Cincuenta y seis años después de los disturbios de Stonewall, el 28 de junio sigue siendo mucho más que una fecha en el calendario. Es una declaración de intenciones. Este miércoles, la Diputació de València ha conmemorado el Día del Orgullo LGTBI con la lectura del manifiesto provincial en el patio del Palau dels Scala, un acto que este año ha mezclado el reconocimiento histórico con datos que incomodan: el 44% de las personas LGTBI ha sufrido alguna forma de discriminación, acoso o agresión durante el último año, según los informes de la Federación Estatal LGTBI+.
Un grito que sigue siendo necesario
La vicepresidenta primera de la institución provincial, Natàlia Enguix, ha abierto el acto recordando el origen de esta conmemoración: aquella madrugada de junio de 1969 en el bar Stonewall Inn de Nueva York, cuando un grupo de personas LGTBI plantó cara a la brutalidad policial y encendió una mecha que aún no se ha apagado. "La fecha que hoy conmemoramos fue un grito a la esperanza para todas las personas que han sido perseguidas, excluidas, criminalizadas o invisibilizadas por el simple hecho de ser quienes son o amar a quien aman", ha afirmado Enguix, quien ejerce también las competencias de Igualdad en la Diputació.
Junto a ella han tomado parte en el acto el director general de Diversidad de la Generalitat Valenciana, Stephane Soriano, y la diputada de Bienestar e Inclusión Social, Imma González. Tres voces institucionales que han coincidido en subrayar que los avances legales no bastan si no van acompañados de una transformación cultural real.
"No hay libertad sin igualdad, ni igualdad sin respeto, ni democracia plena si alguna persona ve cuestionados sus derechos" - Natàlia Enguix, vicepresidenta primera de la Diputació de València
Las cifras que no permiten bajar la guardia
El Orgullo de 2025 llega en un contexto que los datos hacen difícil de ignorar. Las agresiones físicas o verbales contra personas LGTBI han pasado del 6,80% en 2024 al 16,25% en 2025, un incremento de más de nueve puntos porcentuales que se traduce en aproximadamente 812.000 personas agredidas en el último año. Una cifra que casi se ha triplicado en apenas doce meses.
El informe 'Estado del Odio: Estado LGTBI+ 2025' documenta que un 42,5% de las personas LGTBI+ en España ha sido víctima de alguna situación de odio durante el último año, con la discriminación como manifestación más extendida, seguida del acoso y las agresiones físicas o verbales. En el plano económico, la tasa de paro de la población LGTBI se situó en el 12,2% en 2025, por encima de la media general.
A todo ello se suma un fenómeno que agranda el problema sin hacerlo visible: la infradenuncia. El 46,09% de las víctimas no acude a las autoridades; solo el 26,82% formaliza la denuncia. Entre los motivos para no denunciar destacan la idea de que "no servirá de nada", la falta de pruebas y el temor a no ser creído. Es decir, miles de personas encajan el golpe en silencio.
El problema específico de los pueblos
Si hay un elemento que ha centrado buena parte del acto provincial, es la brecha entre el mundo urbano y el rural. La diputada Imma González ha puesto el foco en los municipios pequeños de la provincia, donde la igualdad legal —ha admitido— "no siempre se traduce en una igualdad real y efectiva". Y los datos respaldan esa percepción: en los municipios de menos de 10.000 habitantes, el acoso alcanza el 26,39% y las agresiones físicas o verbales el 20,83%, cifras muy superiores a las de las zonas urbanas.
No es solo una cuestión estadística. Un 38,3% de las personas LGTBI que se han desplazado de su lugar de origen lo han hecho para poder expresarse libremente, un 31,9% para desarrollar proyectos de vida con expectativas reales y un 29,8% en busca de redes de apoyo o referentes visibles. Es lo que se conoce como "sexilio": abandonar el pueblo no por elección, sino por necesidad.
Frente a esta realidad, la Diputació de València ha asumido un compromiso financiero concreto: más de un millón de euros entre 2024 y 2026 para que los ayuntamientos de menos de 15.000 habitantes desarrollen actividades de sensibilización y prevención de la LGTBIfobia. Solo en 2026, las ayudas han llegado a más de 160 pueblos valencianos. "Los derechos humanos no pueden depender del código postal", ha remarcado Enguix.
Terapias de conversión y discursos de odio: las dos batallas del presente
El director general de Diversidad de la Generalitat, Stephane Soriano, ha centrado su intervención en el auge de los discursos de odio y la desinformación. En su lectura del manifiesto ha advertido de una creciente polarización en Europa: avances en derechos LGTBI que conviven con una reacción política y cultural que los cuestiona. Un ejemplo concreto es el intento, registrado en varios países europeos, de excluir los contenidos LGTBI de la educación sexual. Esta violencia sistemática lejos de disminuir se perpetúa a través de nuevas formas de discriminación, alimentada por discursos de odio, polarización política y una respuesta institucional aún insuficiente.
En este contexto, Enguix ha valorado positivamente el paso dado por el Congreso de los Diputados al reforzar la respuesta penal contra las terapias de conversión. Para la responsable de Igualdad de la Diputació, esa reforma del Código Penal lanza un mensaje inequívoco: la diversidad no es una enfermedad y, por tanto, no necesita tratamiento, sino protección del Estado de derecho.
El acto ha concluido con una hoja de ruta que la Diputació de València asume como propia: defender una educación pública y de calidad en diversidad sexual y de género, reconocer la contribución histórica del movimiento asociativo y mantener las ayudas para políticas de diversidad en municipios de toda la provincia. Porque más de medio siglo después de Stonewall, el Orgullo sigue siendo tanto una celebración como una exigencia: la de que vivir con libertad no dependa del lugar donde uno nació.