¿De quién es esa carretera que atraviesa tu municipio? ¿La arregla la Generalitat o la Diputación? Son preguntas que, durante décadas, han generado confusión, conflictos competenciales y, en última instancia, tramos mal mantenidos por culpa de una titularidad difusa. La Generalitat Valenciana quiere acabar con esa ambigüedad y acaba de abrir el proceso de audiencia ciudadana para la aprobación de un nuevo decreto que actualizará el Catálogo del Sistema Viario de la Comunitat Valenciana.
Un mapa de más de 6.200 kilómetros
El nuevo marco viario que propone la Generalitat contempla 6.268 kilómetros de tramos troncales, sin contar carriles de servicio ni auxiliares, repartidos entre cuatro administraciones. La Generalitat asumiría la gestión de 2.812 km, mientras que las tres diputaciones provinciales se distribuirían el resto: Valencia con 1.809 km, Alicante con 917 km y Castellón con 730 km. Para hacerse una idea de la escala, hablamos de una red que, puesta en línea recta, llegaría desde Valencia hasta más allá de Moscú.
El reparto no es arbitrario. El criterio de fondo es sencillo pero importante: la Generalitat asumirá las vías de carácter más transversal e interurbano, mientras que las diputaciones se harán cargo de aquellas con un marcado carácter local. Así, una carretera que conecta dos comarcas quedará bajo el paraguas autonómico, mientras que el acceso a un municipio pequeño pasará a ser responsabilidad provincial. El objetivo, en definitiva, es que cada administración sepa exactamente qué tiene que mantener, reparar y mejorar.
El antecedente más reciente de este proceso es el Decreto 46/2019, de 22 de marzo, del Consell, mediante el cual se aprobó la última versión del Catálogo. En aquel momento, la Comunitat contaba con un total de 6.140 kilómetros de carreteras comunitarias, de los que 2.743 kilómetros eran gestionados por la Generalitat y 3.397 kilómetros por las diputaciones. La nueva propuesta supone, por tanto, un incremento de la red catalogada y una redistribución significativa de titularidades.
El problema histórico de saber quién manda en cada tramo
Que la red viaria valenciana necesitara una actualización no es ningún secreto. El primer Catálogo moderno fue aprobado mediante el Decreto 23/1995, de 6 de febrero del Consell, aunque posteriormente fue anulado mediante Sentencia del Tribunal Supremo 740/2018. Esa turbulenta historia normativa explica, en parte, por qué la cuestión de las titularidades ha sido un asunto recurrente en la política de infraestructuras valenciana.
El nuevo Catálogo se desarrolla al amparo de la Ley 6/1991, de 27 de marzo, de Carreteras de la Comunitat Valenciana, la norma marco que regula la ordenación del sistema viario autonómico. Es precisamente esta ley la que establece que la clasificación de las vías, así como su designación y la descripción de sus características generales, se realizará mediante la aprobación del Catálogo del Sistema Viario. En otras palabras, sin catálogo actualizado, la gestión de las carreteras queda en un limbo administrativo que perjudica a los ciudadanos.
Uno de los problemas concretos que resuelve esta actualización es la de los puntos donde confluyen carreteras de distintas administraciones, incluidas las travesías urbanas. Hasta ahora, esas zonas de confluencia eran especialmente propensas a los conflictos de responsabilidad: cuando una carretera autonómica entra en un casco urbano y se convierte técnicamente en calle municipal, la pregunta de quién debe asfaltar o señalizar ese tramo nunca tenía una respuesta unívoca. Como excepción al criterio general, el catálogo también recoge determinadas carreteras con flujos intramunicipales cuya titularidad se asigna a las diputaciones por razones de complejidad técnica o de gestión, garantizando además que todo municipio tenga una carretera de acceso desde la red de carreteras comunitarias.
Red básica, red local y caminos: tres categorías para ordenar el territorio
El proyecto organiza las vías en tres grandes categorías. La red básica une cabeceras comarcales, ciudades de mayor población e itinerarios de interés general del Estado, siendo su titularidad de la Generalitat; la red local completa la conectividad de todos los municipios con el resto de la red y puede ser de titularidad indistinta entre la Generalitat y las diputaciones. A estas dos se suma la red de caminos de dominio público, una categoría que recoge aquellas vías de carácter más rural o intramunicipal.
La red básica está destinada a unir entre sí los núcleos básicos del sistema de asentamientos, conectar con la red de carreteras del Estado y proporcionar acceso a las grandes infraestructuras del sistema de transportes. Es, en definitiva, la columna vertebral de la movilidad valenciana.
Treinta días para que la ciudadanía diga su parte
El procedimiento se encuentra ahora en la fase de audiencia ciudadana durante un plazo de 30 días naturales, contados desde el día siguiente a la publicación del anuncio en el Diario Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV). Es el momento en que administraciones, colectivos y ciudadanos en general pueden hacer llegar sus observaciones antes de que el decreto se apruebe de manera definitiva.
Las aportaciones pueden realizarse a través del portal GVA Participa, de la sede electrónica de la Generalitat y, para las administraciones locales afectadas, mediante el Sistema de Interconexión de Registros (SIR). No es un trámite menor: este tipo de participación ciudadana puede influir en cómo quedan delimitadas las titularidades de tramos concretos, con consecuencias directas en los plazos de reparación y en los presupuestos que cada administración dedicará al mantenimiento viario en los próximos años. Ordenar el territorio sobre el papel es el primer paso; mantenerlo en buen estado, el reto que viene después.