La consellera de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio, María José Salvador, ha enviado un escrito autorizando a la Abogacía de la Generalitat para que ejercite cuantas acciones resulten pertinentes para defender los intereses públicos y se persone en la causa que investiga la construcción del circuito de Fórmula 1.
Así ha procedido después de que ayer el Juzgado de Instrucción número 17 de València citara a declarar a los investigados en el procedimiento judicial, entre ellos Francisco Camps, que ha abierto en relación con las adjudicaciones realizadas los años 2007 y 2008 por la entidad pública de la Generalitat GTP por los contratos relativos a las obras de "conexión de la Alameda - Avenida Francia - Puerto y acondicionamiento de la Marina Real" dentro de las obras para la realización del Gran Premio de Fórmula 1 en València.
Francisco Camps, expresident de la Generalitat, imputado en el caso
Cabe recordar que la Conselleria remitió durante el pasado año a la Guardia Civil toda la documentación solicitada por la Fiscalía en relación con estos asuntos, que incluían, además, acreditación de los posibles justificantes de los gastos abonados por la Generalitat a al exconseller Mario Flores y al secretario autonómico Victoriano Sánchez, con motivo del viaje realizado el año 2008 a Dubai y Baharein, con visita al circuito de F1.
En este sentido, Salvador ha indicado que "la Generalitat va más allá y no solo ha cumplido con su obligación de colaboración con la justicia sino también debe cumplir con su obligación de defender el interés público de los valencianos en una causa que está siendo investigada y por la que la Administración pagó 100 millones de euros". Así, ha recordado que las obras de la construcción del circuito de la Fórmula 1 costaron 100 millones de euros solo a la conselleria, de los cuales hay un crédito de 60 millones que se empezó a amortizar en 2016 a razón de 7,5 millones de euros por ejercicio hasta 2023.
Por todo ello, ha señalado que la Generlitat se personará en esta causa con el objetivo primordial de "intentar recuperar la mayor parte de los fondos públicos que hayan podido resultar sustraídos del erario público de la Generalitat".