La Policía Local de Albal (Valencia) ha abierto el primer expediente sancionador en la localidad a un putero, al que le ha impuesto una multa de 800 euros, que había denunciado que una mujer prostituida le cobró sin completar el servicio.
Así acabó un hombre hace unos días tras advertir a los agentes de la Policía Local que, tras solicitar los servicios sexuales de una mujer prostituida y abonarle 30 euros, ella no completó sus necesidades, según ha informado el consistorio en un comunicado.
Los policías le informaron que Albal dispone de una ordenanza municipal que multa a los puteros con hasta 800 euros. Se trata del primer expediente sancionador por consumo de servicios sexuales en la vía pública. Desde el gobierno local destacan que Albal es pionera, a nivel nacional, en la lucha contra la prostitución y la trata de personas.
El asesinato de la joven de 19 años Florina Gogos, desaparecida el año pasado cuando ejercía la prostitución en Albal, provocó una reacción del municipio la que se sumaron en cadena los ayuntamientos situados a lo largo de la V-31 afectados por este problema.
El movimiento ha contado con el apoyo de la Mancomunitat de l'Horta Sud y de la Generalitat para tratar de frenar el consumo de este tipo de servicios sexuales.
Florina, por cuyo crimen se detuvo a un hombre de 60 años que trabajaba como comercial en la zona donde la víctima fue vista por última vez y consumía con regularidad servicios sexuales, no ha sido la primera asesinada en la localidad ya que en 2004 otra joven apareció muerta con un disparo en el pecho, justo en el mismo lugar donde se vio a la joven rumana con vida por última vez. El consistorio cubrió los gastos de su sepultura y sus restos descansan en el cementerio municipal.
A raíz de todo esto, Albal dio un paso más con la modificación de la ordenanza municipal de convivencia y buen gobierno, incrementó las multas hasta los 800 euros para los consumidores de prostitución e incluyendo en el mismo saco a los proxenetas.
En 2012, la ordenanza cifraba las sanciones de este tipo en un máximo de 750 euros, que afectaban tanto a los consumidores como a las meretrices, que ahora quedan exentas como víctimas de explotación. Los cambios aprobados por la unanimidad del pleno también recogen la prohibición de divulgar publicidad que fomente la prostitución y la explotación sexual y lo castiga con multas de 350 euros, como por ejemplo la colocación de tarjetas de prostíbulos en los parachoques o ventanas de los vehículos.
"Los asesinatos de Ivana y Florina han supuesto una amenaza la democracia y por este motivo tratamos de contribuir en la erradicación de la prostitución y la trata de personas, contando con la sensibilización de otras administraciones", ha señalado el alcalde, Ramón Marí.
Albal también aprobó la adhesión a la red de municipios contra la trata de mujeres y niñas y elevó la invitación tanto a la Mancomunitat de l'Horta Sud como al Consell para, conjuntamente, visibilizar la lucha contra los proxenetas, perseguirlos y "acabar con los puteros".
La mancomunidad ha apoyado a Albal en esta cruzada contra la prostitución y, a la vez que apremiaba a sus 20 municipios a sumarse a la red de municipios libres de trata y prostitución, propuso impulsar campañas de concienciación y una mayor coordinación de las policías locales para aumentar el control sobre los proxenetas.
En esta línea, hace unos meses, un total de 27 agentes de las policías locales de los municipios de la comarca participaron en una formación sobre prostitución y explotación sexual en la Comunitat organizada por el Instituto Valenciano de Seguridad Pública y Emergencias (Ivaspe).