Hay pueblos que solo abren su centro de salud dos días a la semana. Ayuntamientos de 5.000 habitantes que gestionan la acogida de familias desplazadas con el mismo presupuesto que tenían hace diez años. Municipios costeros que en verano triplican su población —y sus costes en seguridad y servicios— sin recibir un euro más. Y alcaldes que piden créditos para pagar nóminas, renunciando a proyectos de futuro porque primero tienen que tapar los agujeros del presente. Este es el retrato del municipalismo español en 2025, y fue precisamente este diagnóstico el que protagonizó este lunes la reunión más importante del año para los gobiernos locales.
El Palau dels Scala de Valencia acogió la Comisión de diputaciones provinciales, cabildos y consells insulars, que reunió a 25 presidentes de estas corporaciones bajo la presidencia de Vicent Mompó, titular de la Diputació de València y anfitrión del encuentro. El objetivo no era menor: fijar una posición política conjunta ante un sistema de financiación local que, a juicio de los participantes, lleva décadas sin evolucionar al ritmo de las responsabilidades que se exigen a los municipios.
Una cita histórica con un mensaje claro
La declaración conjunta que salió de Valencia no dejó lugar a ambigüedades. "Sin una financiación justa no hay igualdad; sin equilibrio territorial no hay cohesión; y no es posible construir un Estado fuerte debilitando a los municipios que lo sostienen cada día." Con esa frase, los 25 firmantes —que representan territorios de Castilla y León, Castilla-La Mancha, Cataluña, la Comunitat Valenciana, Andalucía, Extremadura, Galicia, Aragón y el Consell Insular d'Eivissa— resumieron décadas de frustración acumulada.
Mompó fue directo desde el primer momento. Para el presidente valenciano, la reunión no era un trámite burocrático ni un foro de debate académico.
"Esta comisión no es una reunión más; esperamos que sea un punto de inflexión, porque los municipios estamos sosteniendo España sin una financiación justa, provocando consecuencias reales en vidas reales y en lugares concretos." - Vicent Mompó, presidente de la Diputació de València
El diagnóstico que trazó Mompó tiene raíces históricas que van más allá de la política actual. En España, el gasto local ha mantenido secularmente una participación en torno al 13% del total del gasto de las administraciones públicas , una cifra que los expertos llevan años señalando como insuficiente para asumir las competencias reales que ejercen los ayuntamientos. Y eso sin contar los llamados "gastos impropios": servicios que los municipios prestan por necesidad aunque no les correspondan legalmente, y que nadie financia.
El problema de fondo: competencias sin recursos
El presidente de la Diputació de Màlaga y presidente de la comisión, José Francisco Salado, señaló con precisión quirúrgica la contradicción que más irrita a los gestores locales: se les piden más responsabilidades, pero el dinero no llega.
"Estamos cansados de que se transfieran competencias pero no aparezca apoyo económico para prestar de la mejor manera esos servicios." - José Francisco Salado, presidente de la Comisión y de la Diputación de Málaga
No es un problema nuevo. El sistema de participación en los ingresos del Estado lleva sin revisarse desde 2002 , lo que significa que los criterios de reparto que reciben los municipios españoles tienen más de dos décadas de antigüedad. Mientras tanto, el país ha cambiado radicalmente: ha envejecido, se ha despoblado en el interior, ha crecido en las ciudades y ha diversificado sus necesidades de servicios públicos. Los criterios de distribución actuales pivotan en exceso sobre el elemento "población" , lo que penaliza a municipios pequeños, rurales o con alta estacionalidad que, paradójicamente, son los que más necesitan el apoyo estatal.
Javier Fernández de los Ríos, presidente de la Diputación de Sevilla y vicepresidente de la comisión, fue aún más contundente en su defensa del papel de las instituciones provinciales como garantes de la cohesión territorial.
"Si las diputaciones no existieran, habría que inventarlas. No se puede entender España sin el municipalismo." - Javier Fernández de los Ríos, presidente de la Diputación de Sevilla
Valencia, un símbolo del municipalismo europeo
No fue casualidad que la cita se celebrara en Valencia. Mompó lo subrayó con orgullo: la ciudad que acunó el Tribunal de les Aigües —considerado la institución de justicia más antigua de Europa, con más de mil años de historia— sabe lo que es el autogobierno local no desde la teoría, sino desde la experiencia. Esa tradición da peso simbólico a una reunión que pretende ser algo más que una foto.
Porque el mensaje de fondo es político, y urgente. El sistema actual no distingue entre municipios radicalmente distintos. Como explicó Mompó, no es lo mismo gestionar un pueblo con población concentrada que uno con población dispersa; no es lo mismo prestar servicios en entorno urbano que en zonas rurales o de montaña; no es lo mismo atender un territorio estable que uno con alta estacionalidad o despoblación acelerada. Los municipios están sosteniendo España sin una financiación justa, y esta situación no es sostenible.
Las propuestas sobre la mesa
La declaración conjunta aprobada en Valencia concreta cuatro exigencias principales: la reforma real del sistema de financiación local; la actualización urgente del sistema de participación en los ingresos del Estado; el reconocimiento del coste real de los servicios públicos en el territorio; y el refuerzo efectivo de la autonomía local. Todo ello para que se cumplan los principios constitucionales de suficiencia financiera y autonomía de las entidades locales.
La ambición del texto es clara: acabar con la brecha entre municipios de primera y de segunda. Que un pueblo de 300 habitantes tenga los mismos derechos que una gran ciudad. Que la igualdad entre ciudadanos no dependa del código postal. Como resumió Mompó ante los 25 presidentes reunidos en el Palau dels Scala, la igualdad entre la ciudadanía "no se garantiza con discursos, sino con recursos". Una frase corta, pero que condensa décadas de reclamaciones de un municipalismo español que siente que sostiene el país desde abajo, sin que nadie mire hacia abajo con suficiente atención.