La Comunidad de Propietarios de Residencial Nicet Patraix, formada por 147 familias, exige a la Conselleria de Innovación, Industria, Comercio y Turismo la revocación inmediata de 24 licencias turísticas ya caducadas en los bajos del complejo al tiempo que denuncia presiones de la explotadora MContigo para acceder a las zonas comunes.
Las licencias, solicitadas en marzo y abril de 2025 por la anterior propietaria Axis, caducaron en mayo y junio al no iniciarse la actividad en el plazo máximo de dos meses que establece la Ley 15/2018 de Turismo. Pese a ello, siguen figurando como vigentes en el registro autonómico, lo que ha permitido su comercialización irregular en plataformas como Airbnb y Booking.com.
El actual propietario, MContigo, adquirió los locales a Axis en febrero y marzo de 2025, ignorando que desde mayo de 2024 la comunidad había aprobado, con más del 98 por ciento de los propietarios, una modificación estatutaria que prohíbe expresamente el uso turístico en dichos inmuebles. La empresa, además, no comunicó la adquisición hasta agosto, momento desde el que está presionando para que los turistas que pernoctan en los inmuebles accedan a las zonas comunes (piscina, gimnasio, sala de estudios y zona infantil), a pesar de que los locales carecen de acceso directo desde la vía pública.
“Es inadmisible la presión que está ejerciendo MContigo y su administrador Rubén Zaballos sobre Nicet Patraix. Pretende que cualquier turista pueda entrar en nuestra piscina o en nuestro gimnasio. Jamás aceptaremos”, denuncia Miguel Roig, presidente de la comunidad. Junto a esto, “recordamos que, además de la caducidad de las licencias, los locales incumplieron la normativa al no tener suministro eléctrico durante meses y carecer de conexión a internet”, requisitos básicos según la ley autonómica.
Ante esta situación, la Comunidad de Nicet Patraix solicita la revocación de las 24 licencias turísticas caducadas, con la depuración del registro autonómico, evitando que licencias vencidas figuren como vigentes, que el Ayuntamiento de Valencia actúe de inmediato e imponga sanciones por la comercialización ilegal y se fomenten los mecanismos de coordinación entre administraciones para proteger la convivencia vecinal y la seguridad jurídica.
“No se puede mantener la ficción de que estas licencias están en vigor. Pedimos explicaciones públicas y medidas efectivas tanto a la Generalitat como al Ayuntamiento, a los que solicitamos protección como ciudadanos del Cap i Casal”, concluye Roig.