Un ayuntamiento de 200 vecinos tiene que cumplir, en muchos aspectos, las mismas obligaciones administrativas que uno de 200.000. Sin más técnicos, sin más presupuesto, sin más tiempo. Esa es, en esencia, la contradicción que la Generalitat Valenciana ha puesto sobre la mesa en uno de los foros nacionales más relevantes sobre el futuro del medio rural: el Gobierno central lleva años con una promesa pendiente, y los pequeños municipios siguen pagando el precio de la espera.
Una deuda del Gobierno con la España vaciada
Carlos Gil, secretario autonómico de Política Institucional y Cohesión Territorial de la Generalitat, reclamó este jueves al Ejecutivo de Pedro Sánchez la aprobación de un Estatuto del Pequeño Municipio durante su intervención en el II Foro de Desarrollo Rural, celebrado en Sigüenza (Guadalajara) bajo el título 'El avance del medio rural'. El encuentro, de ámbito nacional, reunió a representantes de administraciones públicas, entidades locales, grupos de desarrollo rural, asociaciones, empresas y expertos para abordar los principales retos de los territorios rurales frente a la despoblación.
Gil no se limitó a pedir. Recordó que se trata de un compromiso ya anunciado en la anterior legislatura por el presidente del Gobierno y que, sin embargo, sigue sin materializarse. No es una demanda nueva: el Ejecutivo central ya anunció en su momento su intención de reformar la legislación estatal básica de régimen local para elaborar un Estatuto Básico para los Pequeños Municipios, enmarcado en la Estrategia Nacional frente al Reto Demográfico. El anuncio generó expectativas. La norma, todavía no existe.
"Los pequeños municipios prestan servicios esenciales a sus vecinos y tienen que responder a obligaciones similares a las de administraciones con muchos más recursos, pero parten de unas capacidades administrativas, técnicas y financieras muy inferiores" - Carlos Gil, secretario autonómico de Política Institucional y Cohesión Territorial de la Generalitat Valenciana
Igualdad formal, desigualdad real
El argumento de fondo es incómodo pero difícil de rebatir: aplicar las mismas reglas a realidades radicalmente distintas no garantiza justicia, sino todo lo contrario. La aplicación uniforme de las normas, diseñadas mayoritariamente para ciudades de mayor tamaño, ha generado dificultades operativas, exceso de cargas burocráticas y serias limitaciones para garantizar la calidad de los servicios públicos locales. En palabras del propio secretario autonómico, "aplicar las mismas obligaciones a municipios con capacidades muy diferentes puede acabar generando una desigualdad real, aunque formalmente las reglas sean las mismas".
El desplazamiento de la población a las grandes ciudades con la consiguiente despoblación de la España rural comenzó hace más de medio siglo, aunque en los últimos tiempos ha cobrado visibilidad en lo que se ha dado en llamar la España vaciada. En este contexto, el fenómeno evidencia la necesidad urgente de adoptar políticas públicas que reconozcan la realidad diferencial de estos municipios y que les proporcionen un marco normativo adecuado a sus capacidades reales.
Por eso, Carlos Gil fue explícito en lo que reclama: un estatuto que reconozca esta realidad y establezca un marco específico que garantice la proporcionalidad de las obligaciones, una asistencia técnica estable, una financiación adaptada a las necesidades de cada municipio y mecanismos eficaces de cooperación entre administraciones. Ese estatuto sería de aplicación a todos los municipios del territorio español que, conforme a los datos oficiales del INE, cuenten con una población inferior a cinco mil habitantes.
Europa, una oportunidad que no hay que dejar escapar
Más allá de la reclamación al Gobierno, el secretario autonómico amplió el foco hacia el escenario europeo. Con un nuevo marco de fondos en ciernes, la Generalitat advierte de que los pequeños municipios corren el riesgo de quedarse fuera —no por falta de necesidades, sino por falta de capacidad para competir—. Una Europa territorialmente cohesionada, argumentó Gil, no se mide solo por el volumen de fondos movilizados, sino por su capacidad para llegar a los municipios que parten de una posición más débil.
La propuesta va más allá de difundir convocatorias. Se trata, según explicó, de acompañar a los pequeños municipios para que puedan identificar necesidades financiables, madurar proyectos, encontrar la escala adecuada y llegar a las convocatorias con mayor capacidad de ejecución. En definitiva, no informar, sino capacitar.
"No quedarnos solo en informar de las convocatorias, sino ayudar a los pequeños municipios a situarse en mejores condiciones para competir por los fondos, ejecutar los proyectos con seguridad y mantener sus resultados" - Carlos Gil, secretario autonómico de Política Institucional y Cohesión Territorial de la Generalitat Valenciana
Sigüenza, espejo de lo que está en juego
No es casualidad que este debate se haya producido en Sigüenza, una ciudad media enclavada en la Castilla interior que conoce de cerca el peso demográfico de los municipios pequeños y el desafío de mantener servicios en un territorio disperso. El II Foro de Desarrollo Rural, celebrado bajo el lema 'El Avance del Medio Rural', reunió a unas 800 personas vinculadas al municipalismo, administraciones públicas, asociaciones, empresas, emprendedores, responsables de Grupos de Desarrollo Rural, analistas y medios de comunicación para analizar los desafíos y oportunidades que afronta el medio rural. Un escenario apropiado para recordar que los pueblos que resisten merecen algo más que buenos deseos: merecen normas que estén a su altura.