Los datos fiscales de los valencianos están a punto de convertirse en materia prima para la ciencia económica. El Consell ha aprobado un convenio de colaboración entre la Agencia Tributaria Valenciana (ATV) y la Universitat de València-Estudi General que permitirá a investigadores universitarios acceder, de forma periódica y con estrictas garantías de confidencialidad, a muestras anonimizadas de declaraciones fiscales. El objetivo: usar esa información para evaluar políticas públicas, estudiar reformas impositivas y entender mejor cómo se distribuyen los recursos en el territorio.
No es una ocurrencia nueva. El acuerdo da continuidad a una colaboración iniciada en 2025 entre ambas instituciones, que ya había dado sus primeros frutos y que ahora se formaliza bajo un marco estable y regulado. La experiencia previa resultó lo suficientemente satisfactoria como para justificar un convenio de mayor alcance, con una vigencia inicial de cuatro años y posibilidad de prórroga por otros cuatro más.
Qué información podrán consultar los investigadores
El acuerdo beneficia directamente al grupo de investigación Evaluación Económica Pública de la Universitat de València, cuyos integrantes trabajan en ámbitos como el estudio de los ingresos y gastos públicos, el impacto de las reformas fiscales o los efectos de las políticas públicas sobre el sistema económico y social. Para ello, necesitaban algo que hasta ahora no tenían garantizado de forma sistemática: acceso regular a datos fiscales reales.
La información provendrá de las autoliquidaciones presentadas ante la ATV, correspondientes tanto a los impuestos propios de la Comunitat Valenciana como a los cedidos por el Estado. Las muestras serán representativas de cada ejercicio fiscal y permitirán, además, el cruce de información entre distintos impuestos, lo que amplía notablemente el potencial analítico de los estudios. La universidad podrá proponer el diseño de esas muestras, aunque será siempre la ATV quien decida su configuración definitiva, con el fin de asegurarse de que los resultados no comprometan en ningún caso la privacidad de los contribuyentes.
Este tipo de colaboración entre administraciones tributarias y universidades no es un fenómeno exclusivamente valenciano. En enero de 2024, la propia Agencia Estatal de Administración Tributaria ya formalizó un convenio similar con la Universitat de València para el suministro de información con finalidades no tributarias, lo que evidencia que el establecimiento de sistemas estables de suministro de información tributaria a universidades por medios informáticos cuenta con un respaldo jurídico consolidado. La diferencia ahora es que la iniciativa parte de la propia administración autonómica, con los impuestos que gestiona directamente la ATV.
Blindaje de la privacidad: sin nombres, sin identidades
Una de las preguntas más lógicas que surge ante un acuerdo de este tipo es evidente: ¿qué ocurre con la privacidad de los contribuyentes? La respuesta está incorporada al propio convenio con varias capas de protección. En primer lugar, todos los datos son anonimizados antes de ser cedidos. En segundo lugar, la Universitat de València se compromete formalmente a utilizar la información exclusivamente para fines científicos, sin distribuirla a terceros ni intentar identificar directa o indirectamente a ningún contribuyente. La institución universitaria deberá además adoptar las medidas técnicas, administrativas y organizativas necesarias para garantizar la seguridad de los datos en todo momento.
Hay incluso un límite cuantitativo que actúa como salvaguarda adicional: los resultados de cualquier estudio que se publique no podrán referirse a grupos de menos de diez observaciones. Es decir, si un análisis arroja conclusiones sobre un colectivo demasiado pequeño y, por tanto, potencialmente identificable, esos datos simplemente no podrán hacerse públicos. Un mecanismo sencillo, pero eficaz.
Ciencia sin coste extra para las arcas públicas
Los trabajos que salgan de esta colaboración podrán difundirse en seminarios, congresos y publicaciones académicas y científicas. Se trata, en definitiva, de convertir los datos que la administración ya recopila por obligación legal en conocimiento útil para la sociedad. Tesis doctorales, artículos de investigación o informes de evaluación de políticas fiscales son algunos de los productos que cabe esperar.
Y todo ello sin que el acuerdo suponga un euro adicional de gasto público. El convenio no comporta obligaciones económicas para la ATV ni para la Generalitat, ya que su ejecución se realizará con los medios personales y materiales que ya dispone la administración autonómica. En un contexto en el que la eficiencia del gasto público está permanentemente en el centro del debate, ese detalle no es menor. Rara vez la investigación de calidad sobre política fiscal llega tan barata, o tan necesaria.