La falta de rentabilidad domina entre las principales causas de abandono de las tierras de cultivo. De acuerdo con un estudio para la Asociación Valenciana de Agricultores (AVA-ASAJA), la superficie total abandonada en el año 2024 era de 176.446 hectáreas, con un incremento de 2.770 respecto del año anterior.
Y por si fuera poco, los estragos causados por la dana agravaron aún más la situación de los campos. De hecho, los agricultores denuncian que aún queda un 40% de explotaciones, empresas e infraestructuras pendientes de recibir la ayuda para volver a estar operativas. La Administración del Estado trata de solventarlo con 277 millones de euros invertidos por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación en ayudas que han beneficiado a un total de 9.136 agricultores y ganaderos.
Sin embargo, las ayudas del Ministerio no consiguen frenar la dependencia de la estructura agraria valenciana de las ayudas europeas. Es más, con el dominio del minifundio —división de las propiedades rurales en fincas de muy reducido tamaño, en ocasiones de uso particular o familiar— y, a su vez, el abandono de los cultivos, se perjudica más a los agricultores de la Comunidad Valenciana.
En la provincia de València, la comarca de la Safor es la que más sufre estos abandonos. Según un estudio de la CDR Safor (Confederación de Centros de Desarrollo Rural), un 20% de las tierras están abandonadas, además de un 12% que no resulta productivo. Incluso en municipios como Barx ronda casi el 50%.
A todos ellos se suma las principales causas del abandono de estas tierras cultivables:
Avanzada media de edad de los agricultores
Y es que la media de edad de aquellos que se dedican al cultivo se encuentra por encima de los 65 años. Una situación que se agrava aún más cuando no existe un relevo generacional que asegure la continuidad en las labores agrícolas.
La Generalitat Valenciana trata de solventar este problema con la publicación de nuevas ayudas dirigidas a la incorporación al campo de los jóvenes. Unas ayudas que comprenden una cuantía básica de 30.000 euros para quienes tengan edades comprendidas entre los 18 y los 40 años.
Carácter minifundista del campo valenciano
Cuando las parcelas rústicas comprenden un espacio demasiado reducido, la efectividad de estas también lo resulta.
Y es que este problema es aún más grave en la provincia de Castellón, donde el 83% de las explotaciones tiene una superficie inferior a 10 hectáreas. La Ley de Estructuras Agrarias —con el objetivo del fomento de la cooperación y la gestión conjunta de tierras— no ha conseguido aterrizar con efectividad en la provincia.
La sequía y explotación de los recursos hídricos
El Atlas de la Desertificación de España advierte de un riesgo de desertificación sobre el 80% del cerco de la Comunidad Valenciana. Y es que el cambio climático provoca que las zonas ya catalogadas como áridas, semiáridas o subhúmedo-secas pierdan gran parte de su productividad biológica, de la biodiversidad y, por ende, de la economía agrícola.
Además, los regadíos perjudican aún más la situación de sequía puesto que —tan solo con el proyecto de trasvase del Tajo-Segura— se ha permitido la ampliación de regadíos muy por encima de los recursos hídricos disponibles. Como consecuencia de la creciente demanda de agua, se da pié la explotación de los acuíferos, lo que —a su vez— agrava aún más los problemas de sequía.
Competencia de los países de fuera de la Unión
Países como Sudáfrica establecen acuerdos comerciales con la Unión Europea con precios más bajos y menores controles de calidad. El campo español no puede competir con los precios de estos países, además de la importación de plagas y enfermedades que antes no se encontraban en el producto nacional.
Todos estos factores dañan la actual situación del campo valenciano, lo que se traduce en una reducción de la producción: Este último año, por ejemplo, la producción de cítricos a nivel nacional —en la que la Comunidad Valenciana tiene una importante presencia— se ha reducido unas 200.000 toneladas.