Después de meses de huelgas, concentraciones ante Les Corts y una larga cadena de negociaciones que en algún momento parecieron estancarse, la enseñanza concertada valenciana ha logrado uno de sus objetivos más perseguidos. La Conselleria de Educación, Cultura y Universidades y las organizaciones sindicales del sector han alcanzado un preacuerdo para implantar la jubilación parcial universal para todo el profesorado de los centros concertados y de las cooperativas sujetas al régimen específico de financiación de la Comunitat Valenciana.
Una reivindicación histórica que llega tras años de presión
No es un acuerdo que haya caído del cielo. El contexto importa: la enseñanza concertada valenciana cuenta con alrededor de 450 centros que escolarizan al 29% del alumnado de la Comunitat y tiene unos 16.000 docentes en régimen de pago delegado. Durante años, este colectivo ha arrastrado diferencias respecto a sus compañeros de la pública, y la jubilación parcial era precisamente una de las asignaturas más pendientes.
El problema no era solo normativo, sino también económico. Desde abril de 2025, los docentes de la enseñanza concertada que podrían acogerse a la jubilación parcial no lo hacían debido a la falta de financiación. El resultado era una paradoja frustrante: el mecanismo existía sobre el papel, pero no funcionaba en la práctica. En 2024 hubo 447 jubilaciones parciales en la concertada valenciana, pero solo 38 contrataciones efectivas de relevistas desde la bolsa, y aproximadamente el 94% de las horas con cobertura presupuestaria no fueron ejecutadas, lo que evidenciaba la infrautilización del recurso.
La tensión fue escalando. Docentes de la enseñanza concertada llegaron a protestar ante Les Corts Valencianes durante jornadas de huelga autonómica para exigir avances en la negociación de la jubilación parcial, la actualización de las plantillas y cambios en la orden de pago delegado. Lo que los sindicatos reclamaban era precisamente una jubilación parcial sin límite de horas, es decir, a la que pudieran acogerse todas las personas que cumplieran los requisitos. Ese es, exactamente, el modelo que ahora se ha acordado.
Qué cambia con el preacuerdo: menos jornada, más relevo
El preacuerdo, alcanzado en el seno de la Comisión de Seguimiento para la Reforma Educativa en Centros Concertados (CSRECC), establece que cualquier docente que cumpla los requisitos legales podrá reducir su jornada un 75%. A cambio, el centro deberá formalizar simultáneamente un contrato de relevo indefinido y a tiempo completo, con preferencia para los profesores inscritos en la bolsa de recolocación de centros concertados gestionada por la propia Conselleria.
El compromiso económico de la Generalitat es uno de los puntos más relevantes del acuerdo. La administración autonómica financiará la cotización a la Seguridad Social del docente que se jubile parcialmente, así como la del contrato de relevo cuando se aplique la reducción máxima de jornada. Además, esa financiación incluirá una dotación de 6,25 horas adicionales para que el docente relevista pueda completar una jornada completa. Es decir, no solo se abre la puerta: también se paga el billete.
"Con este acuerdo damos un paso importante para favorecer el relevo generacional, ofrecer mayor estabilidad a las plantillas y reforzar la calidad educativa de los centros concertados de la Comunitat Valenciana." - Carmen Ortí, consellera de Educación, Cultura y Universidades de la Generalitat Valenciana
Una solución que también beneficia a quienes empiezan
La jubilación parcial no solo importa a quienes se acercan al final de su carrera. Su impacto más silencioso —y quizás más valioso— es el que se nota en el otro extremo: el de los jóvenes docentes que esperan una oportunidad para entrar en el sistema. Cada vez que un veterano puede reducir su jornada de forma ordenada y financiada, se abre una plaza real para un profesional en espera. El relevo generacional, en educación como en tantos otros sectores, no ocurre solo: necesita ser diseñado y financiado.
La consellera Ortí también subrayó que la jubilación parcial "permite reconocer la trayectoria profesional de los docentes que afrontan la última etapa de su carrera y, al mismo tiempo, facilitar la incorporación de nuevos profesionales al sistema educativo".
¿Cuándo entrará en vigor?
El preacuerdo no es todavía definitivo. Antes de su aplicación, deberá contar con el informe favorable de la Dirección General de Presupuestos y formalizarse con la firma de todas las partes. Dos pasos que, en teoría, son trámites administrativos, pero que en la práctica marcan la diferencia entre una promesa y una realidad.
Lo que sí resulta claro es que este acuerdo cierra, al menos sobre el papel, una etapa de conflicto que llevaba años enquistada. Un sector que llegó a paralizar aulas y concentrarse frente al parlamento autonómico ha obtenido una respuesta concreta a su principal exigencia. El reto ahora será traducir ese preacuerdo en hechos: que las firmas lleguen, que los presupuestos acompañen y que los docentes que llevan esperando este momento puedan, por fin, planificar el final de su carrera con la tranquilidad que merecen.