El debate sobre la vivienda en València volvió a chocar este viernes contra el muro de las mayorías municipales. El Ayuntamiento celebró una segunda sesión plenaria extraordinaria —convocada a petición del Grupo Compromís— en la que se debatieron tres mociones sobre la limitación del precio del alquiler, la regulación de los apartamentos turísticos y el derecho a la vivienda. Las tres propuestas de la oposición cayeron por el voto contrario del equipo de gobierno, formado por los grupos Popular y Vox, que aprobó en su lugar dos mociones alternativas presentadas por el concejal de Urbanismo, Juan Giner.
Una ciudad que no puede pagarse a sí misma
El trasfondo de la sesión es difícil de ignorar. El alquiler en Valencia ha subido un 9,5% en el último año, con un precio medio que ronda los 16,6 euros por metro cuadrado al mes, lo que equivale a más de 1.600 euros mensuales para un piso tipo. En algunos distritos como Campanar, el incremento interanual supera el 18%. Y, a diferencia de lo que ocurre en Barcelona, Bilbao, Pamplona o A Coruña, Valencia no está declarada zona de mercado residencial tensionado, lo que significa que los nuevos contratos de alquiler no tienen ningún límite legal de precio.
Es precisamente esa declaración lo que reclamaba la primera moción del Grupo Compromís. La concejala Papi Robles alertó del encarecimiento progresivo de la vivienda y la reducción de la oferta de alquiler, poniendo el foco en quienes más lo sufren: jóvenes que no pueden emanciparse y familias mayores que ven cómo ya no pueden permitirse vivir en sus propios barrios.
"Ustedes entienden la vivienda como negocio y nosotros, como un derecho" - Papi Robles, concejala del Grupo Compromís en el Ayuntamiento de València
El Grupo Socialista sumó su apoyo a la iniciativa. Su portavoz, Borja Sanjuán, fue directo al trazar el diagnóstico de una ciudad en tensión: según sus palabras, el coste de la vivienda ya supera el 50% de los ingresos de una familia media valenciana, un umbral que triplica lo que los expertos consideran un esfuerzo económico razonable.
"Limiten la avaricia de los fondos buitre. València es hoy una sociedad rota" - Borja Sanjuán, concejal del Grupo Socialista en el Ayuntamiento de València
El argumento del equipo de gobierno: construir, no regular
El concejal de Urbanismo, Juan Giner, articuló la posición contraria del equipo de gobierno con una pregunta que funcionó casi como un axioma: si limitar el precio del alquiler fuera tan simple y eficaz, ¿qué político en su sano juicio se negaría? Para Giner, la respuesta está en la evidencia: esa medida, aplicada en otros lugares, no ha funcionado. Su tesis es que la única vivienda que no protege es la que no se construye, apostando por ampliar la oferta como palanca principal frente a la crisis habitacional. Ningún concejal del Grupo Vox tomó la palabra en toda la sesión.
El Pleno rechazó también, con los votos del equipo de gobierno, la declaración de València como zona de mercado residencial tensionado. Una figura que, de haberse activado, habría permitido establecer controles sobre los precios de nuevos contratos de alquiler y aplicar un recargo del IBI de hasta el 150% a los pisos turísticos.
La presión de los pisos turísticos en el centro de la polémica
La segunda moción de Compromís puso el foco en los apartamentos turísticos, un fenómeno que ha transformado la fisonomía de muchos barrios valencianos en la última década. El concejal Pere Fuset defendió modificar el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) para declarar incompatible el uso turístico en edificios residenciales, exigir a los alojamientos existentes que acrediten su compatibilidad urbanística para renovar su inscripción, y recuperar la tasa turística por pernoctación —suprimida, según recordó Fuset, por el Grupo Popular en el Parlamento autonómico—.
El socialista Javier Mateo resumió la paradoja de una ciudad que atrae millones de visitantes pero expulsa a sus propios vecinos:
"¿De qué sirve una ciudad llena de turistas si está vacía de vecinos? Son los vecinos los que pagan los servicios públicos que disfrutan los turistas" - Javier Mateo, concejal del Grupo Socialista en el Ayuntamiento de València
En lugar de la moción opositora, el Pleno aprobó la alternativa del concejal Giner, que mantiene la aplicación de las normas urbanísticas aprobadas el 31 de marzo de 2026 e impulsa ayudas —con dotación prevista en el presupuesto de 2027— para que las comunidades de propietarios puedan modificar sus estatutos y oponerse a la instalación de alojamientos turísticos en los bajos de edificios residenciales mixtos. El Ayuntamiento también contempla promover un convenio con el Colegio de Administradores de Fincas y continuar las inspecciones y la ejecución de órdenes de cese contra apartamentos turísticos ilegales.
La voz de la ciudadanía en el estrado
Más allá del duelo político, la sesión tuvo un momento especialmente significativo: siete entidades ciudadanas tomaron la palabra para denunciar en primera persona los problemas de acceso a la vivienda en la ciudad. Una presencia que recuerda que, detrás de cada voto y cada moción, hay inquilinos reales que cada mes se enfrentan a la misma pregunta: ¿cuánto tiempo más podrán seguir viviendo donde siempre han vivido? En el último año, los precios del alquiler en Valencia han subido un 9,5% de media, con barrios como Poblados del Oeste disparándose un 35,4% , una cifra que convierte la discusión municipal en algo mucho más urgente que un simple debate de pleno. La respuesta, por ahora, dependerá de si el modelo que apuesta por construir más vivienda logra reequilibrar un mercado que, a ojos de buena parte de la ciudadanía, lleva años funcionando en su contra.