Tener un techo, un plato de comida y alguien que te acompañe a tramitar la tarjeta sanitaria. Para muchas mujeres en situación de vulnerabilidad, esas necesidades básicas son el punto de partida hacia una vida autónoma. Con ese horizonte, la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de València ha aprobado un convenio de colaboración con la residencia religiosa Esclavas de María Inmaculada, por el que aportará 1.050.000 euros en tres años —350.000 euros anuales— para garantizar alojamiento, manutención y apoyo socioeducativo a 34 mujeres en riesgo de exclusión social.
Un centro con más de un siglo de historia al servicio de las más vulnerables
La residencia, ubicada en la calle Balmes del centro de Valencia, no es un recurso improvisado. La Congregación de Religiosas Esclavas de María Inmaculada fue fundada por Juana María Condesa Lluch en Valencia en 1884. En plena revolución industrial, Condesa Lluch fue una pionera en la defensa de los derechos de las mujeres trabajadoras, conmovida por las jóvenes que viajaban solas desde los pueblos para trabajar en las fábricas de Valencia y que, tras interminables jornadas, debían regresar a pie a sus casas. Lo que empezó como refugio para obreras de la seda tiene hoy, más de 140 años después, una continuidad que el Ayuntamiento de València decide ahora reforzar con fondos públicos.
En el mismo edificio en el que la beata Juana María Condesa abrió el primer asilo para trabajadoras, las religiosas ofrecen hoy acogida y formación a mujeres inmigrantes, paradas y en situación de necesidad. La gran mayoría de las residentes, tanto extranjeras como españolas, llegan en condiciones muy precarias, y el objetivo es darles formación para que puedan rehacer su vida y ofrecerles un hogar donde vivir.
Quién accede y cómo funciona el recurso
El centro acoge a mujeres solas o acompañadas de menores de hasta 11 años, derivadas por los servicios municipales de acogida cuando existe una situación de necesidad social acreditada. No se trata de un albergue de paso: el modelo de acogida está orientado expresamente al desarrollo de la autonomía personal y social de las usuarias, con un equipo técnico que incluirá al menos una persona trabajadora social a media jornada para proporcionar atención socioeducativa individualizada.
El acompañamiento va mucho más allá de cubrir las necesidades inmediatas. El convenio contempla apoyo en gestiones tan concretas como la obtención de la tarjeta sanitaria, el empadronamiento o la escolarización de los menores. Detalles que, para quien llega desorientada a una ciudad desconocida, pueden marcar la diferencia entre integrarse o seguir en la invisibilidad.
Formación, empleo y vida en el barrio
El programa no se detiene en lo urgente. En la residencia se impulsarán acciones de formación en habilidades básicas para el empleo, la autonomía y la promoción personal, así como orientación prelaboral adaptada a las necesidades específicas de las mujeres extranjeras: información sobre autorizaciones de trabajo, normativa laboral, elaboración de currículums y acceso a cursos de formación. Una hoja de ruta pensada para que la estancia en el centro no sea un paréntesis, sino un trampolín.
A ello se suman actividades de ocio y tiempo libre orientadas a favorecer el conocimiento de la ciudad y la integración en el barrio y la comunidad local. Porque conocer un entorno, hacer vecindad, es también una forma de echar raíces. Las Esclavas de María Inmaculada ya cuentan con aulas donde ofrecen clases de español, costumbres, habilidades sociales, cocina, cuidado de mayores y búsqueda de empleo, por las que pasan unos 200 estudiantes al año.
Respuesta ante emergencias y protección internacional
El acuerdo, con una vigencia de tres años, incluye además una cláusula especialmente relevante en un contexto marcado por fenómenos como la DANA que afectó a la provincia de Valencia en octubre de 2024: la residencia podrá ofrecer atención en situaciones de emergencia, tanto individuales como estacionales o derivadas de catástrofes. Una previsión que dota al recurso de flexibilidad para responder a crisis sobrevenidas.
El convenio también recoge apoyo en los procesos de regularización administrativa y de solicitud de protección internacional cuando sea necesario, una medida que reconoce la realidad de muchas de las mujeres que acceden al centro. El seguimiento de cada proceso de integración se trasladará a comisiones específicas y a informes de cierre de cada caso, lo que garantiza una evaluación continua del impacto real del recurso. En definitiva, más de un millón de euros para demostrar que la inclusión social no es solo un titular político, sino un compromiso que se mide en vidas concretas, en papeles tramitados, en menores escolarizados y en mujeres que, por fin, tienen un lugar al que llamar hogar.