El urbanismo valenciano lleva más de una década acumulando parches. Reformas sobre reformas, texto sobre texto, hasta que el marco legal que debía ordenar el territorio acabó convirtiéndose en un laberinto de difícil aplicación para ciudadanos, promotores y ayuntamientos. Este viernes, el Consell ha dado el primer paso para cambiar esa realidad: la aprobación del proyecto de la nueva Ley del Suelo de la Comunitat Valenciana, una norma que aspira a reescribir desde cero las reglas del juego urbanístico y que ahora deberá superar su tramitación en Les Corts antes de convertirse en ley definitiva.
Una ley pensada para quien busca vivienda, no solo para quien la construye
El vicepresidente tercero y conseller de Medio Ambiente, Infraestructuras, Territorio y de la Recuperación, Vicente Martínez Mus, fue el encargado de explicar el alcance de la norma en la rueda de prensa posterior al Pleno, en la que compareció junto al portavoz del Consell, Miguel Barrachina. La intención declarada es ambiciosa, pero también pragmática.
"Una legislación urbanística que proteja el territorio, el paisaje y el medio ambiente, que garantice el interés general, pero que al mismo tiempo no añada obstáculos innecesarios a procedimientos que ya son complejos" - Vicente Martínez Mus, vicepresidente tercero y conseller de Medio Ambiente, Infraestructuras, Territorio y de la Recuperación de la Generalitat Valenciana
Uno de los ejes centrales del texto es la respuesta a la tensión habitacional: los nuevos instrumentos públicos de vivienda deberán reservar, como mínimo, el 50% de la edificabilidad residencial a inmuebles sometidos a algún régimen de protección pública. En un mercado inmobiliario bajo presión en las principales ciudades de la Comunitat, esta cifra puede marcar una diferencia real para quienes buscan su primera vivienda. No es un objetivo vago: es un porcentaje fijo, exigible y vinculante.
La norma va más allá de las nuevas construcciones. También permite que la transformación de oficinas en vivienda protegida pueda comprender partes funcionalmente autónomas del edificio, y establece un régimen excepcional y temporal de reservas de aparcamiento para actuaciones destinadas íntegramente a vivienda protegida. Es decir, los edificios infrautilizados —oficinas vacías, locales en desuso— tienen ahora una vía para reconvertirse en hogares asequibles.
La licencia básica: una semana sí, seis meses no
Uno de los cambios más concretos y con mayor impacto en el día a día de quien quiere construir o reformar es la creación de la llamada licencia básica o de parámetros esenciales. La idea es sencilla: en lugar de esperar a tener toda la documentación técnica completa para comenzar a tramitar un proyecto, esta nueva figura permite comprobar primero los elementos urbanísticos fundamentales y continuar después con el resto del proceso. El plazo máximo para esta licencia inicial es de un mes.
El texto introduce cambios en ámbitos como las licencias urbanísticas, la vivienda protegida, el planeamiento municipal, el suelo rural y la disciplina urbanística, con el objetivo de simplificar procedimientos y reducir cargas administrativas. En paralelo, la norma fija con carácter general un máximo de seis meses para el control administrativo posterior de las declaraciones responsables, lo que establece una hoja de ruta clara y predecible para promotores y particulares.
Municipios pequeños y pueblos en riesgo de despoblamiento, con protección especial
La nueva ley no olvida a los municipios más pequeños, a menudo ahogados por unas exigencias administrativas pensadas para grandes ciudades. La futura ley ha nacido para simplificar trámites, suprimir cargas innecesarias, corregir incoherencias y dar una redacción más clara a la normativa, al tiempo que mantiene la protección del territorio, el respeto al medio ambiente y la seguridad jurídica. En ese espíritu, los municipios de menos de 1.000 habitantes y aquellos declarados en riesgo de despoblamiento podrán acogerse a un plan urbanístico simplificado adaptado a su dimensión y necesidades reales. Una medida que reconoce que Requena y Valencia no pueden tener el mismo formulario.
El planeamiento municipal también se reorganiza: el plan general pasa a contener la ordenación estructural del municipio, mientras que la regulación detallada quedará en el plan pormenorizado, el plan parcial y, cuando proceda, el plan de reforma interior. Esta distinción entre lo estratégico y lo operativo es, precisamente, lo que permitirá que los desarrollos urbanísticos sean más ágiles sin renunciar a la coherencia territorial.
El proyecto inicia ahora una nueva etapa, ya que deberá afrontar su tramitación parlamentaria en Les Corts, donde todavía podrá experimentar modificaciones antes de su aprobación definitiva.
Deuda, reconstrucción y servicios públicos: el otro gran debate del Pleno
La Ley del Suelo no fue el único asunto de calado aprobado ese viernes. El Consell también autorizó un nuevo endeudamiento de la Generalitat: el saldo de la deuda a 31 de diciembre de 2026 no podrá superar en más de 1.859,7 millones de euros el existente a 1 de enero. Durante enero de 2027, además, se podrá disponer de hasta un 15% adicional sobre esa autorización. El portavoz Barrachina defendió que esta medida permite seguir afrontando la reconstrucción tras la dana sin sacrificar la sanidad, la educación ni los servicios sociales, en un contexto ya de por sí agravado por la crónica infrafinanciación de la Comunitat Valenciana.
Jornada de 35 horas, 73 millones de La Caixa y nuevas escuelas rurales
El Pleno ratificó también el acuerdo alcanzado en la Mesa Sectorial de Función Pública para la implantación efectiva de la jornada laboral de 35 horas semanales para más de 21.200 empleados de la Generalitat, con una jornada de especial dedicación fijada en 37 horas y 30 minutos.
En el capítulo social, el Consell aprobó un convenio con la fundación bancaria La Caixa que prevé destinar 73 millones de euros durante 2026 y 2027 a actuaciones en materia social, cultural y educativa, con especial atención a personas mayores, personas con discapacidad, colectivos en riesgo social, víctimas de violencia de género y menores hospitalizados. En educación, se dio luz verde al convenio con el Ministerio de Educación para dar continuidad al Centro Nacional de Formación Profesional Ocupacional de Paterna, especializado en transformación de madera y corcho, y se aprobó la creación de una escuela infantil municipal de primer ciclo en Atzeneta del Maestrat con 24 plazas para el curso 2026-2027.
Esta última medida se enmarca en una política más amplia de mantenimiento de los servicios educativos en el medio rural, que ya ha permitido reducir el número mínimo de alumnos necesario para mantener abiertas las aulas rurales —logrando crear 102 nuevas unidades y 153 puestos docentes— y que, junto a la nueva Ley del Suelo, dibuja un modelo territorial donde lo pequeño también tiene sitio.