España tiene más de 7.800 kilómetros de costa. Es uno de sus mayores activos turísticos, económicos y culturales. Pero también uno de los territorios más disputados en términos jurídicos y administrativos. La Ley de Costas de 1988, pensada para blindar el litoral frente a la privatización descontrolada que azotó las décadas anteriores, lleva décadas generando conflictos que van mucho más allá de lo que sus redactores imaginaron. Ahora, desde la Comunitat Valenciana, llega una voz crítica que pone el dedo en la llaga.
Un conseller en Ibiza con un mensaje claro para Madrid
Vicente Martínez Mus, vicepresidente tercero y conseller de Medio Ambiente, Infraestructuras, Territorio y de la Recuperación de la Generalitat Valenciana, viajó este miércoles hasta Ibiza para intervenir en el V Foro de Costas y Litoral, organizado por la Cámara de Comercio de Ibiza y Formentera y celebrado en la sede de la Universitat de les Illes Balears. El encuentro, dedicado a debatir la futura reforma de la Ley 22/1988, reunió a juristas, representantes institucionales y expertos en derecho administrativo de distintas comunidades del litoral español.
El mensaje de Martínez Mus fue directo: el Gobierno central debe reformar la política estatal de costas y hacerlo teniendo en cuenta las distintas realidades territoriales de España. No vale una solución única para un país donde el litoral mediterráneo, el atlántico, el cantábrico y el insular son mundos completamente distintos.
"La política de costas no puede construirse de espaldas a las comunidades autónomas ni ignorar la realidad de los municipios y de quienes viven en el litoral" - Vicente Martínez Mus, vicepresidente tercero y conseller de Medio Ambiente, Infraestructuras, Territorio y de la Recuperación de la Generalitat Valenciana
Playas que desaparecen y casas en el limbo jurídico
Uno de los argumentos más contundentes del conseller fue la erosión costera. Las playas españolas se encogen, y el problema no es menor: según datos de distintos estudios, una parte significativa del litoral mediterráneo experimenta retrocesos continuos por la falta de aporte de sedimentos, agravada por la gestión de embalses y la alteración de las cuencas hidrográficas. Frente a esa realidad, Martínez Mus denunció que la única respuesta que llega desde el Estado son procedimientos de deslinde que, en la práctica, dejan a ciudadanos de buena fe al borde de perder sus viviendas.
"Estamos perdiendo playas a la carrera, lo que está generando numerosos problemas. Sin embargo, la única respuesta que estamos recibiendo son deslindes y desposesiones que afectan a ciudadanos de buena fe, que ven cómo pueden perder sus viviendas" - Vicente Martínez Mus, vicepresidente tercero y conseller de Medio Ambiente, Infraestructuras, Territorio y de la Recuperación de la Generalitat Valenciana
Es una paradoja difícil de digerir: mientras el mar avanza y las playas menguan, la administración dibuja líneas de dominio público que amplían el territorio estatal sobre suelo privado históricamente consolidado. Propietarios que llevan décadas viviendo en sus casas se encuentran de pronto dentro de una zona de servidumbre o del propio dominio público, sin indemnización suficiente y con una inseguridad jurídica que hipoteca su futuro.
El choque con el Tribunal Constitucional por la ley valenciana
El conseller también abordó uno de los episodios más tensos del último año en materia costera para la Comunitat Valenciana: el recurso de inconstitucionalidad presentado por el Gobierno central contra varios preceptos de la Ley valenciana de Protección y Ordenación de la Costa. Esta norma buscaba preservar los núcleos tradicionales del litoral valenciano, con sus valores históricos, culturales y etnológicos, algo que la Generalitat considera plenamente dentro de sus competencias autonómicas.
El Tribunal Constitucional estimó parcialmente ese recurso, dando la razón al Estado en algunos puntos. Martínez Mus no ocultó su malestar y dejó claro que el debate jurídico está lejos de cerrarse: se trata de un asunto que ha generado diferencias muy significativas dentro del propio Tribunal, lo que da idea de la complejidad del conflicto competencial. La Generalitat ya trabaja en alternativas normativas para mantener la protección de esos núcleos tradicionales por otras vías.
El reglamento, las concesiones y el reparto de poder
Otro frente abierto es la modificación del Reglamento General de Costas. El conseller fue categórico: cualquier reforma del reglamento debe ir precedida de cambios en la propia Ley de Costas, y no al revés. Cambiar las reglas del juego a nivel reglamentario sin modificar antes la ley de rango superior sería, en su opinión, un atajo jurídicamente cuestionable.
La Generalitat ya ha presentado alegaciones tanto a esa modificación reglamentaria como al proyecto de Real Decreto sobre gestión de riesgos de inundación, especialmente por los nuevos criterios propuestos para delimitar la costa en función del alcance de los temporales. Una cuestión que, tras la dana de octubre de 2024, tiene en la Comunitat Valenciana una dimensión emocional y política añadida.
En paralelo, Martínez Mus reclamó al Ejecutivo central que concrete el traspaso de funciones y servicios en materia de gestión litoral a la Generalitat. La institución valenciana ya ha aceptado la última propuesta del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática, y ahora espera la convocatoria de la Comisión Mixta Bilateral para cerrar los detalles sobre medios personales, materiales y económicos.
Una alianza de regiones y una nueva comisión interdepartamental
Lejos de quedarse en la queja, la Generalitat ha tomado la iniciativa en varios frentes. Esta misma semana celebró la primera reunión de la recién creada Comisión Interdepartamental de Coordinación de Ordenación del Litoral (CICOL), un órgano interno que busca cohesionar las distintas políticas autonómicas que afectan a la costa. Además, la Comunitat Valenciana participa en una alianza de comunidades autónomas litorales que trabaja de forma coordinada para defender un modelo de cogobernanza en la gestión costera.
Martínez Mus describió esa alianza como "un núcleo de defensa" construido entre todos los territorios con litoral, una suerte de frente común ante una política estatal que, a su juicio, no escucha suficientemente a quienes viven y administran la costa día a día.
Al fondo de todo este debate late una pregunta que no es solo técnica ni jurídica: ¿quién debe decidir cómo se protege y gestiona el litoral de cada territorio? La respuesta que da Madrid no siempre coincide con la que necesitan Valencia, Baleares o Murcia. Y mientras el debate competencial se prolonga en despachos y tribunales, las olas siguen trabajando a su ritmo, sin esperar a que nadie se ponga de acuerdo.