La Comunitat Valenciana no fue a Madrid este jueves. Y su ausencia fue deliberada. La vicepresidenta primera y consellera de Vivienda, Empleo, Juventud e Igualdad, Susana Camarero, decidió no acudir a la XIV Conferencia Sectorial de la Inmigración convocada por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones — una reunión celebrada bajo la presidencia de la ministra Elma Saiz en la que el Gobierno pretendía hacer balance del proceso de regularización extraordinaria puesto en marcha para los inmigrantes que residían en España sin papeles. El motivo del desplante no fue logístico ni protocolar: fue político.
Un boicot compartido con otras autonomías
La Generalitat Valenciana se sumó así a otras comunidades autónomas que también declinaron participar en la cita, rechazando lo que Camarero calificó abiertamente de intento de dar cobertura a una política que consideran fallida. La vicepresidenta acusó al Gobierno central de haber convocado la conferencia "para blanquear una política migratoria inútil, nefasta y contraria a la Unión Europea", y denunció que el proceso de regularización se llevó a cabo "de forma impositiva, con opacidad y de espaldas a las comunidades autónomas".
El timing también genera suspicacias: esta convocatoria llegó 15 meses después de la anterior edición, un lapso inusualmente largo para un órgano que, en teoría, existe precisamente para garantizar la cooperación continua entre administraciones. Para Camarero, ese intervalo es la prueba más elocuente de que el Ejecutivo central "ha vaciado este órgano de su verdadera finalidad".
"El Gobierno de España ha renunciado a mantener cualquier tipo de diálogo o debate sobre la política migratoria y traslada la responsabilidad a las autonomías" - Susana Camarero, vicepresidenta primera y consellera de Vivienda, Empleo, Juventud e Igualdad de la Generalitat Valenciana
Las cifras que nadie previó: de 500.000 a 1,2 millones
El problema de fondo tiene una dimensión numérica que resulta difícil de ignorar. Cuando el Gobierno diseñó el proceso de regularización extraordinaria, el objetivo inicial apuntaba a que al menos medio millón de personas pudieran beneficiarse de la medida. La realidad superó con creces esa estimación: según denuncia Camarero, la cifra final alcanzó los 1,2 millones de personas regularizadas, más del doble de lo previsto. Una desviación de esa magnitud no es un ajuste estadístico; es un cambio de escala que transforma radicalmente el impacto en los servicios públicos de cada territorio.
De ese total, 167.000 personas fueron regularizadas en la Comunitat Valenciana. Lo que en papel parece una solución humanitaria se convierte, en la práctica cotidiana, en presión añadida sobre hospitales, centros de servicios sociales, listas de espera para vivienda pública y oficinas de empleo. La consellera recuerda que la Comunitat Valenciana es la tercera autonomía española con mayor acogida de personas migrantes, absorbiendo el 14% del total nacional, solo por detrás de Madrid y Cataluña. Una posición de responsabilidad que, según Valencia, no viene acompañada de los recursos que le corresponderían.
Sin documentación, sin estudio de impacto, sin financiación
Más allá de la disputa política, la Generalitat señala déficits concretos en la gestión: antes de celebrarse la Conferencia Sectorial, no se remitió la documentación solicitada, no existe ningún estudio de impacto económico que justifique la aprobación del Real Decreto de Regularización y tampoco hay un calendario de trabajo sobre el reparto de fondos del denominado Plan de Integración. Es decir, se regularizaron más de un millón de personas sin que nadie pusiera sobre la mesa cuánto iba a costar ni quién lo iba a pagar.
La situación se tensó aún más con la visita que la ministra Elma Saiz realizó este miércoles a la Comunitat Valenciana. Camarero calificó de "deslealtad" que la ministra no se reuniera con la Generalitat para trasladar las cifras del proceso de regularización ni para establecer un plan de trabajo coordinado, optando en cambio por una agenda que ignoró por completo a la administración autonómica. Una omisión que, en términos de gestión pública, tiene consecuencias reales: sin coordinación, sin planificación y sin financiación, son los gobiernos regionales los que deben absorber el golpe.
La alternativa que propone Valencia
La Conselleria de Camarero no se limita a criticar; también plantea un modelo alternativo. La Generalitat defiende una inmigración legal vinculada a las necesidades reales del mercado laboral, que atienda al principio de afinidad cultural y priorice la integración efectiva. Propone reforzar el control de fronteras, establecer una coordinación real entre todas las administraciones —autonómicas, locales y estatales— y aplicar de manera inmediata los acuerdos contenidos en el Pacto Europeo de Migración y Asilo. Precisamente ese Pacto Europeo y la puesta en marcha del renovado Reglamento de Extranjería son también parte del debate abierto a nivel europeo sobre cómo gestionar los flujos migratorios de forma ordenada.
La ausencia de Valencia en la conferencia de este miércoles es, en el fondo, el síntoma de una fractura más profunda entre el Gobierno central y varias comunidades autónomas sobre quién diseña la política migratoria y, sobre todo, quién la paga. Mientras el debate institucional se enquista en reproches cruzados, son los servicios sanitarios, sociales y de vivienda —y quienes los necesitan— los que cargan cada día con las consecuencias de esa falta de acuerdo.