PP, Vox y Junts han tumbado, este martes, el decreto ley que prorrogaba los contratos de alquiler que vencían en 2026 y 2027, impulsado por el Gobierno de coalición y abanderado por Sumar. Tras conocerse la votación, fuentes del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana liderado por la socialista Isabel Rodríguez ha espetado la "irresponsabilidad de la derecha y la extrema derecha" en la votación, al tiempo que ha dicho que intensificará los contactos para sacar adelante la regulación de los alquileres de temporada y acabar así con el fraude en los contratos de menos de un año.
Asimismo, el departamento de Vivienda ha dicho que pretende trabajar con los grupos otras medidas en tramitación para fomentar la bajada de los alquileres, frenar la especulación y movilizar vivienda vacía; al tiempo que continúa con el impulso al parque público de vivienda.
Por su parte, el ministro de Derechos Sociales y Consumo, Pablo Bustinduy, ha aseverado que volverá a llevar al Congreso "las veces que haga falta" el decreto ley para prorrogar los contratos de alquiler. Sin embargo, ahora se abre un proceso de incertidumbre entre los inquilinos, que se podrían a enfrentar a una subida en el precio del alquiler.
Decae el tope del alquiler del 2%
El decreto contemplaba que los caseros no podían subir más del 2% el precio del alquiler en el momento de la renovación anual.
Sin embargo, tras la derogación del decreto, se mantiene en vigor lo marcado en la legislación anterior. Es decir, la actualización está limitada al IPC y, en el caso de los contratos firmados en 2023, el limite es más estricto y se fija en un 2,5%.
Pero, ¿qué pasa con las prórrogas solicitadas aunque haya decaído el decreto?
Pues bien, tanto el Gobierno de España, como las organizaciones de consumidores y algunos juristas defienden que aquellos inquilinos que hayan solicitado la prórroga de su alquiler entre el 22 de marzo y el 28 de abril, es decir, el periodo de plazo en el que el decreto entró en vigor y antes de que haya sido derogado, tienen garantías de estar protegidos, ya que serían válidas.
Sin embargo, todavía hay mucha incertidumbre al respecto, ya que otros juristas defienden que muchos casos podrían llegar a los tribunales, dada la excepcionalidad de este marco jurídico.
En este contexto, el futuro inmediato del mercado del alquiler queda marcado por la inseguridad jurídica y la disparidad de interpretaciones legales, lo que podría derivar en un aumento de litigios entre propietarios e inquilinos. Mientras no se alcance un nuevo consenso político que dé estabilidad a la normativa, miles de arrendatarios permanecerán en una situación de vulnerabilidad ante posibles subidas de precio o finalización de contratos, evidenciando la urgencia de una solución estructural que aporte certidumbre al sistema.