La semana pasada se hicieron públicas las cuentas de los próximos presupuestos generales del Estado para el año 2022 y entre ellas ya aparecen las relativas a la polémica ampliación del puerto de València. 265 millones de euros se prevén pese a la incertidumbre tanto judicial como política actual en torno al proyecto, ya que no hay que olvidar que está siendo investigado por el Tribunal de Cuentas y por la Fiscalía Anticorrupción. Además, frente a esto se oponen partidos como Unidas Podemos y Compromís, así como organizaciones ecologistas, por la falta de garantías ambientales en plena emergencia climática.
Concretamente, los presupuestos prevén una partida de 14,4 millones de euros para el año que viene, 91,2 millones en 2023, 80,7 millones en 2024 y 78,7 millones en 2025 bajo el epígrafe de "obras plan director València", lo cual incluye la polémica ampliación norte. Tal y como estima la Autoridad Portuaria de València (APV), el nuevo muelle que se debe construir con fondos públicos sobre el que se asentaría la futura terminal de contenedores costará unos 400 millones de euros.
No obstante, son muchos los obstáculos que se interponen en el camino de la viabilidad de un proyecto como este. El principal de ellos es la consecuencia ambiental que puede derivarse de la construcción de un nuevo muelle y cómo eso acabaría afectando al litoral de la Devesa y El Saler, una zona especialmente castigada años atrás por iniciativas de este tipo.
Desde Compromís y Unidas Podemos se exige la evaluación ambiental del proyecto. La consellera de Transición Ecológica, Mireia Mollà, aseguraba el pasado jueves que la Autoridad Portuaria de València no puede plantear la ampliación norte del puerto de la ciudad "a base de ignorar el impacto climático y de movilidad en su área de afección" y que “si las consecuencias medioamnbiental son inasumibles, ya no tiene sentido hablar de expectativas de negocio”.
Así, organizaciones ecologistas también se han mostrado en contra de esta iniciativa y se han concentrado bajo la denominada Comissió Ciutat-Port, que aglutina todo este movimiento. Se definen como “colectivos vecinales y de defensa del territorio”, y con esta idea convocaron el 25 de septiembre “una manifestación unitaria por el clima y contra la ampliación del puerto de València”. Esta manifestación tendrá lugar este viernes 22 de octubre bajo el lema 'Pensem global, actuem local. No a l'ampliació del Port de València'.
Por otro lado, el Puerto de València defiende que la nueva terminal del dique norte cumplirá con nueve Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). “Será la terminal más moderna y sostenible del mundo, modélica con el medioambiente, el origen de la electricidad será 100% de fuentes renovables, permitirá el suministro eléctrico a los barcos en puerto y realizará una apuesta por el ferrocarril”, recoge la exposición ‘Un món a bon port’.
Según defienden, esta será una infraestructura que atraerá una inversión privada de 1.021 millones de euros, generará 5.000 puestos de trabajo y ejercerá un efecto tractor tecnológico para el ecosistema de innovación valenciano. Además, la exposición asegura que “la nueva terminal norte de contenedores estará alineada con el objetivo Valenciaport 2030, cero emisiones”.
La Comunitat Valenciana encabeza el reparto de los Presupuestos Generales del Estado
La Comunitat Valenciana encabeza el reparto de los Presupuestos Generales del Estado (PGE), siendo la tercera comunidad autónoma con mayor asignación. Concretamente, el territorio valenciano recibirá un total de 1.208,61 millones de euros de inversiones propias del Estado, un 9,3% del total, solo por detrás de Catalunya, que recibirá 2.430,74 millones de euros (17,2%), y Andalucía, 2.267,07 millones (17,4%)
Así, estas cifras se incrementan levemente respecto a la dotación actual (1.164 millones) y sirven para que la Comunitat Valenciana se sitúe por delante de Madrid, con 1.151,46 millones de euros y un porcentaje del 8,9%.
Por lo que respecta al Fondo de Compensación Interterritorial (FCI), la Comunitat Valenciana percibirá el próximo año un total 52,80 millones de euros (el 12,4% del total), lo que supone un descenso del 0,1% respecto a este año, cuando se le han otorgado 432,43 millones de euros.
La autonomía valenciana figura en el grupo de comunidades beneficiarias del FCI, junto a Andalucía, Galicia, Asturias, Cantabria, Murcia, Castilla-La Mancha, Canarias, Extremadura, Castilla y León y las Ciudades de Ceuta y Melilla, porque, según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), presentan una renta por habitante inferior a la media nacional.