La justicia valenciana enfrenta uno de sus momentos de mayor transformación en décadas y, sin embargo, hasta ahora faltaba un espacio formal de diálogo entre quienes gestionan los juzgados y quienes los administran. Eso cambió esta semana. La Conselleria de Justicia, Transparencia y Participación ha convocado por primera vez en la presente legislatura la Comisión Mixta de los Letrados de la Administración de Justicia y la Generalitat, un órgano de coordinación que llevaba meses inactivo pese al aluvión de cambios normativos y tecnológicos que sacuden el sistema judicial español.
Un encuentro que llega tarde, pero en el momento justo
El contexto no podía ser más exigente. La Ley Orgánica 1/2025, de 2 de enero, de Medidas de Eficiencia del Servicio Público de Justicia, publicada en el BOE a principios de año y entrada en vigor el pasado mes de abril, ha supuesto la transformación más profunda de la organización judicial española en mucho tiempo. Su gran apuesta estructural es la sustitución de los tradicionales juzgados unipersonales por los llamados Tribunales de Instancia, un modelo colegiado que promete mayor especialización y eficiencia, pero que también exige una adaptación organizativa considerable para todos los operadores jurídicos implicados.
A eso se suma la irrupción de Just@CV, el nuevo sistema de gestión procesal que la Comunitat Valenciana está implantando de forma progresiva y que aspira a digitalizar por completo la tramitación de los expedientes judiciales. En la práctica, hablamos del salto del papel al expediente judicial electrónico: un cambio que afecta directamente al día a día de cualquier ciudadano que tenga un asunto pendiente con la justicia, desde un divorcio hasta una reclamación de deudas.
Qué se trató en la reunión
La sesión de la Comisión Mixta abordó varios frentes de forma simultánea. Uno de los principales fue la evaluación de la evolución, implantación y estabilización de la Oficina Judicial en los nuevos Tribunales de Instancia, el engranaje operativo sobre el que pivota la reforma. También se analizaron los avances del sistema Just@CV y el estado de despliegue del Expediente Judicial Electrónico, herramienta que permitirá consultar y gestionar casos sin necesidad de acudir físicamente a los juzgados.
Menos llamativo para el ciudadano de a pie, pero igualmente urgente para el funcionamiento interno, fue el debate sobre la destrucción de piezas de convicción: los objetos físicos intervenidos en procedimientos judiciales que se acumulan en los depósitos de los juzgados durante años, a veces décadas, ocupando espacio y recursos sin que exista un protocolo claro de eliminación. Una problemática que, aunque discreta, revela hasta qué punto la justicia arrastra inercias del pasado.
La reunión también puso sobre la mesa la necesidad de fijar parámetros de colaboración institucional en materia de personal, con especial atención a la formación del personal interino que se incorpora por primera vez al servicio de la Administración de Justicia. No es un detalle menor: en un sistema en plena renovación tecnológica y organizativa, la capacitación de los nuevos efectivos puede marcar la diferencia entre una transición fluida y un colapso administrativo.
Quiénes estuvieron en la mesa
La delegación de la Conselleria estuvo encabezada por la consellera de Justicia, Nuria Martínez, acompañada por el secretario autonómico de Justicia y Autogobierno, José Luis Font; la directora general de Justicia y Autogobierno, Mª José Adalid; la subdirectora general de Recursos Humanos de la Administración de Justicia, Belén Borrás, y la subdirectora general de Recursos Materiales de la Administración de Justicia, Carmen Orient.
Por parte del cuerpo de Letrados de la Administración de Justicia participaron Rafael Lara, secretario de Gobierno; Fernando Carceller y Jorge López, en calidad de adjuntos al secretario de Gobierno; Carmen Ramos, secretaria coordinadora provincial de Valencia; Mª Belén Sanz, secretaria coordinadora provincial de Alicante, y Olga Torres, secretaria coordinadora provincial de Castellón. Una representación territorial completa que refleja la vocación de dar respuesta coordinada a los tres territorios provinciales de la Comunitat.
La reactivación de este órgano mixto llega en un momento en que la administración de justicia no puede permitirse el lujo de improvisar. Con una ley de eficiencia recién estrenada, un nuevo sistema informático en pleno rodaje y una plantilla que necesita formación urgente, el diálogo institucional no es un trámite burocrático más: es, probablemente, una de las pocas palancas capaces de convertir los cambios sobre el papel en mejoras reales para quien espera que la justicia funcione.


