Que las grandes decisiones industriales se toman lejos de las fábricas, los institutos tecnológicos y las pymes que las ejecutan es una queja recurrente en muchas regiones europeas. Este viernes, esa crítica tuvo voz en Bruselas. La consellera valenciana de Industria, Turismo, Innovación y Comercio, Marián Cano, defendió que las regiones deben dejar de ser meras destinatarias de políticas para convertirse en "socios estratégicos en su diseño y ejecución".
Cano intervino en la clausura del seminario de la Comisión de Política Económica del Comité de las Regiones, el órgano de la Unión Europea que representa a los gobiernos locales y regionales del continente. El encuentro se celebró bajo el lema 'La resiliencia del ecosistema empresarial: una oportunidad para la reindustrialización en Europa' y contó con la presencia del presidente de la comisión, el italiano Alberto Cirio.
Una reindustrialización que no nace en las capitales
El argumento central de Cano es tan sencillo como incómodo para quienes diseñan políticas desde los grandes despachos: la industria no se instala en los documentos estratégicos, sino en los territorios. "La reindustrialización europea no ocurrirá en Bruselas ni en las capitales nacionales. Ocurrirá en miles de empresas y en cientos de ecosistemas industriales repartidos por toda Europa", afirmó la consellera durante su intervención.
Este planteamiento no es solo retórico. Detrás hay una crítica estructural al modelo actual de política industrial europea, que tiende a organizarse por sectores —automoción, energía, semiconductores— sin tener suficientemente en cuenta las capacidades, los tejidos productivos y las necesidades específicas de cada territorio. La gran tarea de la próxima década, según Cano, pasa por "avanzar desde una política industrial diseñada para sectores hacia una política industrial que incorpore plenamente la dimensión territorial".
El argumento cobra aún más peso si se tiene en cuenta el contexto en el que se enmarca el debate. En febrero de 2025, la Comisión Europea publicó el denominado Clean Industrial Deal, una estrategia que busca transformar la economía del continente aunando los objetivos de descarbonización y reindustrialización, movilizando 100.000 millones de euros y creando más de 500.000 empleos. Una ambición que, precisamente, requiere articularse desde abajo.
La competitividad se construye donde vive la gente
Durante la sesión de la Comisión de Política Económica, el debate giró en torno a cómo reforzar la capacidad industrial europea en un momento marcado por la transición energética, la transformación tecnológica y una creciente competencia global. Cano fue directa: la industria sigue siendo un elemento esencial no solo de riqueza, sino de autonomía estratégica y seguridad económica.
"Las inversiones no se instalan en los sectores, sino en los territorios capaces de ofrecer talento, conocimiento, energía, infraestructuras, innovación y estabilidad institucional" - Marián Cano, consellera de Industria, Turismo, Innovación y Comercio de la Comunitat Valenciana
La frase resume con precisión un problema que economistas y responsables industriales llevan años señalando: que la competitividad real no es una abstracción sectorial, sino el resultado de la interacción concreta entre universidades, empresas, proveedores locales, redes logísticas y formación profesional. Todo eso ocurre —o no ocurre— en un territorio determinado, no en una categoría estadística.
La reindustrialización se ha convertido en una prioridad estratégica para garantizar la resiliencia económica, fortalecer la cadena de valor y reducir la dependencia de terceros mercados. Pero si las políticas que persiguen ese objetivo no aterrizan en la realidad de cada región, corren el riesgo de quedarse en papel mojado.
Inversión que arrastra, no que aterriza
Uno de los puntos más destacados de la intervención de Cano fue su llamada a repensar qué tipo de inversión industrial quiere atraer Europa. No cualquier inversión vale, argumentó. Las más valiosas no son necesariamente las más grandes en volumen económico, sino aquellas que se integran en el ecosistema regional: las que colaboran con universidades e institutos tecnológicos, desarrollan proveedores locales, fortalecen las cadenas de suministro y crean empleo cualificado.
En otras palabras, inversiones capaces de arrastrar a cientos de pymes hacia nuevos mercados y nuevas tecnologías, convirtiéndose así en lo que Cano describió como "una oportunidad de transformación económica y social". La distinción es importante en un momento en que muchos territorios compiten por grandes proyectos industriales —fábricas de baterías, plantas de hidrógeno verde, centros de datos— que a veces generan pocos vínculos con el tejido productivo local.
En el fondo, el mensaje que la consellera valenciana trasladó a Bruselas es una invitación a reescribir las reglas del juego: que Europa será más fuerte no cuando centralice mejor sus decisiones, sino cuando aproveche la inteligencia, la experiencia y el potencial de cada uno de sus territorios. Una lógica que, si se impone, cambiaría no solo el diseño de las políticas, sino también el reparto del poder en la construcción industrial del continente.