Casi dos años después de la dana que arrasó la Comunitat Valenciana el 29 de octubre de 2024, el conseller de Agricultura, Agua, Ganadería y Pesca, Miguel Barrachina, ha vuelto a poner el foco sobre una paradoja que incomoda: la Generalitat Valenciana está ejecutando y financiando obras de protección de cauces que, por ley, son competencia del Estado. Lo hizo esta semana durante su visita a Buñol, donde se están reparando los daños que la dana causó en el río que da nombre al municipio.
Un muro de nueve metros para proteger a casi 10.000 vecinos
Las obras en Buñol son un buen ejemplo de lo que está en juego. La actuación, con un presupuesto de un millón de euros, consiste en la construcción de un muro de escollera de 81 metros de longitud y hasta 9 metros de altura para proteger el talud de la margen izquierda del río. No es un proyecto menor: beneficia directamente a los 9.858 vecinos del municipio, protege el vial municipal y permitirá recuperar el parque fluvial, un espacio de ocio que también funciona como activo turístico y económico para la localidad. Un parque que, desde aquella noche de octubre, ha quedado en suspenso.
Esta intervención se enmarca dentro del área 1 del plan de encauzamientos urbanos de la provincia de Valencia, que agrupa actuaciones en siete municipios: Alborache, Buñol, Caudete de las Fuentes, Chera, Requena, Utiel y Yátova. En total, la Generalitat ha destinado 46 millones de euros para acometer 45 actuaciones en 30 municipios, con trabajos que van desde la limpieza y reparación general de cauces hasta la reconstrucción de márgenes, lechos, gaviones, muros de hormigón y reposición de servicios afectados.
"Estamos hablando de obras necesarias para proteger municipios, viviendas, vías urbanas y espacios públicos. La Generalitat ha dado un paso adelante, pero no podemos normalizar que tengamos que hacer el trabajo del Estado" - Miguel Barrachina, conseller de Agricultura, Agua, Ganadería y Pesca de la Generalitat Valenciana
La queja que se repite: ¿quién manda en los ríos?
La disputa competencial sobre los cauces no es nueva, pero la dana la convirtió en urgente. Como consecuencia de las lluvias extraordinarias, la catástrofe produjo múltiples daños en cauces, tanto en tramos urbanos como no urbanos, así como en infraestructuras y demás elementos del Dominio Público Hidráulico. Buena parte de esos cauces, precisamente los de mayor envergadura e impacto, son competencia del Estado a través de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ). Y ahí es donde Barrachina apunta con más firmeza.
El conseller no solo denuncia la lentitud del Gobierno central en ejecutar las obras pendientes, sino que va más lejos: acusa a la propia CHJ de cobrar tasas a los ayuntamientos y a la Generalitat por autorizar actuaciones en esos cauces. Una situación que, en sus propias palabras, resulta difícil de justificar ante quienes aún conviven con las secuelas de la catástrofe.
"La Generalitat está actuando en cauces urbanos dañados por la dana que son competencia del Estado, y lo hacemos porque los vecinos no pueden esperar, pero quien tiene que asumir sus responsabilidades es el Gobierno de Pedro Sánchez" - Miguel Barrachina, conseller de Agricultura, Agua, Ganadería y Pesca de la Generalitat Valenciana
El Poyo y la Saleta: los grandes pendientes del Estado
Para ilustrar su argumento, Barrachina pone sobre la mesa dos casos que resultan difíciles de rebatir. El primero es el barranco del Poyo, uno de los protagonistas más trágicos de aquella noche, cuyo caudal desbordado causó una destrucción sin precedentes en la comarca de L'Horta Sud. Casi dos años después, las obras definitivas de encauzamiento no comenzarán antes de 2030. El segundo es el barranco de la Saleta, donde el Gobierno todavía no ha adjudicado su primera gran obra hidráulica.
A ello se suma otra grieta en el sistema: de las 19 presas públicas de la Comunitat Valenciana, solo una cuenta con el Plan de Emergencia plenamente implantado y operativo: la presa de Buseo, de titularidad autonómica. Las otras 18, todas estatales, siguen sin tener sus planes de emergencia en marcha. Barrachina recuerda que la Generalitat "ha hecho los deberes" en la única infraestructura que le corresponde, mientras aguarda que el Gobierno haga lo propio en el resto.
Una petición que se acumula
Las demandas del conseller no son nuevas ni aisladas. El vicepresidente tercero de la Generalitat Valenciana, Vicente Martínez Mus, también se mostró recientemente preocupado por la falta de mantenimiento de la Confederación Hidrográfica del Júcar en el barranco del Carraixet, otro de los afectados por la dana. Según el responsable autonómico, "la Confederación Hidrográfica tiene que asegurar que los cauces tienen capacidad hídrica suficiente para desalojar agua, esa es su principal función y tiene que garantizarla siempre". El mensaje desde el Govern valenciano, en definitiva, es cada vez más alto y más claro.
Barrachina concluyó su visita a Buñol con un aviso: la Generalitat "va a seguir actuando donde haga falta", pero dejó claro que asumir indefinidamente las tareas del Estado no puede convertirse en la norma. Con la temporada de lluvias otoñal a la vuelta de la esquina, y con barrancos y cauces que aún guardan la memoria de lo que ocurrió en octubre de 2024, la pregunta que planea sobre todo esto es incómoda pero inevitable: ¿qué pasará si vuelve a llover con la misma intensidad y las grandes obras siguen sin adjudicarse?