Vivir en un piso compartido con cocina colectiva, instalar placas solares en la cubierta de un edificio o abrir un centro logístico en suelo urbano son realidades cotidianas en la València de 2026. Sin embargo, el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) que las regula data de 1988, cuando ninguna de esas realidades existía siquiera como concepto. La Comisión de Urbanismo del Ayuntamiento de València ha dado este miércoles un paso decisivo para cerrar esa brecha: ha acordado someter a un segundo período de información pública la revisión pormenorizada de las normas urbanísticas del Plan General.
Una norma del siglo XX para una ciudad del siglo XXI
Más de tres décadas de vigencia tienen un precio: la acumulación de vacíos legales, interpretaciones contradictorias y situaciones que la normativa simplemente no contempla. El ejecutivo local que dirige María José Catalá lleva tiempo impulsando una actualización jurídica de la norma aprobada en 1988, así como la regulación de nuevos usos que se abren paso en grandes ciudades. La revisión que ahora se somete a consulta pública no altera la estructura del planeamiento —los aspectos estructurales se mantienen intactos—, sino que se circunscribe a cuestiones pormenorizadas: definiciones técnicas, categorías de uso y adaptación a legislación vigente.
El resultado práctico más inmediato se notará en las oficinas de tramitación de licencias. Uno de los problemas crónicos del PGOU ha sido la ambigüedad de ciertos conceptos que, por su falta de precisión, generaban criterios distintos según el técnico que los interpretara. ¿Computa como patio de manzana un espacio interior de determinadas dimensiones? ¿Puede encajarse una solución semienterrada bajo la figura del patio inglés? La revisión precisa estas definiciones para evitar que la respuesta a una misma pregunta dependa del día o del funcionario que la resuelva.
El coliving ya existe en València, pero la norma aún no lo veía
El cambio más llamativo de la revisión tiene que ver con cómo se vive hoy en las ciudades. El coliving es una nueva forma de alojamiento que consiste en vivir en espacios comunes y compartidos —cocinas, salas de estar, lavanderías— mientras se dispone de una habitación privada. La principal diferencia con el cohousing es que el coliving está concebido para estancias más flexibles, mientras que el cohousing tiene una clara intención de permanencia; el coliving se desarrolla más entre jóvenes profesionales, mientras que el cohousing tiene mayor aceptación entre grupos familiares, personas mayores o colectivos con intereses similares.
Los promotores llevaban tiempo reclamando esta regulación, pues hasta el momento no estaba claro el encaje urbanístico de estos modelos, dado que combinan el uso residencial con servicios comunes y terciarios, lo que generaba dudas a la hora de llevar a cabo este tipo de proyectos. Con la nueva propuesta, el coliving y el cohousing deberán acogerse al uso residencial, mientras que el flexliving y las residencias formarán parte de los usos terciarios. No es un debate exclusivo de València: Madrid solo regulaba hasta hace poco dos tipos de vivienda —la colectiva y la unifamiliar— y no fue hasta julio de 2023 cuando introdujo la regulación de estos nuevos modelos residenciales en su propio PGOU.
El flexliving se define como una modalidad de alquiler no vinculado a usos turísticos que se da en inmuebles residenciales colaborativos, e incluye la prestación comunitaria de servicios de mantenimiento y hostelería, entre otros. Una figura que, en la práctica, ya existe en decenas de edificios de la ciudad, pero que hasta ahora navegaba en una especie de limbo normativo.
Logística, tecnología y paneles solares: la ciudad productiva también se actualiza
El giro no es solo residencial. La revisión incorpora también nuevas categorías en el ámbito de los usos productivos, reconociendo actividades que han irrumpido con fuerza en el tejido urbano. La logística urbana y la producción tecnológica —sectores que han experimentado un auge exponencial tras la pandemia y la digitalización del consumo— encontrarán por fin un lugar explícito en el mapa normativo de la ciudad.
En paralelo, la actualización incorpora de manera transversal referencias a sostenibilidad, accesibilidad y eficiencia energética, con mención expresa a la instalación de paneles solares fotovoltaicos en edificios. No se trata de regular la tecnología en sí, sino de facilitar su tramitación: que instalar placas en una cubierta no se convierta en un laberinto burocrático por falta de encaje normativo.
Veinte días para que la ciudad opine
La revisión también actualiza el régimen de títulos habilitantes —licencias, declaración responsable y comunicación— y clarifica la situación urbanística de edificaciones preexistentes que no se ajustan a la normativa actual, una realidad frecuente en una ciudad con tanto patrimonio construido como València.
El segundo período de información pública tendrá una duración de veinte días, durante los cuales cualquier ciudadano, colectivo o entidad podrá presentar alegaciones sobre los ajustes incorporados. Esta actualización se enmarca en el compromiso que anunció la alcaldesa María José Catalá en el Debate del Estado de la Ciudad para dar respuesta a la nueva legislación urbanística y del suelo, a los nuevos usos y tipologías y a las normas técnicas sectoriales aprobadas durante los años de vigencia del PGOU. Que una ciudad de medio millón de habitantes lleve décadas gestionando sus licencias con una norma diseñada para otra época dice mucho de la dificultad de actualizar los marcos regulatorios urbanos. Este proceso de participación pública es, quizá, la oportunidad más concreta que tienen los valencianos de influir en cómo se construirá —y se habitará— la ciudad en los próximos años.