o conjunto de obras en una misma exposición, así como el límite total acumulado de las garantías concedidas por la Generalitat, se fijarán anualmente mediante las correspondientes leyes de presupuestos, un mecanismo que —como ya ocurre en el ámbito estatal— permite adaptar la envergadura del sistema a la capacidad financiera de cada ejercicio. La existencia de un límite económico anual fijado en los presupuestos es, de hecho, la práctica habitual en la garantía estatal que ya opera a nivel nacional. Un paso hacia la sostenibilidad cultural Más allá de la técnica jurídica, lo que aprueba el Consell tiene una lectura práctica inmediata: facilitar que colecciones de alto valor lleguen a los museos y espacios expositivos valencianos sin que el coste del seguro lo impida o lo encarezca hasta el punto de hacerlo inviable. En un sector donde generalmente en Europa no se aseguran las colecciones permanentes de titularidad pública , la carga recae sobre las instituciones que organizan exposiciones temporales con piezas prestadas, precisamente las que mayor impacto cultural y turístico generan. El nuevo decreto ofrece así una respuesta estructural a un problema que ha condicionado durante años la ambición expositiva de instituciones culturales valencianas: la garantía pública actúa como respaldo financiero que da confianza a los prestadores, reduce los costes de aseguramiento y, en última instancia, permite acercar al público obras que de otro modo nunca habrían cruzado la frontera de ningún museo de la región.]]></content:encoded>
    </item>
    <item>
      <title><![CDATA[Los árboles se habían comido la luz: Torrent instala 123 farolas LED a ras de acera en la avenida al Vedat para devolver la seguridad nocturna a sus vecinos]]></title>
      <link>https://www.valenciaextra.com/es/c/horta-sud/torrent/los-arboles-se-habian-comido-la-luz-torrent-instala-123-farolas-led-a-ras-de-acera-en-la-avenida-al-vedat-para-devolver-la-seguridad-nocturna-a-sus-vecinos_599060_102.html</link>
      <pubDate>Fri, 25 Sep 2026 12:25:09 +0200</pubDate>
      <dc:creator><![CDATA[VE Redacció]]></dc:creator>
      <category><![CDATA[Torrent]]></category>
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      <description><![CDATA[El Ayuntamiento de Torrent refuerza el alumbrado de la avenida al Vedat con 123 luminarias LED para eliminar zonas de sombra bajo el arbolado.]]></description>
      <content:encoded><![CDATA[Hay un problema urbano que pocas veces protagoniza los titulares, pero que cualquier peatón ha vivido en algún paseo nocturno: caminar por una acera en penumbra porque la copa de los árboles intercepta la luz de las farolas. Es exactamente lo que ocurría en un tramo de la avenida al Vedat de Torrent, una de las vías principales de la ciudad valenciana. Y ahora el Ayuntamiento ha decidido actuar. 123 puntos de luz para recuperar la acera de noche El consistorio torrentino está instalando 123 nuevas luminarias LED en las aceras de la avenida al Vedat, concretamente en el tramo comprendido entre la calle Valentí Planells y la avenida Pintor Genaro Palau. La solución no pasa por reemplazar el alumbrado general de la vía, sino por complementarlo con una línea de iluminación de proximidad, pensada exclusivamente para el espacio peatonal y colocada a una altura de 3,5 metros, mucho más cerca del suelo que una farola convencional. La iniciativa responde a un diagnóstico concreto: el crecimiento natural del arbolado había generado zonas de sombra progresivas sobre las aceras, un fenómeno habitual en avenidas con vegetación madura donde las copas terminan actuando como pantalla entre la fuente de luz y el suelo. Las quejas vecinales habían alertado al municipio de la situación, y el proyecto técnico municipal optó por una respuesta que acerca la luz justo allí donde se necesita, sin tocar lo que ya funcionaba. "No estamos sustituyendo el alumbrado general de la avenida, sino reforzándolo y complementándolo allí donde se había detectado una carencia" - José Gozalvo, concejal de Urbanismo y Medio Ambiente del Ayuntamiento de Torrent Una inversión de más de 60.000 euros con tecnología LED y telegestión El presupuesto de ejecución material de la actuación asciende a 60.562,03 euros. Los 123 puntos de luz incorporan luminarias LED modelo ARAMIS, junto con el cableado, los elementos de conexión y protección y los correspondientes nodos UVAX, que permiten la gestión remota e inteligente del alumbrado. La luz blanca y uniforme de los LED mejora la visibilidad en calles y carreteras, lo que repercute directamente en la seguridad vial y peatonal. En este caso, además, la altura reducida de instalación —3,5 metros— maximiza el efecto sobre la acera, evitando que las copas del arbolado vuelvan a interceptar el haz luminoso. "El proyecto incorpora 123 luminarias LED y todos los elementos necesarios para su funcionamiento. Es una actuación muy localizada y diseñada a partir del problema existente sobre el terreno: conseguir una iluminación más uniforme y adecuada para el peatón en este tramo de la avenida al Vedat" - José Gozalvo, concejal de Urbanismo y Medio Ambiente del Ayuntamiento de Torrent Una respuesta vecinal con impacto cotidiano Más allá de los datos técnicos, lo que está en juego es algo tan sencillo como poder caminar con seguridad de noche por una de las principales arterias de Torrent. En España se producen cerca de 10.000 atropellos al año, y la visibilidad insuficiente en aceras y zonas peatonales es uno de los factores que contribuyen a este tipo de incidentes. En ese contexto, proyectos como el de la avenida al Vedat apuntan en la dirección correcta: identificar los puntos débiles de la iluminación urbana y resolverlos con soluciones a medida, sin grandes obras ni presupuestos desorbitados. La alcaldesa de Torrent, Amparo Folgado, ha subrayado el carácter eminentemente práctico de la intervención, poniendo el foco en el ciudadano que cada día transita por esa acera. "Queremos que la avenida al Vedat sea una vía cómoda y segura también durante la noche. Estas 123 nuevas luminarias van a permitir que la luz llegue mejor al espacio por el que caminan las personas y mejorar su seguridad y visibilidad" - Amparo Folgado, alcaldesa de Torrent La apuesta de Torrent encaja, además, en una tendencia más amplia. La modernización del alumbrado público se ha convertido en uno de los ejes principales de la política energética municipal en España, con varias ciudades impulsando proyectos de sustitución de luminarias convencionales por tecnología LED con el objetivo de reducir el consumo eléctrico y mejorar la calidad de la iluminación en espacios públicos. La diferencia en el caso de Torrent es que aquí el motor no ha sido el ahorro energético, sino algo más inmediato: la queja de los vecinos que, noche tras noche, caminaban a oscuras bajo los árboles de su avenida.]]></content:encoded>
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      <title><![CDATA[La Generalitat Valenciana renueva su alianza con las Cámaras de Comercio para gestionar residuos y suelos contaminados con más garantías legales]]></title>
      <link>https://www.valenciaextra.com/es/politica/la-generalitat-valenciana-renueva-su-alianza-con-las-camaras-de-comercio-para-gestionar-residuos-y-suelos-contaminados-con-mas-garantias-legales_599059_102.html</link>
      <pubDate>Fri, 25 Sep 2026 12:20:13 +0200</pubDate>
      <dc:creator><![CDATA[VE Redacció]]></dc:creator>
      <category><![CDATA[Política]]></category>
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      <description><![CDATA[El Consell delega en el Consejo de Cámaras nuevas funciones sobre residuos, envases y suelos contaminados, actualizando un acuerdo que data de 2007.]]></description>
      <content:encoded><![CDATA[Cuando una empresa valenciana elabora un plan para reducir sus residuos peligrosos o analiza el riesgo ambiental de sus instalaciones, el organismo que revisa esa documentación no siempre es la administración directamente. El Consell ha ratificado un nuevo acuerdo que encomienda al Consejo de Cámaras Oficiales de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de la Comunitat Valenciana el ejercicio de funciones públicas en materia de calidad y educación ambiental, actualizando así una colaboración que lleva casi dos décadas funcionando. La medida, aprobada por la Vicepresidencia Tercera y Conselleria de Medio Ambiente, Infraestructuras, Territorio y de la Recuperación, no es una novedad absoluta: su raíz se remonta a 2007, cuando el Consell autorizó por primera vez esta delegación de competencias. Lo que cambia ahora es el alcance y el marco normativo que la sostiene, adaptado a una legislación medioambiental que ha evolucionado considerablemente en los últimos años. Qué funciones asume el Consejo de Cámaras Las cámaras de comercio de la Comunitat Valenciana desarrollan servicios en campos como la formación, el asesoramiento, la promoción y la gestión de residuos. Además, realizan funciones de órganos consultivos y de colaboración con las administraciones públicas, correspondiendo al Consejo de Cámaras las funciones de representación, relación y coordinación del conjunto de cámaras, así como de consulta y colaboración con la Generalitat. En la práctica, el nuevo acuerdo le encarga al Consejo de Cámaras la revisión de las memorias anuales que presentan los gestores de residuos domésticos e industriales, los informes de resultados de los planes de minimización de residuos peligrosos y los informes preliminares de suelos contaminados. Se añaden también los informes de resultados de los planes empresariales de prevención y ecodiseño de envases y residuos de envases, así como los análisis de riesgos medioambientales en materia de responsabilidad ambiental. Una cartera de competencias técnicas y específicas que exige una estructura especializada para gestionarla con eficacia. Las funciones público-administrativas de ámbito autonómico son atribuidas al Consejo de Cámaras y ejecutadas por cada cámara en su demarcación. El Consejo desempeña las funciones generales de dirección, coordinación, control y evaluación de estas funciones público-administrativas, garantizando la eficacia, imparcialidad, transparencia y accesibilidad de las empresas de la Comunitat Valenciana a estos servicios. Un acuerdo con historia y varias actualizaciones El Consejo de Cámaras lleva años colaborando con la Conselleria competente en materia de medio ambiente en actuaciones tendentes a estimular el mercado de la reutilización, reciclaje y valorización de residuos, fomentando la prevención de los mismos e informando sobre temas ambientales y herramientas de gestión ambiental de interés para las empresas de la Comunitat Valenciana. El primer acuerdo de delegación data de 2007 e incluía funciones como los planes de prevención y reducción de residuos peligrosos, los planes empresariales de prevención de envases y residuos de envases, y las notificaciones previas de traslado de residuos peligrosos. Por Resolución de 24 de abril de 2014, de la Dirección General de Calidad Ambiental, se refundió y actualizó la delegación en el Consejo de Cámaras de determinadas funciones competencia de la citada dirección general. Ahora, la nueva ratificación da un paso más y amplía el perímetro de actuación con materias que la normativa anterior no contemplaba. Entre los ámbitos que han impulsado esta revisión destacan la evolución del marco legal sobre residuos —especialmente tras la Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular—, los cambios en la regulación de envases y gases fluorados, y la progresiva digitalización de los trámites administrativos de la Dirección General de Calidad y Educación Ambiental. Una delegación que alivia la carga administrativa y acerca la gestión a las empresas La lógica detrás de este tipo de acuerdos es conocida en la administración pública: delegar en organismos intermedios con experiencia sectorial permite una gestión más ágil y próxima a las empresas que deben cumplir con las obligaciones ambientales. Las cámaras de comercio, por su naturaleza y proximidad al tejido empresarial valenciano, actúan como una correa de transmisión entre las compañías y la administración autonómica. En los supuestos y con las condiciones y alcance que establezca la Generalitat, al Consejo de Cámaras le corresponderá tramitar programas públicos de ayudas e incentivos a las empresas, gestión de servicios públicos y desempeño de las funciones público-administrativas que se le atribuyan, encomienden o deleguen. Es precisamente ese marco legal el que ampara la ratificación aprobada por el Consell. El nuevo acuerdo también responde a la necesidad de refundir en un único documento las distintas modificaciones que se habían ido acumulando desde 2007, lo que simplifica el marco regulador y aporta mayor seguridad jurídica tanto para las empresas como para los organismos implicados. En un contexto en el que las obligaciones ambientales del sector empresarial no dejan de crecer, contar con una estructura de gestión clara y actualizada no es un detalle menor: es una condición para que el sistema funcione.]]></content:encoded>
    </item>
    <item>
      <title><![CDATA[La Comunitat Valenciana da el primer paso para renovar su ley forestal más de 30 años después: menos burocracia, más compensación al propietario privado]]></title>
      <link>https://www.valenciaextra.com/es/politica/la-comunitat-valenciana-da-el-primer-paso-para-renovar-su-ley-forestal-mas-de-30-anos-despues-menos-burocracia-mas-compensacion-al-propietario-privado_599058_102.html</link>
      <pubDate>Fri, 25 Sep 2026 12:20:12 +0200</pubDate>
      <dc:creator><![CDATA[VE Redacció]]></dc:creator>
      <category><![CDATA[Política]]></category>
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      <description><![CDATA[El Consell avala la nueva Ley Forestal valenciana, que sustituye la normativa de 1993 y simplifica trámites para propietarios forestales privados.]]></description>
      <content:encoded><![CDATA[Una ley que nació en 1993, cuando el debate sobre el cambio climático apenas asomaba en la agenda política, lleva más de tres décadas regulando los bosques y montes de la Comunitat Valenciana. Ese marco normativo, la Ley 3/1993, de 9 de diciembre, Forestal de la Comunitat Valenciana, está a punto de ser sustituido. El Consell ha acordado manifestar a Les Corts su criterio favorable a la toma en consideración de la proposición de nueva Ley Forestal, impulsada por el Grupo Parlamentario Popular, y lo ha hecho por el procedimiento de urgencia. Una normativa que ha sobrevivido a tres décadas de parches La legislación vigente ha sido modificada en múltiples ocasiones a lo largo de los años para adaptarse a nueva normativa básica estatal, a los efectos del cambio climático y a las presiones del abandono rural. Veinticuatro años después de su aprobación, ya era necesario reconsiderar el contexto en el que se desarrollaba esta ley, teniendo en cuenta nuevos escenarios sociales y climatológicos: la situación de cambio climático, con variaciones de temperatura y episodios de sequía y lluvias cada vez más extremos, así como la grave situación de abandono de terreno agrario y despoblación rural. Desde entonces, el problema no ha hecho sino agravarse. La nueva propuesta no es una reforma parcial más, sino una renovación integral que busca superar de una vez la dispersión normativa acumulada y simplificar un marco jurídico que, con el paso del tiempo, se había vuelto difícil de aplicar. Menos papeles para talar un árbol en tu propio terreno Uno de los cambios más tangibles para el ciudadano de a pie es la reducción de trámites administrativos para los propietarios de parcelas forestales privadas. Hasta ahora, realizar una tala selectiva en un terreno propio requería obtener un permiso expreso de la administración. Con la nueva ley, bastará con presentar una declaración responsable; y en el caso de labores menores, como la recogida de leña, se suprime cualquier tipo de trámite. Es la diferencia entre llamar a la puerta de un organismo público y, simplemente, coger el hacha. El ejemplo del corcho es igualmente revelador. Hoy en día, un propietario que quiera aprovechar el corcho de su parcela debe redactar un Plan Técnico de Gestión Forestal Simplificado, un documento técnico que implica tiempo y costes. Con la nueva norma, ese aprovechamiento podrá ser autorizado sin necesidad de elaborar plan alguno. Una diferencia que, para muchos pequeños propietarios rurales, puede ser decisiva entre gestionar su monte o abandonarlo a su suerte. Pagar por cuidar el bosque: el modelo de servicios ambientales Quizás la apuesta más ambiciosa —y también la más innovadora— de la propuesta es la implantación de un sistema de compensación económica para propietarios privados que realicen labores de mantenimiento y gestión forestal sostenible. La iniciativa incorpora un sistema de pago por servicios ambientales con el que compensar a los propietarios forestales que desarrollen labores de conservación y gestión sostenible en sus terrenos, impulsando la denominada certificación forestal para verificar beneficios ambientales generados como la captura de carbono, la regulación del ciclo del agua, la conservación de la biodiversidad, la protección del suelo o la prevención de incendios forestales. La lógica detrás de este enfoque es sencilla pero poderosa: quien cuida un bosque no solo obtiene un beneficio privado, sino que presta un servicio al conjunto de la sociedad. Que ese servicio no tenga precio ha sido durante décadas uno de los factores que ha desincentivado la gestión forestal activa. La nueva ley aspira a corregir precisamente esa anomalía. Los ganaderos y los ayuntamientos, piezas clave del nuevo modelo La propuesta también consolida expresamente el papel de la ganadería extensiva en el mantenimiento del territorio forestal, un reconocimiento que ya se había materializado en ayudas a ganaderos que contribuyesen a mantener áreas como los cortafuegos. La idea es clara: el ganado que pasta en zonas de monte no es solo una actividad económica tradicional, es también una herramienta de prevención de incendios. Por otro lado, la iniciativa refuerza el protagonismo de los municipios. Los ayuntamientos podrán impulsar directamente actuaciones de gestión forestal sostenible y de prevención de incendios en sus propios términos municipales, sin depender exclusivamente de la administración autonómica. La colaboración público-privada también gana espacio: empresas y organizaciones podrán participar en la financiación de actuaciones forestales a través de proyectos de responsabilidad social corporativa y de valorización de los servicios ecosistémicos. Una tramitación parlamentaria que arranca con respaldo del Gobierno La proposición fue admitida a trámite por la Mesa de Les Corts Valencianes el 22 de septiembre, y su tramitación se acordó por el procedimiento de urgencia. Con el visto bueno formal del Consell, la iniciativa del Grupo Parlamentario Popular tiene ahora el viento de cola institucional para continuar su recorrido parlamentario. Treinta años es mucho tiempo en cualquier sector, pero especialmente en la gestión forestal: el territorio ha cambiado, el clima ha cambiado y la sociedad exige respuestas distintas. La nueva Ley Forestal de la Comunitat Valenciana no es solo una actualización técnica; es, en el fondo, una apuesta por reconocer que los montes tienen dueños, que esos dueños tienen responsabilidades, y que la sociedad, en conjunto, debería estar dispuesta a retribuir a quienes los cuidan.]]></content:encoded>
    </item>
    <item>
      <title><![CDATA[La Comunitat Valenciana se suma al gran pacto institucional para modernizar la lucha judicial contra la violencia de género]]></title>
      <link>https://www.valenciaextra.com/es/politica/la-comunitat-valenciana-se-suma-al-gran-pacto-institucional-para-modernizar-la-lucha-judicial-contra-la-violencia-de-genero_599056_102.html</link>
      <pubDate>Fri, 25 Sep 2026 12:20:11 +0200</pubDate>
      <dc:creator><![CDATA[VE Redacció]]></dc:creator>
      <category><![CDATA[Política]]></category>
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      <description><![CDATA[El Consell aprueba unirse a un convenio nacional que renueva el Observatorio contra la Violencia de Género, creado en 2002.]]></description>
      <content:encoded><![CDATA[Más de veinte años después de su creación, el principal organismo judicial de España dedicado a combatir la violencia de género recibe un impulso colectivo sin precedentes. El Pleno del Consell ha autorizado la adhesión de la Generalitat Valenciana a un convenio de colaboración que agrupa a casi la totalidad de las instituciones con competencias en esta materia: desde el Consejo General del Poder Judicial hasta la Fiscalía General del Estado, pasando por tres ministerios y once comunidades autónomas. El objetivo, tan urgente hoy como lo era en 2002, sigue siendo el mismo: proteger a las víctimas y erradicar la violencia doméstica y de género en todas sus manifestaciones. Un observatorio que cumple más de dos décadas vigilando la respuesta judicial El Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género es una institución creada en el año 2002, cuya finalidad principal consiste en abordar el tratamiento de estas violencias desde la Administración de Justicia. No es, por tanto, un organismo menor ni reciente. Durante más de dos décadas ha funcionado como el termómetro judicial de un problema que, lejos de desaparecer, sigue golpeando a miles de familias en España cada año. Se trata de un instrumento de análisis y de actuación que, en el ámbito de la Administración de Justicia, promueve iniciativas y medidas dirigidas a erradicar el problema social de la violencia doméstica y de género. El convenio ahora autorizado por el Consell tiene una vigencia de cuatro años y persigue actualizar las funciones, la composición y el funcionamiento de este organismo para adaptarlo a una realidad legislativa que ha cambiado considerablemente desde sus orígenes. En el año 2004 se aprobó la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género , un hito normativo que transformó por completo el marco jurídico en España. Desde entonces, tanto el derecho europeo como el internacional han acumulado nuevos avances que el Observatorio necesitaba incorporar a su funcionamiento. Una alianza institucional de gran alcance El acuerdo no es cosa de dos. Son muchas las instituciones que se sientan en torno a esta mesa: el Consejo General del Poder Judicial, el Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, el Ministerio de Igualdad, el Ministerio del Interior, la Fiscalía General del Estado, las comunidades autónomas con competencias transferidas en Justicia, el Consejo General de la Abogacía Española y el Consejo General de Procuradores de España. Junto a la Comunitat Valenciana, se incorporan también País Vasco, Cataluña, Galicia, Canarias, Andalucía, Navarra, Madrid, Asturias, Cantabria, Aragón y La Rioja. Una fotografía que ilustra, sin lugar a dudas, la dimensión nacional del compromiso. ¿Por qué importa tanto quién firma? Porque la violencia de género no se combate solo desde un único frente. La justicia, la fiscalía, los abogados, los procuradores y los gobiernos autonómicos conforman una cadena en la que cada eslabón importa. Cuando uno falla, las víctimas lo pagan. Qué hace exactamente el Observatorio Más allá de los tecnicismos del convenio, conviene entender para qué sirve en la práctica este organismo. Sus funciones van bastante más allá del análisis estadístico. Entre sus cometidos destacan aumentar la eficacia de las actuaciones en el ámbito de la Administración de Justicia para la erradicación de estas violencias, mejorar la coordinación entre las instituciones participando en la elaboración de protocolos de actuación, y realizar estudios y análisis de las resoluciones judiciales, así como propuestas de mejoras y reformas legislativas. El Observatorio también reconoce, cada cierto tiempo, la labor de quienes trabajan en primera línea de esta lucha. En ediciones anteriores se ha reconocido el trabajo realizado por la Asociación de Mujeres Juezas de España, por las Comisiones Provinciales de Coordinación Contra la Violencia sobre la Mujer, y por fiscales especialmente comprometidas con esta causa. Además, organiza cada dos años el Congreso Nacional de Violencia de Género, un espacio que pretende analizar, de una manera interdisciplinar, el fenómeno de la violencia doméstica y de género. Una renovación necesaria, no un trámite Sería un error leer esta noticia como un simple acuerdo administrativo. La actualización del convenio responde a una necesidad real: las normas con las que trabaja el Observatorio habían quedado desfasadas respecto a los avances legislativos producidos en los últimos años, tanto en el ámbito nacional como europeo e internacional. Renovar el marco de colaboración no es burocracia; es garantizar que el sistema judicial dispone de las herramientas más actualizadas para responder cuando una víctima llama a su puerta. En un contexto en el que la violencia de género sigue siendo una de las lacras sociales más persistentes de España, que instituciones de perfiles tan distintos —jueces, fiscales, abogados, gobiernos autonómicos y ministerios— sean capaces de ponerse de acuerdo en torno a un mismo texto es, en sí mismo, una señal de que la voluntad política de acabar con este problema no ha decaído. El reto ahora es que ese papel firmado se traduzca, caso a caso, en vidas mejor protegidas.]]></content:encoded>
    </item>
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      <title><![CDATA[Arte y universidad, por primera vez juntos: el ISEACV y la UMH firmarán un convenio histórico para investigar y formar en enseñanzas artísticas superiores]]></title>
      <link>https://www.valenciaextra.com/es/politica/arte-y-universidad-por-primera-vez-juntos-el-iseacv-y-la-umh-firmaran-un-convenio-historico-para-investigar-y-formar-en-ensenanzas-artisticas-superiores_599057_102.html</link>
      <pubDate>Fri, 25 Sep 2026 12:20:11 +0200</pubDate>
      <dc:creator><![CDATA[VE Redacció]]></dc:creator>
      <category><![CDATA[Política]]></category>
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      <description><![CDATA[El Consell autoriza el primer convenio marco entre el ISEACV y la UMH para impulsar la investigación y formación en artes superiores.]]></description>
      <content:encoded><![CDATA[La música, el diseño, la danza, el arte dramático y el resto de disciplinas que conforman las enseñanzas artísticas superiores en la Comunitat Valenciana darán un paso adelante. El Consell ha autorizado la suscripción de un convenio histórico entre el Instituto Superior de Enseñanzas Artísticas de la Comunitat Valenciana (ISEACV) y la Universidad Miguel Hernández de Elche (UMH), el primero que ambas instituciones suscriben con este objeto. Un acuerdo que, sobre el papel, abre una puerta que llevaba demasiado tiempo entornada. Un puente entre dos mundos educativos Que las artes y la universidad convivan bajo un mismo techo es más difícil de lo que parece. En España, las enseñanzas artísticas superiores han navegado históricamente en una especie de limbo académico: con un nivel equivalente al universitario, pero sin el pleno reconocimiento institucional ni los vínculos de investigación que sí disfrutan las facultades convencionales. Este convenio pretende romper esa brecha, al menos en el tramo que une al ISEACV con la UMH. El acuerdo establece un marco estable de colaboración en los ámbitos educativo, cultural e investigador. En la práctica, eso significa que ambas instituciones podrán desarrollar actividades conjuntas de formación, divulgación e investigación que beneficien tanto a la universidad ilicitana como a los centros dependientes del ISEACV, una entidad autónoma encargada de desplegar y ejecutar el conjunto de competencias que, sobre las enseñanzas artísticas superiores, corresponden a la Administración de la Generalitat. Una alianza impulsada por la ley El convenio no nace por casualidad. Responde al mandato de la Ley 1/2024, de 7 de junio, una norma que promueve expresamente la colaboración entre los equipos de investigación de los centros de enseñanzas artísticas superiores y las universidades. Es, en cierto modo, la traducción práctica de una política educativa que aspira a que los conservatorios, las escuelas de arte y los centros de diseño dejen de funcionar como islas. Impulsar fórmulas de colaboración con las universidades y establecer programas de posgrado oficial —incluyendo el título de doctorado— son, de hecho, funciones que la normativa ya reconoce al ISEACV. El convenio con la UMH es, en este sentido, una concreción de ese mandato institucional. Cuatro años para construir sinergias El acuerdo tendrá una vigencia de cuatro años desde el momento de su firma. No es poca cosa: el tiempo suficiente para consolidar proyectos conjuntos, establecer líneas de investigación compartidas y generar los primeros resultados tangibles en transferencia del conocimiento. Además, el convenio no comportará obligaciones económicas para ninguna de las partes, lo que elimina uno de los principales obstáculos que suelen frenar este tipo de alianzas institucionales. El ISEACV tiene como objetivo proporcionar una formación de calidad y de excelencia académica a través de la investigación y las nuevas tecnologías, abierta a la interacción y a la comunicación con otros centros de enseñanzas artísticas del Espacio Europeo de Educación Superior y del resto del mundo. La alianza con la UMH encaja, pues, en esa vocación de apertura. Un primer paso que puede marcar tendencia Que este sea el primer convenio marco entre el ISEACV y la UMH no es un dato menor. En un ecosistema educativo donde la colaboración interinstitucional entre centros artísticos y universidades aún es la excepción y no la regla, este acuerdo podría convertirse en un modelo a seguir para otras universidades valencianas. La pregunta que queda en el aire es cuánto tardarán otros centros en sumarse a una dinámica que, en el resto de Europa, ya lleva décadas dando frutos en forma de investigación aplicada, programas de doctorado y proyectos culturales con impacto real en la sociedad.]]></content:encoded>
    </item>
    <item>
      <title><![CDATA[Valencia asegura cuatro años más de formación en madera y corcho: el Consell renueva el convenio del centro de Paterna con el Ministerio de Educación]]></title>
      <link>https://www.valenciaextra.com/es/politica/valencia-asegura-cuatro-anos-mas-de-formacion-en-madera-y-corcho-el-consell-renueva-el-convenio-del-centro-de-paterna-con-el-ministerio-de-educacion_599055_102.html</link>
      <pubDate>Fri, 25 Sep 2026 12:20:10 +0200</pubDate>
      <dc:creator><![CDATA[VE Redacció]]></dc:creator>
      <category><![CDATA[Política]]></category>
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      <description><![CDATA[El Consell autoriza un convenio con el Ministerio de Educación para mantener cuatro años más el Centro de Referencia Nacional de Madera y Corcho de Paterna.]]></description>
      <content:encoded><![CDATA[El sector de la madera, el mueble y el corcho tiene en Valencia uno de sus grandes activos formativos. El Pleno del Consell ha autorizado la renovación del convenio entre Labora, Servicio Valenciano de Empleo y Formación, y el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes para garantizar la continuidad del Centro de Referencia Nacional de Transformación e Instalación de Madera y Corcho de Paterna durante los próximos cuatro años. Un acuerdo que no es un simple trámite administrativo: es la garantía de que uno de los pocos centros especializados de este tipo en toda España seguirá funcionando, innovando y formando a los profesionales que el sector va a necesitar. Un centro con vocación nacional El centro LABORA Formació de Paterna ejerce su actividad en dos vertientes: como Centro de Referencia Nacional en materia de formación profesional, en las áreas de Instalación y Amueblamiento y de Transformación de Madera y Corcho, y como centro de formación para su zona de influencia. Sus instalaciones suman 3.369 m² construidos sobre una parcela de casi 12.000 m², ubicada en el Polígono Industrial Fuente del Jarro de Paterna. Lejos de ser un aula convencional, el centro opera integrado en el tejido empresarial de la zona, lo que le permite conectar la formación teórica con las necesidades reales del mercado. Fue el Real Decreto 872/2015, de 2 de octubre, el que calificó formalmente al centro de Paterna como Centro de Referencia Nacional en las áreas profesionales de Instalación y Amueblamiento y de Transformación de Madera y Corcho, dentro de la familia profesional de Madera, Mueble y Corcho. Más de una década después, la apuesta sigue en pie y se consolida con este nuevo convenio. Qué cambia y qué se mantiene El acuerdo no implica una ruptura, sino una profundización. Durante los próximos cuatro años, el convenio permitirá mantener las actuaciones de innovación y experimentación en Formación Profesional en las áreas de Transformación e Instalación de Madera y Corcho, con financiación compartida entre las dos administraciones. El Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes sufragará el desarrollo de las funciones propias de los Centros de Referencia Nacional y las actividades previstas en los Planes de Trabajo Anuales, todo ello mediante concesión directa y de acuerdo con el Plan de Actuación Plurianual. Por su parte, Labora asumirá los gastos de personal y el funcionamiento ordinario del centro. La fórmula no es nueva, pero su renovación tiene un mensaje claro: ni la Generalitat Valenciana ni el Gobierno central están dispuestos a dejar caer una infraestructura que tardó años en consolidarse. Y en un momento en que la Formación Profesional vive un auge sin precedentes en España, esa señal importa. Innovación y sostenibilidad, el doble reto del sector ¿Por qué resulta estratégico este centro en 2025? Porque el sector de la madera y el mueble ya no es lo que era. La sostenibilidad, la transformación digital y la automatización están redibujando por completo sus procesos productivos. La misión del centro apunta precisamente a ser un referente en innovación y transformación de la Formación Profesional al servicio del sector de la Madera, Mueble y Corcho. Formarlos bien, y formarlos a tiempo, es una cuestión que afecta directamente a la competitividad de miles de empresas valencianas. El centro mantiene numerosos contactos y desarrolla proyectos y colaboraciones con ayuntamientos, empresas, organizaciones empresariales y sindicales, centros educativos y entidades de I+D+I en el campo de la inserción laboral y la innovación formativa. Su trayectoria ha sido reconocida con el Premio 2017 de la Cátedra Innova-SERVEF-UV en la categoría de buenas prácticas de Formación Profesional para el Empleo y con el I Premio 2021 Retos Innova de EVINNOVA LABORA-UV por el proyecto de innovación pública «FORTLAB». El impulso de la red nacional Uno de los aspectos más relevantes del nuevo convenio es que no circunscribe al centro de Paterna a su entorno inmediato. La renovación del acuerdo reforzará la colaboración con la red de Centros de Referencia Nacional de otras comunidades autónomas, favoreciendo el intercambio de conocimiento, la coordinación de proyectos y la transferencia de buenas prácticas en el ámbito de la Formación Profesional. En la familia de Madera, Mueble y Corcho existen también centros en Andalucía, lo que convierte a Paterna en un nodo dentro de una red de conocimiento distribuida por todo el territorio. En definitiva, cuatro años más de actividad para un centro que representa algo más que aulas y maquinaria: es la apuesta institucional por preparar a los trabajadores que sostendrán uno de los sectores productivos con más tradición y, a la vez, con más futuro en la Comunitat Valenciana.]]></content:encoded>
    </item>
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      <title><![CDATA[La Generalitat Valenciana y la Fundación 'la Caixa' sellan un convenio de 73 millones para impulsar programas sociales, culturales y científicos hasta 2027]]></title>
      <link>https://www.valenciaextra.com/es/politica/la-generalitat-valenciana-y-la-fundacion-la-caixa-sellan-un-convenio-de-73-millones-para-impulsar-programas-sociales-culturales-y-cientificos-hasta-2027_599054_102.html</link>
      <pubDate>Fri, 25 Sep 2026 12:20:09 +0200</pubDate>
      <dc:creator><![CDATA[VE Redacció]]></dc:creator>
      <category><![CDATA[Política]]></category>
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      <description><![CDATA[El Consell aprueba un acuerdo bienal con la Fundación 'la Caixa' dotado con 73 M€ para programas sociales, culturales y científicos en la Comunitat.]]></description>
      <content:encoded><![CDATA[Setenta y tres millones de euros para ayudar a personas mayores, niños en riesgo de pobreza, investigadores jóvenes y personas con discapacidad. Esa es, en esencia, la envergadura del acuerdo que el Pleno del Consell ha autorizado esta semana al aprobar la firma del convenio marco entre la Generalitat Valenciana y la Fundación Bancaria 'la Caixa' en materia de Obra Social para los ejercicios 2026 y 2027. Una alianza que no cuesta ni un euro a las arcas autonómicas: toda la financiación corre a cargo de la propia Fundación Bancaria 'la Caixa'. Un presupuesto que crece año a año El acuerdo contempla una inversión de 36 millones de euros para 2026 y de 37 millones para 2027, destinados al desarrollo de actividades sociales, culturales, educativas, científicas, de investigación y de salud en la Comunitat Valenciana. El incremento, aunque modesto en cifras absolutas, refleja una voluntad de continuidad y de expansión progresiva de los programas. Y el contexto no podría ser más relevante: entre 1999 y 2025, las convocatorias de la Fundación 'la Caixa' han impulsado en la Comunitat Valenciana 2.304 proyectos, a través de los cuales se ha atendido a 757.745 personas, con una aportación acumulada de 45,6 millones de euros. El nuevo convenio duplica con creces esa cifra histórica en apenas dos años. Quién se beneficia y cómo El grueso de la inversión se destinará al ámbito social. La Generalitat y la Fundación colaborarán en actuaciones dirigidas a personas mayores, personas con discapacidad física, mental, intelectual o sensorial, víctimas de violencia de género, personas en riesgo de exclusión social y menores hospitalizados. No es una lista abstracta: detrás de cada categoría hay familias concretas que dependen de estos recursos para sortear situaciones límite. Entre los programas estrella del acuerdo destaca CaixaProinfancia, el buque insignia de la Fundación en la lucha contra la pobreza infantil, una iniciativa de referencia a nivel estatal que combina apoyo económico, refuerzo educativo y atención psicosocial para familias en situación de vulnerabilidad. También se contempla el fomento del empleo para personas con dificultades de acceso al mercado laboral, en colaboración con una red de entidades sociales, y la atención integral a personas con enfermedades avanzadas, un ámbito donde la demanda supera con frecuencia a la oferta de recursos públicos. El convenio también incluye actuaciones para favorecer el envejecimiento activo y saludable, con especial atención a la prevención del aislamiento en personas mayores, uno de los problemas silenciosos que la pandemia de COVID-19 sacó a la luz y que sigue sin resolverse del todo. La Convocatoria de Proyectos Sociales Comunitat Valenciana 2025 ya destinó más de 4 millones de euros a 140 proyectos sociales que atendieron a cerca de 43.000 personas en situación de vulnerabilidad , una fotografía que anticipa la dimensión de lo que se espera para los próximos dos años. Cultura, ciencia y becas universitarias Más allá de lo estrictamente social, el acuerdo despliega una ambiciosa agenda cultural y científica. La Fundación Bancaria 'la Caixa' mantendrá su programación de exposiciones y conciertos en la Comunitat Valenciana como herramienta de transmisión cultural, una apuesta que va mucho más allá del entretenimiento: el acceso a la cultura sigue siendo uno de los indicadores más claros de equidad social en un territorio. En el terreno de la investigación y la salud, el convenio incluye líneas de formación para jóvenes científicos, colaboración con centros de investigación y el programa de becas de la Fundación 'la Caixa' para estudiantes universitarios, uno de los más reconocidos y competitivos del país. También se contempla la organización de exposiciones y actividades divulgativas que acerquen los resultados de la investigación a la ciudadanía, cerrando así el círculo entre ciencia y sociedad. Un modelo de colaboración público-privada sin coste para el contribuyente Uno de los aspectos más llamativos de este convenio es, precisamente, lo que no aparece en él: ningún compromiso de gasto con cargo a los presupuestos de la Generalitat. En un momento en que las administraciones públicas valencianas siguen haciendo frente a las secuelas económicas de la DANA de octubre de 2024, la Fundación 'la Caixa' ya destinó 2 millones de euros adicionales a las zonas afectadas por la DANA en la provincia de València, aumentando la dotación global de su Convocatoria de Proyectos Sociales Comunitat Valenciana 2025. El nuevo acuerdo consolida esa voluntad de apoyo sostenido en el tiempo. El convenio establece que cualquier modificación o nueva actuación que implique obligaciones específicas para alguna de las partes se canalizará mediante convenios específicos independientes, lo que dota al acuerdo de la flexibilidad necesaria para adaptarse a necesidades cambiantes. La alianza entre la Generalitat y la Fundación Bancaria 'la Caixa' se perfila, en definitiva, como uno de los mecanismos más potentes de política social indirecta en la Comunitat Valenciana, capaz de llegar donde el presupuesto público no siempre alcanza y de hacerlo con la agilidad que caracteriza a las fundaciones privadas. La pregunta que queda en el aire es si una inversión de esta magnitud será suficiente para dar respuesta a una demanda social que, lejos de decrecer, no deja de crecer.]]></content:encoded>
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    <item>
      <title><![CDATA[La Generalitat Valenciana renueva por primera vez en más de 40 años las reglas internas del Consell para agilizar sus decisiones]]></title>
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      <pubDate>Fri, 25 Sep 2026 12:20:08 +0200</pubDate>
      <dc:creator><![CDATA[VE Redacció]]></dc:creator>
      <category><![CDATA[Política]]></category>
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      <description><![CDATA[El Consell aprueba un nuevo reglamento de funcionamiento interno que actualiza una normativa con más de cuatro décadas de antigüedad.]]></description>
      <content:encoded><![CDATA[Cuatro décadas gobernando con el mismo manual. Eso es, en esencia, lo que ha puesto fin el Ejecutivo valenciano esta semana al aprobar en pleno un nuevo reglamento de funcionamiento interno del Consell y de la Comisión de Secretarías Autonómicas y Subsecretarías. La norma sustituye una regulación cuya redacción databa de hace más de 40 años, un periodo en el que la Administración de la Generalitat ha cambiado radicalmente, pero sus procedimientos internos más básicos no habían seguido el mismo ritmo. Un engranaje que necesitaba una puesta a punto El Consell es el órgano colegiado que ostenta la potestad ejecutiva y reglamentaria de la Generalitat Valenciana. Cada semana, sus miembros se reúnen en sesión plenaria para adoptar acuerdos que afectan a la vida de millones de ciudadanos: desde la aprobación de decretos y proyectos de ley hasta la autorización de contratos o la designación de altos cargos. Sin embargo, el procedimiento interno que regula cómo se preparan, tramitan y formalizan esos acuerdos llevaba funcionando, en gran medida, con reglas heredadas de los primeros años de la autonomía valenciana, allá por los ochenta. El nuevo reglamento no cambia lo que el Consell decide, sino cómo lo decide. Y esa diferencia, aunque pueda parecer técnica o burocrática, tiene un impacto muy concreto en la eficiencia de la administración pública y, en última instancia, en la velocidad con que las políticas llegan a los ciudadanos. Qué cambia y qué se regula por primera vez Una de las novedades más relevantes del nuevo texto es que incorpora procedimientos que hasta ahora carecían de regulación específica. Dicho de otro modo: había aspectos del día a día del Ejecutivo autonómico que se venían resolviendo sin un marco normativo claro. El reglamento pone fin a ese vacío y ofrece un marco completo y actualizado que abarca cuatro grandes bloques: La clasificación sistemática de los asuntos que deben someterse al Consell. La convocatoria, constitución y celebración de las sesiones plenarias. El procedimiento de deliberación y adopción de acuerdos. El régimen de funcionamiento de la Comisión de Secretarías Autonómicas y Subsecretarías. Este último órgano, la Comisión de Secretarías Autonómicas y Subsecretarías, es la pieza clave que actúa como filtro previo al pleno del Consell. Es el órgano colegiado encargado de preparar las sesiones del Ejecutivo valenciano, una especie de sala de máquinas donde se revisan y ordenan los expedientes antes de que los consellers tomen sus decisiones. Su papel es, por tanto, determinante para que el engranaje funcione con fluidez. La Secretaría del Consell, con funciones más definidas El nuevo reglamento también presta atención a las funciones de la Secretaría del Consell y de la Oficina del Secretariado, dos estructuras administrativas cuyo papel en la preparación, tramitación y formalización de los acuerdos queda ahora delimitado con mayor precisión. Definir con claridad quién hace qué evita duplicidades, retrasos y confusiones que, en la práctica, pueden ralentizar decisiones con consecuencias directas sobre servicios públicos, inversiones o normativas en vigor. No es la primera vez que la Generalitat moderniza algún aspecto de su estructura interna, pero sí resulta llamativo que una pieza tan central como el funcionamiento del propio Consell haya aguardado tanto tiempo para ser actualizada. La Ley del Consell data originalmente de diciembre de 1983, apenas dos años después de que la Comunitat Valenciana accediera a su estatuto de autonomía, y aunque ha sido modificada en varias ocasiones, el reglamento interno de funcionamiento había quedado relegado a un segundo plano durante décadas. Con esta aprobación, el Ejecutivo autonómico da un paso que, sin hacer grandes titulares, puede resultar más transformador de lo que aparenta: modernizar los cimientos procedimentales de un gobierno es, en definitiva, la condición previa para que cualquier otra reforma funcione de verdad.]]></content:encoded>
    </item>
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      <title><![CDATA[La Generalitat Valenciana se autoriza casi 1.860 millones en nueva deuda para 2026 y abre la puerta a disponer de más fondos en enero de 2027]]></title>
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      <pubDate>Fri, 25 Sep 2026 12:20:08 +0200</pubDate>
      <dc:creator><![CDATA[VE Redacció]]></dc:creator>
      <category><![CDATA[Política]]></category>
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      <description><![CDATA[El Consell aprueba un techo de endeudamiento de 1.859 millones para 2026, con margen adicional del 15% en enero de 2027, ligado a la reconstrucción posdana.]]></description>
      <content:encoded><![CDATA[Cuando una catástrofe rompe un territorio, las cuentas públicas también se quiebran. El Consell ha autorizado a la Conselleria de Economía, Hacienda y Administración Pública la creación de deuda pública de la Generalitat Valenciana durante el ejercicio 2026, fijando un límite máximo de incremento de 1.859.744.240 euros sobre el saldo existente a 1 de enero de 2026. Una cifra que no es arbitraria: responde, en buena medida, al peso que la reconstrucción tras la dana de octubre de 2024 sigue ejerciendo sobre las finanzas autonómicas. Cuánto, cuándo y con qué límites La autorización establece que el saldo de la deuda de la Generalitat a 31 de diciembre de 2026 no podrá superar en más de esos casi 1.860 millones el nivel registrado a comienzos del año. La operación se ampara en el marco de la Ley 4/2026, de 22 de julio, de Presupuestos de la Generalitat para 2026, que fija el techo de endeudamiento permitido para este ejercicio y contempla revisiones automáticas del límite según las circunstancias. Pero la decisión no se cierra en diciembre. El Consell ha habilitado también la posibilidad de disponer de nueva deuda durante el mes de enero de 2027, con un margen adicional de hasta el 15% sobre la autorización de 2026. Una especie de prórroga financiera que, eso sí, se computará como parte del límite de endeudamiento que se autorice legalmente para el conjunto del ejercicio 2027. No es un cheque en blanco: lo que se use en enero del próximo año resta del cupo del siguiente. Esta posibilidad no es nueva ni excepcional. La Ley 1/2015 de la Generalitat, de Hacienda Pública, del Sector Público Instrumental y de Subvenciones ya contempla expresamente esta figura, pensada para garantizar la continuidad financiera de la administración en los primeros compases del año, cuando los nuevos presupuestos todavía no están plenamente operativos. La sombra larga de la dana El trasfondo de esta decisión es inseparable de la catástrofe del 29 de octubre de 2024. La Comunitat Valenciana lleva casi dos años absorbiendo el impacto económico de la dana, y las cifras hablan por sí solas. En 2025, la deuda de la Generalitat creció en 3.605 millones de euros —un 5,9% más—, hasta alcanzar los 63.934 millones, lo que la sitúa como la segunda comunidad autónoma con mayor volumen total de deuda, solo por detrás de Cataluña, y la primera en relación al PIB, con el 40,7%. La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) estima que la Comunitat Valenciana cerrará 2026 con un déficit del 1,9% del PIB, que se reduciría al 1,3% si se descuenta el efecto de la dana. Es decir, la reconstrucción no solo pesa en las obras y las ayudas visibles; también distorsiona los grandes indicadores financieros de la autonomía. La singularidad de algunas de las partidas ligadas a la dana es que permiten cubrir gastos de la riada sin incrementar el déficit ordinario, ya que tanto el ingreso —deuda— como el gasto se contabilizan al margen del presupuesto ordinario de la Generalitat. Una arquitectura contable pensada para no lastrar las cuentas generales, aunque el volumen total de deuda siga creciendo. Un escenario financiero cargado de incertidumbre La Generalitat no ignora que se mueve en terreno difícil. La propia autorización aprobada por el Consell reconoce que el escenario económico y financiero está condicionado por múltiples factores: la evolución de la situación internacional, la inflación, los tipos de interés, la prórroga de los Presupuestos Generales del Estado y la falta de aprobación de los objetivos fiscales. Casi un listado de todo lo que puede salir mal al mismo tiempo. La deuda valenciana cerrará 2027 en el 41% del PIB, una de las más altas entre las autonomías, lo que deja poco margen de maniobra. El incumplimiento de la regla de gasto ya se produjo en 2025 y forzó al Consell a presentar un Plan Económico Financiero para el período 2026-2027, aunque la AIReF ha detectado carencias en ese documento: falta de concreción en las medidas y un calendario de implementación poco definido. Lo que está en juego no es solo una cifra de balance. Detrás de cada millón de deuda autorizado hay decisiones concretas: carreteras reconstruidas, familias que reciben ayudas, colegios que vuelven a abrir, servicios públicos que no se interrumpen. La Generalitat apuesta por sostener ese esfuerzo presupuestario durante los próximos ejercicios, consciente de que la recuperación de las zonas afectadas por la dana es una carrera de fondo que las finanzas autonómicas tendrán que acompañar, quieran o no, durante años.]]></content:encoded>
    </item>
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      <title><![CDATA[Una guardería para frenar el éxodo rural: Atzeneta del Maestrat tendrá su primera escuela infantil municipal desde el curso 2026-2027]]></title>
      <link>https://www.valenciaextra.com/es/politica/una-guarderia-para-frenar-el-exodo-rural-atzeneta-del-maestrat-tendra-su-primera-escuela-infantil-municipal-desde-el-curso-2026-2027_599053_102.html</link>
      <pubDate>Fri, 25 Sep 2026 12:20:08 +0200</pubDate>
      <dc:creator><![CDATA[VE Redacció]]></dc:creator>
      <category><![CDATA[Política]]></category>
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      <description><![CDATA[El Consell autoriza una escuela infantil de 24 plazas en Atzeneta del Maestrat para facilitar la conciliación y combatir la despoblación.]]></description>
      <content:encoded><![CDATA[En un municipio de apenas 1.284 habitantes enclavado en las tierras del interior de Castellón, una guardería puede ser mucho más que un servicio educativo. Puede ser, literalmente, un motivo para quedarse. El Consell ha autorizado la creación de la primera escuela infantil municipal de primer ciclo en Atzeneta del Maestrat, una localidad del Alt Maestrat clasificada en riesgo de despoblación, que contará con este recurso a partir del inicio del curso académico 2026-2027. Un convenio entre la Generalitat y el Ayuntamiento La medida se articula a través de un convenio firmado entre la Generalitat Valenciana, a través de la Conselleria de Educación, Cultura y Universidades, y el Ayuntamiento de Atzeneta del Maestrat. El acuerdo tiene por objeto instrumentar la autorización administrativa del centro, que recibirá el nombre oficial de Escuela Infantil Municipal Atzeneta del Maestrat y cuya puesta en marcha quedará formalizada con el arranque del nuevo curso escolar. La lógica detrás de este convenio es sencilla pero poderosa: si una familia con hijos pequeños no encuentra dónde dejarlos mientras trabaja, las probabilidades de que abandone el municipio en busca de servicios en una ciudad mayor se multiplican. Atzeneta del Maestrat, con poco más de 1.200 habitantes y ubicada en el interior de Castellón, es un ejemplo de los municipios que combaten el vaciado cada vez más frecuente en comarcas aisladas de las grandes urbes como el Alt Maestrat. En ese contexto, disponer de una escuela infantil pública no es un lujo, es un ancla. 24 plazas repartidas en dos unidades El nuevo centro contará con una capacidad total de 24 puestos escolares, organizados en dos unidades de Educación Infantil de primer ciclo. La distribución está pensada para atender a los más pequeños desde sus primeros meses de vida: Unidad de 0 a 1 año: 11 puestos escolares. Unidad de 1 a 2 años: 13 puestos escolares. Son cifras modestas en términos absolutos, pero significativas en un municipio donde cada familia cuenta. Para hacerse una idea, los adultos mayores representaban el 38,5% de la población total de Atzeneta del Maestrat en 2021 , lo que habla de una pirámide demográfica muy envejecida y de la urgencia de retener —o atraer— a familias jóvenes con niños. El Ayuntamiento asume los costes; la Generalitat, la autorización Uno de los aspectos más destacables del acuerdo es su estructura financiera. La ejecución del convenio no supone obligaciones económicas directas para la Generalitat: será el Ayuntamiento de Atzeneta del Maestrat quien asuma, con sus propios medios personales y materiales, los gastos derivados del personal docente y no docente, así como los del funcionamiento general del centro. La Generalitat aporta algo igualmente valioso en este caso: la autorización administrativa que da existencia oficial al centro y lo integra en el sistema educativo valenciano. Este modelo no es inédito en la Comunitat Valenciana, donde numerosos municipios pequeños han optado por crear escuelas infantiles de titularidad municipal como fórmula para ofrecer servicios de conciliación sin depender exclusivamente de la red autonómica. Lo singular aquí es el contexto: el Fondo de Cooperación contra la despoblación que financia la Generalitat Valenciana y refuerza la Diputación de Castellón ya había permitido que Atzeneta del Maestrat recibiera 120.000 euros para poner freno a una amenaza común al mundo rural. La escuela infantil se suma, así, a una estrategia más amplia de supervivencia demográfica. Conciliación y futuro del territorio La conciliación familiar y laboral es uno de los grandes argumentos esgrimidos desde la administración para justificar esta inversión. Y no es un argumento vacío: la falta de plazas de educación infantil en municipios rurales es uno de los factores que más influye en la decisión de las familias jóvenes de trasladarse a entornos urbanos, donde estos servicios son más abundantes y accesibles. La cooperativa agrícola local lleva décadas tratando de enraizar a sus residentes y dotarlos de los recursos suficientes para evitar el vaciado. Ahora, con una escuela infantil municipal en marcha, Atzeneta del Maestrat añade una pieza más a ese puzzle. Que un niño pueda ir a la guardería en su propio pueblo, a pocos metros de casa, puede parecer algo menor. En el interior rural de Castellón, es casi un acto de resistencia.]]></content:encoded>
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      <title><![CDATA[La Comunitat Valenciana estrena su urbanismo: nueva Ley del Suelo para acabar con la burocracia, proteger el territorio y facilitar el acceso a la vivienda]]></title>
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      <pubDate>Fri, 25 Sep 2026 12:20:07 +0200</pubDate>
      <dc:creator><![CDATA[VE Redacció]]></dc:creator>
      <category><![CDATA[Política]]></category>
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      <description><![CDATA[El Consell aprueba una nueva Ley del Suelo que sustituye al TRLOTUP, simplifica trámites y reserva el 50% de edificabilidad a vivienda protegida.]]></description>
      <content:encoded><![CDATA[Más de una década de parches, reformas y contradicciones legales llegan a su fin. El Consell ha aprobado el proyecto de la nueva Ley del Suelo de la Comunitat Valenciana, una norma que aspira a reescribir desde cero las reglas del juego urbanístico en la región y que ahora deberá superar su tramitación en Les Corts antes de convertirse en ley definitiva. El objetivo es claro: acabar con la burocracia que durante años ha frenado proyectos, generado inseguridad jurídica y puesto contra las cuerdas a ciudadanos, promotores y ayuntamientos. El laberinto normativo que justifica el cambio Para entender por qué este texto es necesario, conviene recordar el camino recorrido. La Ley de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje de la Comunitat Valenciana —la llamada LOTUP— entró en vigor en 2014 con la vocación de articular el régimen jurídico de la ordenación del territorio valenciano. Sin embargo, no tardó en quedarse desfasada. Desde entonces, esa ley fue modificada en múltiples ocasiones hasta que, en 2021, el Consell intentó poner orden mediante el Texto Refundido conocido como TRLOTUP, aprobado por el Decreto Legislativo 1/2021, de 18 de junio. El remedio, sin embargo, no resultó suficiente. El TRLOTUP llegó a sufrir tres modificaciones en su primer año de vida. Con ese historial, la necesidad de una norma nueva —no de otro parche— se había vuelto evidente. El resultado de tantos años de remiendos era un marco legal fragmentado y complejo que penalizaba a quienes más lo necesitaban: los municipios que querían crecer de forma ordenada, los promotores que buscaban seguridad antes de invertir y los ciudadanos que simplemente querían construir o reformar su vivienda sin perderse en un laberinto de trámites. Una norma construida con participación ciudadana La nueva Ley del Suelo no es el resultado de un trabajo en despachos cerrados. El anteproyecto no nació en un despacho cerrado , sino de un proceso abierto de reflexión en el que han podido intervenir administraciones, agentes sociales y ciudadanía. A lo largo de presentaciones celebradas en diferentes puntos de la Comunitat Valenciana, se recogieron propuestas e informes de distintos organismos que han ido modelando el texto. Y aún puede seguir cambiando: la tramitación parlamentaria en Les Corts es la siguiente etapa, y con ella pueden llegar nuevas modificaciones. El propósito central de la norma es simplificar los trámites, suprimir cargas innecesarias y corregir incoherencias, al tiempo que garantiza la protección del territorio, el respeto al medio ambiente y la seguridad jurídica. No es un cambio cosmético. Lo que propone esta nueva Ley del Suelo es una reconversión del modelo urbanístico valenciano: pasar de una cultura del crecimiento y la expansión —tan característica de las décadas pasadas— a un enfoque basado en la rehabilitación, la movilidad sostenible y el equilibrio territorial. No es un cambio menor: implica reorientar no solo la ley, sino los incentivos, los hábitos profesionales y la forma en que los ciudadanos conciben el desarrollo de sus ciudades y pueblos. Vivienda protegida: al menos la mitad del pastel Una de las apuestas más concretas y con mayor impacto directo sobre la ciudadanía es la relacionada con el acceso a la vivienda. La nueva ley concede atención prioritaria a la vivienda sometida a algún régimen de protección pública, y lo hace con una cifra que no deja lugar a ambigüedades: los nuevos instrumentos públicos de vivienda reservarán al menos el 50% de la edificabilidad residencial a vivienda protegida. En un mercado inmobiliario bajo presión en las principales ciudades de la Comunitat, esta medida puede marcar una diferencia real para quienes buscan su primera vivienda. Una licencia básica para desatascar proyectos Otro de los cambios más relevantes afecta directamente a la tramitación de licencias urbanísticas. La ley clarifica qué actuaciones necesitan licencia y cuáles pueden resolverse mediante una declaración responsable, lo que agilizará considerablemente los tiempos. Pero la gran novedad es la creación de la licencia básica o de parámetros esenciales, especialmente pensada para proyectos de vivienda. ¿Qué significa esto en la práctica? Que la Administración comprobará inicialmente los elementos urbanísticos fundamentales de un proyecto, y que, una vez obtenida esa licencia básica, el promotor podrá continuar la tramitación sin tener que esperar a completar toda la documentación técnica posterior. Un paso que, sobre el papel, puede romper uno de los cuellos de botella más frustrantes del proceso constructivo. Además, la norma fija con carácter general un plazo máximo de seis meses para el control ordinario posterior de las declaraciones responsables, dando así mayor predictibilidad a un sistema que hasta ahora podía dilatarse indefinidamente. Los pueblos pequeños, por fin, en el centro del debate La ley también mira hacia el interior, hacia esos municipios que luchan contra el despoblamiento y que, hasta ahora, debían enfrentarse a los mismos trámites urbanísticos que una gran ciudad. La nueva norma presta atención específica al medio rural: los municipios de menos de 1.000 habitantes y aquellos declarados en riesgo de despoblación podrán utilizar un planeamiento urbanístico simplificado y adaptado a su dimensión y necesidades. Es una señal de que la equidad territorial no es solo un eslogan, sino que comienza a traducirse en herramientas concretas. Transición sin vacíos legales Uno de los aspectos más delicados de cualquier reforma de este calado es la transición. ¿Qué ocurre con los planes urbanísticos que ya están en vigor? La respuesta es tranquilizadora para los municipios: los planes generales actualmente vigentes podrán seguir aplicándose siempre que sus determinaciones no sean incompatibles con la nueva ley, y se ofrecerá a los ayuntamientos un procedimiento simplificado de adaptación global. Asimismo, determinados preceptos del TRLOTUP mantendrán provisionalmente rango reglamentario para evitar vacíos normativos durante el periodo de transición. La Comunitat Valenciana ha tenido además que afrontar recientemente los efectos de la DANA de octubre de 2024. Ese episodio puso de manifiesto, de forma dramática, hasta qué punto la ordenación del territorio es una cuestión que va mucho más allá de los despachos de arquitectura: es, en última instancia, una decisión sobre cómo y dónde queremos vivir. En ese contexto, la llegada de una norma urbanística nueva, más clara y más coherente, no es solo una cuestión técnica: es también una respuesta a la fragilidad que la región ha vivido en primera persona. Ahora, el texto pasa a Les Corts, donde la discusión parlamentaria dirá si este nuevo marco legal está verdaderamente a la altura del reto.]]></content:encoded>
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