Más de 200.000 víctimas. Casi 45.000 desaparecidos. Y, tres décadas después de la firma de la paz, todavía sin un registro oficial que les dé nombre. Así persiste la herida abierta del conflicto armado interno de Guatemala, una guerra de 36 años que estalló en 1960 y no se cerró formalmente hasta 1996. En ese vacío de memoria y justicia trabaja el Centro de Análisis Forense y Ciencias Aplicadas (CAFCA), una organización guatemalteca que excava fosas, recupera restos humanos y reconstruye historias de vida. Y que, para hacerlo, necesita apoyo desde fuera. La Diputación de Valencia es una de las instituciones que ha decidido estar ahí.
Un archivo que es, a la vez, una deuda y un tesoro
El proyecto financiado desde Valencia tiene un objetivo concreto: organizar el archivo forense del CAFCA, un fondo documental que acumula fichas antropológicas, entrevistas y relatos de vida de las víctimas del conflicto. El CAFCA es una ONG dedicada a la exhumación de cadáveres y a la investigación antropológica forense con investigación jurídica y técnica. Hasta la fecha, ha llevado a cabo 267 investigaciones antropológicas forenses y ha recuperado cerca de un millar de restos de víctimas. Detrás de cada expediente, hay una familia que lleva décadas esperando respuesta.
La presidenta de CAFCA, Claudia Estrada, no duda en calificar ese fondo documental como algo más que un conjunto de papeles:
"Valencia apostó por ayudarnos a organizar lo que era una pila de documentos, facilitando el trabajo de la justicia y rescatando la memoria histórica del país" - Claudia Estrada, presidenta de CAFCA
Estrada también destaca que la delegación de la Diputación de Valencia, coordinada por la vicepresidenta Natàlia Enguix, supo ver desde el principio el valor de lo que tenían entre manos: un archivo que es, en sus propias palabras, "un tesoro y una deuda que tenemos con las comunidades afectadas". Porque ordenar esa documentación no es solo una cuestión de archivística: es lo que permite que un juez pueda instruir un caso, que una familia pueda reclamar sus muertos, que la historia no quede sepultada junto a las víctimas.
La guerra que se libró, sobre todo, contra la población civil
Entre 1960 y 1996, el conflicto armado interno de Guatemala dejó un estimado de 200.000 víctimas, según datos oficiales de la Comisión para el Esclarecimiento Histórico. De esas personas, unas 160.000 murieron o fueron asesinadas, y unas 40.000 fueron víctimas de desaparición forzada. Estos datos siguen siendo estimaciones, porque en Guatemala aún no existe un sistema oficial de registro consolidado de personas detenidas y desaparecidas durante la guerra.
Los operativos militares se intensificaron en el Quiché, Huehuetenango, Chimaltenango, Alta Verapaz, Baja Verapaz, San Marcos y en la Costa Sur, lo que provocó gran cantidad de asesinatos, ejecuciones extrajudiciales, secuestros, torturas y desapariciones forzadas de población civil no combatiente, específicamente de comunidades rurales. Fueron, en su mayoría, pueblos mayas los que cargaron con el peso más brutal del conflicto.
Erwin Melgar, responsable de Antropología Forense del CAFCA, pone cifras y palabras a esa deuda pendiente:
"El Estado guatemalteco tiene una deuda con la sociedad, porque después de 30 años de paz no existe un registro único de las víctimas, de cuyo número solo tenemos estimaciones" - Erwin Melgar, responsable de Antropología Forense de CAFCA
Melgar coordina el trabajo de búsqueda, rescate e identificación de restos de personas cuya muerte no quedó registrada en ningún documento legal. Como él mismo explica, se trata de población civil que tuvo una muerte violenta: personas que perdieron la vida en hostilidades o durante su huida a las montañas, muchas de ellas por hambre.
Viudas, comunidades y una esperanza que no prescribe
Entre quienes llevan décadas reclamando justicia están las mujeres que integran la Asociación Nacional de Viudas de Guatemala. Feliciana Macario es una de ellas. Denuncia las torturas, violaciones, desapariciones, desplazamientos forzados y la desintegración de familias enteras que vivieron las mujeres víctimas del conflicto. Su testimonio resume, en pocas palabras, lo que sostiene a estas comunidades:
"El camino es largo, pero tenemos esperanza en alcanzar la justicia con el apoyo de las instituciones y la cooperación internacional" - Feliciana Macario, integrante de la Asociación Nacional de Viudas de Guatemala
Macario también agradece específicamente el respaldo de la institución valenciana a un proceso que afecta directamente a los pueblos mayas de origen kaqchikel. No es un detalle menor: a pesar de que los acuerdos de paz se firmaron en 1996, los crímenes de guerra de aquella época han quedado en gran medida impunes.
Valencia, más allá de sus fronteras
La vicepresidenta de la Diputación de Valencia, Natàlia Enguix, visitó recientemente el Centro de Análisis Forense en Ciudad de Guatemala para conocer de primera mano los distintos proyectos que financia la institución en la región. Su visión es clara: la cooperación internacional no puede limitarse al pasado. Junto a la recuperación de la memoria, la Diputación apoya también iniciativas de desarrollo en el presente, orientadas a la igualdad y a la gestión sostenible de los recursos de las comunidades indígenas.
"La memoria es fundamental para que no se repitan hechos tan graves como la guerra que obligó a decenas de comunidades a desplazarse a las montañas" - Natàlia Enguix, vicepresidenta de la Diputación de Valencia
La ecuación que plantea Enguix no es retórica: sin memoria, no hay justicia; sin justicia, el daño se perpetúa. Y si el propio Estado guatemalteco no ha sido capaz de construir un registro oficial de sus víctimas tras treinta años de paz, la pregunta que queda en el aire es incómoda: ¿quién más va a asumir esa responsabilidad, si no lo hacen instituciones que, como la Diputación de Valencia, deciden mirar más allá de sus propias fronteras?