La vivienda se ha convertido en uno de los grandes ejes del debate político y urbanístico en Valencia. Mientras el Ayuntamiento, liderado por María José Catalá, reivindica haber dado un giro a un sistema de licencias que calificó de "colapsado", con más de 22.000 expedientes pendientes y esperas de hasta 1.500 días, el movimiento vecinal pone el foco en otra cuestión: qué tipo de ciudad se está construyendo y cuánto espacio se reserva realmente para la vivienda protegida.
La alcaldesa ha aprovechado un encuentro con la Federación de Empresas de la Comunidad Valenciana Contratistas de Obras de la Administración (FECOVAL) para hacer balance de los tres primeros años de mandato y defender que la reorganización administrativa ya está dando resultados. Según ha explicado, la creación de la Dirección General de Licencias y la aprobación de una nueva Ordenanza Reguladora de Licencias han permitido reducir los plazos de tramitación hasta un 70% en determinados procedimientos, especialmente en las licencias para viviendas de nueva planta.
Los datos que maneja el consistorio reflejan esa aceleración. Desde junio de 2023 se han concedido licencias para construir 5.465 viviendas, una cifra que, según el gobierno municipal, supone un incremento del 60% respecto a las 3.449 licencias otorgadas durante los ocho años del anterior ejecutivo formado por Compromís y PSPV.
Solo durante el primer semestre de 2026 se han autorizado 1.484 viviendas, un volumen que multiplica los registros del mismo periodo de 2023, cuando únicamente se concedieron 318 licencias. Además, prácticamente la mitad de todas las autorizaciones concedidas desde el inicio del mandato se han tramitado durante el último año, lo que evidencia un incremento progresivo del ritmo administrativo.
Para Catalá, la agilización de las licencias no solo supone reducir burocracia, sino desbloquear inversiones privadas que permanecían paralizadas durante años. La alcaldesa ha cifrado en 1.000 millones de euros la inversión reactivada gracias a la resolución de expedientes, una actividad que, según el Ayuntamiento, puede generar alrededor de 16.000 empleos directos e indirectos.
Más suelo para construir y aumentar la oferta
El Ayuntamiento sostiene que la reducción de los tiempos administrativos forma parte de una estrategia más amplia para intentar aliviar la crisis de acceso a la vivienda. Bajo el denominado Plan + Vivienda, el gobierno local pretende actuar sobre varios frentes de manera simultánea: acelerar las licencias, ampliar el parque público y activar nuevos desarrollos urbanísticos.
En este sentido, el concejal de Urbanismo, Juan Giner, asegura que en estos tres años se han activado todas las bolsas de suelo residencial disponibles. Actualmente existen 18 Programas de Actuación Integrada (PAI) en marcha que permitirán levantar más de 13.000 viviendas, de las que cerca de 3.000 serán Viviendas de Protección Pública (VPP).
Entre los ámbitos urbanísticos destacan proyectos como los del Grau, Benimaclet, Campanar, Sant Marcel·lí, Camí Real, Malilla o Quarter d'Enginyers, además de actuaciones asociadas a nuevos espacios verdes como el futuro Parque de Desembocadura, el bulevar de García Lorca o la remodelación del eje formado por la plaza de Sant Agustí, la avenida del Oeste y Sant Vicent. Según el consistorio, el conjunto de estas actuaciones permitirá incorporar más de 700.000 metros cuadrados de zonas verdes en los próximos años.
Para el responsable de Urbanismo, aumentar la oferta es la principal herramienta para facilitar el acceso a la vivienda. "Agilizar licencias no es un fin en sí mismo; es la vía para que la vivienda llegue antes", sostiene.
Los vecinos piden cambiar el rumbo del PAI del Grao
Sin embargo, el impulso a los grandes desarrollos urbanísticos también está generando contestación social. La Federación de Asociaciones Vecinales de València (FAAVV), junto con colectivos del Grau-Port y Natzaret, prepara una batería de alegaciones contra el PAI del Grao al considerar que el proyecto prioriza el desarrollo inmobiliario frente a las necesidades habitacionales y ambientales de la ciudad.
Las asociaciones reclaman un cambio profundo en el planteamiento del proyecto y proponen elevar del 15% al 50% la reserva de Vivienda de Protección Pública sobre la edificabilidad residencial. Según sus cálculos, si se suman las parcelas dotacionales municipales, el porcentaje de vivienda pública y social alcanzaría aproximadamente el 60%.
Para el movimiento vecinal, la crisis de acceso a la vivienda no se resolverá únicamente construyendo más inmuebles de mercado libre, sino incrementando de forma permanente el parque público destinado a familias con rentas medias y bajas.
Otro de los principales puntos de discrepancia se centra en la densidad edificatoria prevista para el nuevo barrio. Según las asociaciones, el PAI del Grao contempla alrededor de 90 viviendas por hectárea, cifra que ascendería hasta 102 viviendas por hectárea si se computan determinadas zonas dotacionales. En comparación, recuerdan que el PAI de Benimaclet prevé unas 52 viviendas por hectárea, lo que, a su juicio, evidencia un modelo de mayor masificación en la fachada marítima.
Además, consideran que esa densidad supera los límites previstos en el Plan General de Ordenación Urbana de 1988 para este ámbito y defienden un modelo urbano con menor edificabilidad, más espacios libres y una mayor presencia de vivienda protegida.
Como referencia, las asociaciones recuerdan que la propuesta elaborada por el arquitecto Jean Nouvel para este mismo ámbito en 2007 ya contemplaba un importante peso de la vivienda pública, un planteamiento que ahora piden recuperar.