Cada 23 de septiembre el calendario recuerda una realidad que muchos prefieren ignorar. Es el Día Internacional contra la Explotación Sexual y el Tráfico de Mujeres, Niñas y Niños, y este año el Ayuntamiento de València ha decidido que su posición sea inequívoca: la corporación municipal se ha adherido formalmente a la declaración institucional impulsada por la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), un texto que no se limita a condenar, sino que exige acción coordinada a todos los niveles del Estado.
Un problema que no para de crecer
Los números, por sí solos, ya deberían bastar para sacudir conciencias. La Fiscalía General del Estado contabilizó 1.246 víctimas potenciales de trata en España durante 2025, frente a las 789 detectadas en 2024, lo que se traduce en un incremento del 57,9%. De ese total, 875 personas fueron identificadas formalmente como víctimas, mientras que otras 371 se encontraban en situación de grave riesgo. Y eso es solo lo que las instituciones lograron ver.
La trata con fines de explotación sexual representó el 73% de los supuestos detectados durante 2025, mientras que los casos de explotación laboral representaron el 13,9%. Detrás de cada porcentaje, una persona. Detrás de cada persona, con frecuencia, una mujer o una niña. Las mujeres latinoamericanas, principalmente colombianas y venezolanas, representan el 54,5% de las víctimas de explotación sexual. El perfil no es aleatorio: responde a patrones de vulnerabilidad estructural que la declaración de la FEMP reconoce de manera explícita.
Amnistía Internacional advierte que estas cifras son solo una parte de la realidad, pues la infradetección es masiva, especialmente en sectores invisibilizados como el trabajo doméstico interno, la agricultura o ciertos servicios. Dicho de otro modo: lo que se ve es solo la punta del iceberg.
Qué dice la declaración y por qué importa
La declaración que la FEMP ha trasladado a los municipios españoles va más allá de una condena simbólica. El documento define la trata con fines de explotación sexual como una grave vulneración de los derechos humanos y una responsabilidad compartida de todas las administraciones públicas. Reconoce que esta forma de violencia afecta de forma desproporcionada a mujeres y niñas, y que cualquier respuesta pública debe incorporar una perspectiva de igualdad que conecte los puntos entre desigualdad, violencia de género, prostitución y explotación.
Uno de los aspectos más relevantes del texto es el papel que atribuye a los ayuntamientos. No como espectadores, sino como actores de primera línea. La lógica es sencilla: ninguna administración está más cerca de la ciudadanía que la local, y esa cercanía convierte a los municipios en el primer eslabón capaz de detectar situaciones de riesgo antes de que se conviertan en tragedias. Por eso, la declaración apela a una actuación coordinada entre el Estado, las Comunidades Autónomas, las entidades locales, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, la Administración de Justicia y las organizaciones sociales especializadas, "para una respuesta eficaz, integral y sostenida" al problema.
El acuerdo de la Junta de Gobierno Local
La adhesión de València a esta declaración fue adoptada por la Junta de Gobierno Local este viernes. No es un gesto menor: implica que la corporación asume institucionalmente los compromisos que el texto establece, desde la prevención hasta el acompañamiento de víctimas, pasando por la detección precoz y la derivación a recursos especializados.
El Día Internacional que marca la fecha tiene una historia concreta. Fue instaurado por la Conferencia Mundial de la Coalición Contra el Tráfico de Personas, en coordinación con la Conferencia de Mujeres celebrada en Dhaka, Bangladesh, en enero de 1999. Más de un cuarto de siglo después, la conmemoración sigue siendo necesaria, y los datos de 2025 demuestran que, lejos de resolverse, el problema se agrava.
Una amenaza que también evoluciona
El aumento de las víctimas detectadas y el uso cada vez mayor de herramientas digitales plantean nuevos desafíos para las autoridades españolas, especialmente en la identificación temprana de las víctimas y en la desarticulación de las redes criminales que operan dentro y fuera del país. España, además de ser lugar de destino para la explotación de víctimas de trata, se utiliza como país de tránsito hacia otros lugares de Europa. Algunos tratantes permanecen asentados en nuestro país, desde donde controlan a distancia a las víctimas enviadas a otros estados.
La imagen popular del tráfico de personas —víctimas encerradas, cadenas visibles, violencia explícita— sigue siendo en gran medida un mito que dificulta la detección. Los tratantes llevan décadas perfeccionando mecanismos mucho más difíciles de detectar: falsas ofertas de empleo, promesas de regularización. Esa imagen del secuestro existe, pero es minoritaria. Lo que abunda son vínculos de dependencia económica, deudas fabricadas y engaños que se fraguan, cada vez más, a través de redes sociales e internet.
Que un ayuntamiento como el de València estampe su firma en una declaración de estas características no resuelve el problema. Pero sí señala dónde debe mirarse, quién debe actuar y con qué urgencia. En un año en el que los datos de trata en España baten récords, la respuesta institucional coordinada deja de ser una opción y se convierte en una obligación.