La portavoz del Consell, Ruth Merino, ha emplazado al Gobierno central a fijarse en el plan de vivienda impulsado de la Generalitat para la construcción de 10.000 viviendas en los próximos cuatro años, en lugar de limitarse, según ha indicado, a realizar anuncios que denotan que carece de dicho plan y que suponen exclusivamente “ocurrencias electoralistas”.
La consellera se ha pronunciado en estos términos, en declaraciones realizadas en la rueda de prensa posterior al pleno del Consell, en relación con la eliminación de la ‘Golden Visa’, que permite acceder al régimen de residencia cuando se invierte más de 500.000 euros en bienes inmuebles, anunciada por el presidente del Ejecutivo central, Pedro Sánchez.
Tal y como ha señalado la portavoz del Gobierno valenciano, “da la impresión de que Sánchez no tiene un plan para la vivienda, tiene ocurrencias electoralistas”.
La consellera se ha preguntado también en este punto por las razones por las que se plantea ahora “esa prioridad” cuando este visado se puso en marcha en 2013 y ha estado, por tanto, más años vigente con el Gobierno de Pedro Sánchez que con el anterior, de Mariano Rajoy.
Ruth Merino ha subrayado que, por el contrario, el Gobierno valenciano sí cuenta con un “riguroso” plan de vivienda, centrado en la colaboración público-privada, que movilizará una “importante” bolsa de suelo público, con la que se aspira a beneficiar a más de 24.000 personas, además del impacto directo e indirecto que supondrá en términos de actividad económica y empleo.
La consellera ha informado en este sentido de la autorización, por parte del pleno del Consell, de la declaración de urgencia para culminar el procedimiento de aprobación del decreto por el que se regulará el Reglamento de Vivienda de Protección Pública (VPP) de la Comunitat Valenciana.
El Consell, ha continuado, demuestra así que la vivienda es una de las principales prioridades de la legislatura, un compromiso que contrasta con el Gobierno anterior, que, en ocho años, no realizó la entrega de “ni una sola llave de vivienda pública”.
El Gobierno valenciano estima como prioritaria la aprobación de un nuevo decreto, que regulará de manera exclusiva el régimen jurídico de las viviendas de protección pública, tanto de promoción pública como privada.
“Facturas en los cajones”
Por otro lado, tal y como ha explicado Ruth Merino, el Consell ha autorizado también el pago de más de 180 millones de euros para atender el gasto derivado del suministro de materiales y de la prestación de determinados servicios a los departamentos de salud durante los ejercicios 2021, 2022 y 2023. Merino ha lamentado que los valencianos estén pagando todavía “gastos pendientes desde hace tres años” comprometidos por el Gobierno anterior.
Se trata, según ha lamentado, de “las famosas facturas en los cajones”, una práctica que, como ha denunciado, el Consell del Botànic convirtió en “habitual” y que permitió que determinados servicios fueran prestados “fuera del cauce oficial de contratación” y que son “especialmente relevantes” en lo que se refiere al gasto farmacéutico.
Informe de Agricultura
La también titular de Hacienda ha comparecido ante los medios de comunicación acompañada del conseller de Agricultura, Ganadería y Pesca, José Luis Aguirre, que ha destacado las actuaciones que desarrolla la Conselleria para reducir el consumo de agua y favorecer su ahorro en las explotaciones en un contexto de escasez hídrica creciente
Aguirre ha informado al pleno sobre la situación actual de la modernización de los regadíos en la Comunitat Valenciana, tras la reciente declaración por parte de la Confederación Hidrográfica del Júcar de la “situación excepcional por sequía extraordinaria” en toda la demarcación.
Ante una previsión de escasez de agua para atender la demanda de la agricultura, el documento detalla las actuaciones de la Generalitat en diferentes ámbitos. En este sentido, respecto de las obras de interés general, además de continuar con las iniciadas en ejercicios anteriores, se está redactando el encargo para llevar a cabo la segunda fase de las Ayudas a la Vega Baja por un importe de unos 13 millones de euros, que mejorará el riego en los municipios de Orihuela, Rafal, Callosa de Segura, Formentera del Segura, Albatera, Crevillent, Elche y Dolores.
En este ámbito, también está en tramitación la licitación del sector 4 de la Acequia Real del Júcar, que tiene su zona regable en los municipios de Alberic y Massalavés, y el sector 35 de la Acequia Real del Júcar en los municipios de Almussafes, Benifaió y Sollana, con un presupuesto base de licitación de 4.611.478 euros y de 5.276.750 euros respectivamente.
En idéntica situación se encuentra la convocatoria de 2024 para la utilización racional del agua y la mejora de la eficiencia energética en regadíos, por un importe de siete millones de euros, ampliable a 1.800.000 euros más.
BIC para la Mare de Déu del Castell de Cullera
Asimismo, el Consell ha aprobado el decreto por el que se declara Bien de Interés Cultural (BIC), con la categoría de Bien Inmaterial, la Festa de la Mare de Déu del Castell de Cullera. De este modo, se otorga la máxima protección patrimonial a esta manifestación cultural y de devoción a la Virgen María del Castell de Cullera, patrona de la localidad.