Cosechar a contrarreloj y no poder hacerlo. Esa fue la situación que vivieron decenas de agricultores valencianos durante el verano de 2026, cuando las alertas por riesgo extremo de incendios forestales obligaron a paralizar las cosechadoras justo en el momento en que los campos de cereal estaban listos para ser recogidos. La Conselleria de Agricultura, Agua, Ganadería y Pesca ha abierto ahora el plazo para solicitar ayudas directas por un importe global de dos millones de euros, destinadas a compensar parcialmente las pérdidas económicas sufridas por los titulares de explotaciones de cereal de secano de la Comunitat Valenciana.
Un verano de restricciones en el campo
El origen del problema está en las restricciones impuestas durante las situaciones de preemergencia de nivel 3 por riesgo extremo de incendios forestales, activadas en distintas jornadas de junio, julio y agosto de 2026. En el nivel 3, el de riesgo extremo, la normativa establecía una prohibición total de la actividad agrícola con maquinaria. Las cosechadoras, empacadoras y el resto de aperos motorizados tuvieron que quedarse parados.
El problema es que el cereal no espera. A diferencia de otros cultivos, la recolección de cereal de secano debe ejecutarse en una ventana de tiempo muy estrecha: si el grano madura en exceso, se deteriora, cae al suelo o pierde calidad comercial. La Comunitat Valenciana cuenta con cerca de 23.000 hectáreas de cereal de secano situadas en zonas agrícolas-forestales , precisamente las más expuestas a las restricciones. Para muchos de esos agricultores, el tiempo de espera se tradujo directamente en pérdida de dinero.
"Las restricciones de uso de maquinaria agrícola coincidieron con el periodo de recolección del cereal, una labor que debe realizarse en un margen de tiempo muy concreto y cuyo retraso puede ocasionar pérdidas que ya no es posible recuperar" - Mª Àngels Ramón-Llín, directora general de Producción Agrícola y Ganadera de la Conselleria de Agricultura, Agua, Ganadería y Pesca
Cien euros por hectárea, un alivio parcial
Las ayudas aprobadas contemplan una cuantía fija de 100 euros por hectárea elegible. No es una indemnización total —la propia denominación habla de compensación parcial—, pero sí supone un reconocimiento institucional de que el sistema de prevención de incendios tuvo un coste real y directo para el sector agrario. Para acceder a la ayuda, los titulares deben acreditar una superficie mínima de una hectárea de cereal de secano en la Comunitat Valenciana y estar inscritos en el Registro de Explotaciones Agrarias a fecha 31 de mayo de 2026.
El plazo para presentar solicitudes es de diez días desde el día siguiente a la publicación del decreto en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV), donde también puede consultarse toda la documentación y el procedimiento requerido. Una ventana breve que obliga a los afectados a reaccionar con rapidez si quieren acceder al fondo.
Más allá del grano: lo que el cereal sostiene
La directora general aprovechó el anuncio para poner en valor una realidad que a menudo queda fuera del debate agrario: el papel del cereal de secano como sostén del territorio rural valenciano. No se trata solo de producir trigo, cebada o avena para el mercado. La normativa que originó estas restricciones responde a la necesidad de proteger terrenos forestales y la Zona de Influencia Forestal durante la época de máximo riesgo. Pero esa misma zona de influencia es, en muchos casos, el único tejido productivo que mantiene vivos a pequeños municipios del interior.
"El cereal de secano no solo tiene importancia desde el punto de vista productivo y del abastecimiento de materias primas agrícolas, sino que también desempeña un papel fundamental en el mantenimiento del paisaje agrario, la conservación del territorio y la fijación de población en nuestros municipios rurales" - Mª Àngels Ramón-Llín, directora general de Producción Agrícola y Ganadera de la Conselleria de Agricultura, Agua, Ganadería y Pesca
La tensión entre proteger el monte y no ahogar al campo es una de las ecuaciones más difíciles de resolver en la gestión del territorio mediterráneo. Las ayudas aprobadas no resuelven ese dilema estructural, pero sí envían una señal: que cuando el interés colectivo —prevenir incendios— impone sacrificios a un sector concreto, la administración tiene la responsabilidad de acompañar ese esfuerzo con medidas de respaldo. Para los agricultores valencianos que vieron madurar su cosecha sin poder tocarla, dos millones de euros no compensarán todo lo perdido, pero al menos reconocen que el coste existió.