La justicia en Sagunt lleva años trabajando en condiciones de saturación. El partido judicial cuenta con siete plazas judiciales que han alcanzado su capacidad máxima, con servicios repartidos en distintos locales de la ciudad por falta de espacio en el edificio principal. Ese problema tiene ahora una solución concreta, un presupuesto y, desde esta semana, quince empresas dispuestas a ejecutarla.
Una licitación con notable concurrencia
La Conselleria de Justicia, Transparencia y Participación ha confirmado que un total de 15 licitadores han presentado sus propuestas para hacerse con el contrato de construcción de la nueva sede judicial de Sagunt, tanto de forma individual como agrupados en uniones temporales de empresas (UTE). No es un dato menor: la participación de quince oferentes en una obra pública de esta envergadura refleja el atractivo del proyecto y la competencia que se espera en la fase de valoración.
El proceso arrancó el pasado 9 de septiembre, cuando la mesa de contratación abrió el sobre 1, que contiene la documentación administrativa y la acreditación del cumplimiento de los requisitos previos. Todas las propuestas superaron ese primer filtro sin incidencias. El miércoles 16 de septiembre se procedió a la apertura del sobre 2, que recoge la documentación relativa a los criterios de adjudicación cuya valoración depende de un juicio de valor. Ahora comienza la fase más determinante: la evaluación técnica de las ofertas.
Un edificio diseñado para el siglo XXI
La futura sede dispondrá de una superficie construida de 12.488,98 metros cuadrados distribuidos en planta sótano, planta baja y tres plantas superiores. Para hacerse una idea de lo que eso significa, equivale a más de una hectárea y media de superficie útil destinada íntegramente a la administración de justicia. El nuevo edificio tendrá espacio para 14 juzgados —un juzgado de guardia, 10 juzgados y un espacio de reserva para tres adicionales—, ocho salas de vista y un área de fiscalía.
La planta sótano estará destinada a aparcamiento, calabozos, archivos, dependencias para los cuerpos de seguridad y espacios de servicio. En la planta baja se ubicarán seis salas de vistas, el servicio de guardia, el Registro Civil, la Fiscalía, la Clínica Médico Forense, la Unidad de Valoración Integral Forense, el Gabinete Psicosocial y la Oficina de Asistencia a las Víctimas del Delito. Un catálogo de servicios que hoy, en las instalaciones actuales, resulta imposible concentrar bajo un mismo techo.
Además, el proyecto incorpora criterios de contratación verde y social, así como medidas para fomentar la igualdad de género y la inserción laboral de personas con especiales dificultades de acceso al mercado de trabajo. No es solo un edificio de juzgados: es también una apuesta por un modelo de construcción pública más responsable.
Por qué Sagunt necesita este cambio con urgencia
La nueva sede judicial permitirá cubrir las necesidades de crecimiento del número total de juzgados, así como la unificación de sedes y la ampliación de diferentes servicios, dado que el antiguo edificio que alberga la sede judicial se encuentra agotado y hay espacios distribuidos en otros locales. Esta dispersión no solo genera ineficiencias administrativas, sino que complica la vida a los ciudadanos que acuden a realizar gestiones judiciales.
El crecimiento de Sagunt como polo económico y demográfico —impulsado, entre otros factores, por grandes proyectos industriales en la comarca— ha acelerado la necesidad de una infraestructura judicial a la altura de sus retos presentes y futuros. La nueva sede atenderá a una población de más de 90.000 personas repartida en 16 municipios.
37 millones de euros y 28 meses de obras
El contrato cuenta con un presupuesto de licitación de 37.009.485,44 euros y un plazo de ejecución de 28 meses. Una vez concluida la valoración de las ofertas y completadas las distintas fases del procedimiento, se procederá a la adjudicación del contrato y, a continuación, al inicio de las obras. Si los tiempos se cumplen, Sagunt podría disponer de su nueva sede judicial antes de que acabe la presente década.
Lo que está en juego no es solo un edificio. Es la posibilidad de que miles de personas —justiciables, abogados, funcionarios, víctimas de delitos— accedan a un servicio público esencial en condiciones dignas, modernas y sin tener que repartirse entre distintas direcciones de la ciudad. Para un partido judicial que lleva años con las costuras al límite, la apertura de estos sobres puede ser el inicio del cambio que se esperaba desde hace tiempo.