La Generalitat Valenciana y las organizaciones sindicales han alcanzado un acuerdo para implantar la jornada laboral de 35 horas semanales en la Administración autonómica, un pacto que afectará a más de 21.200 empleados públicos y que convierte a la Comunitat Valenciana en una de las regiones que da el paso definitivo en un debate que lleva años sobre la mesa en todo el país.
El acuerdo se selló este lunes en la Mesa Sectorial de Función Pública, en una jornada de negociación que culmina meses de trabajo conjunto entre la Administración y los representantes sindicales. No es un cambio menor: hablamos de reducir entre dos horas y media y cuatro horas y media de trabajo semanal para decenas de miles de personas, lo que en términos cotidianos equivale a ganar tiempo libre, reducir el estrés del desplazamiento o simplemente poder estar más con la familia.
Dos jornadas según el puesto
El acuerdo no establece una única medida para todos. La nueva regulación contempla dos modalidades de jornada: una jornada general de 35 horas semanales y una jornada de especial dedicación de 37 horas y 30 minutos, en función del tipo de puesto y las responsabilidades asociadas. Ambas modalidades ya estaban previstas en el Decreto 42/2019, de 22 de marzo, del Consell, que reguló las condiciones de trabajo del personal de la Administración de la Generalitat, aunque su aplicación efectiva quedaba pendiente de desarrollo negociado.
Este acuerdo en la Mesa Sectorial responde a un mandato concreto: la Mesa General de Negociación I acordó el pasado 24 de abril de 2026 impulsar la negociación de esta medida en cada uno de los ámbitos sectoriales de la Generalitat, junto con las adaptaciones organizativas necesarias para que el cambio sea viable sin mermar la calidad de los servicios.
Una deuda pendiente en varias comunidades autónomas
El contexto estatal hace este acuerdo aún más relevante. La jornada laboral de 35 horas semanales para los funcionarios de la Administración General del Estado ya es una realidad tras su publicación en el Boletín Oficial del Estado , pero esta medida no se aplica de forma inmediata en todo el territorio, ya que varias comunidades autónomas aún mantienen jornadas superiores. De hecho, hasta hace muy poco, la Comunidad Valenciana figuraba entre las seis comunidades autónomas cuyos empleados públicos continuaban trabajando más de 35 horas semanales.
Andalucía, Castilla-La Mancha, Extremadura o el País Vasco llevan años aplicando la jornada de 35 horas en sus administraciones , lo que sitúa a la Comunitat Valenciana en un proceso de convergencia con las comunidades más avanzadas en esta materia. La competencia de organización de la jornada corresponde a cada comunidad autónoma, y en aquellas regiones que aún no han legislado o cerrado pactos en sus Mesas Negociadoras, los funcionarios continúan con las 37 horas y 30 minutos semanales.
Sin sacrificar los servicios públicos
Uno de los argumentos que más peso tiene en el debate sobre la reducción de jornada en el sector público es el impacto sobre la prestación de servicios. ¿Puede una administración atender igual a los ciudadanos trabajando menos horas? La Generalitat defiende que sí, y el acuerdo incluye expresamente la necesidad de adoptar las adaptaciones organizativas necesarias para garantizar la continuidad y la calidad de los servicios. La implantación se realizará además sin afectar al cumplimiento del objetivo de reducción de la temporalidad en el empleo público, en línea con la normativa estatal básica vigente.
Desde Función Pública, área adscrita a la Conselleria de Economía, Hacienda y Administración Pública, han subrayado que la medida se enmarca en el proceso de modernización de la Administración autonómica para adaptarla a las nuevas necesidades de la sociedad valenciana, con un modelo basado en la eficiencia y la responsabilidad.
El siguiente paso: el pleno del Consell
El acuerdo alcanzado en la Mesa Sectorial no entra en vigor de forma automática. Deberá ser ratificado por el pleno del Consell y, posteriormente, remitido para su publicación en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV), el paso que lo convertirá en norma de obligado cumplimiento. Es el procedimiento habitual, pero también es la última valla antes de que los más de 21.200 empleados públicos valencianos empiecen a notar el cambio en su vida diaria.
Más allá de los tecnicismos normativos, este acuerdo es un recordatorio de que las condiciones laborales del sector público no son inamovibles. El diálogo social ha demostrado, una vez más, que puede traducirse en mejoras concretas. La pregunta que queda en el aire es si el resto de comunidades autónomas que aún mantienen jornadas superiores terminarán siguiendo el mismo camino, empujadas tanto por la presión sindical como por el ejemplo de quienes ya han dado el paso.