Hay personas para quienes encontrar trabajo no es una cuestión de currículum ni de entrevistas, sino de superar barreras mucho más profundas. Para ellas existen las empresas de inserción: entidades que combinan actividad económica real con acompañamiento social, y que en la Comunitat Valenciana cuentan ahora con un respaldo público de más de cuatro millones de euros en ayudas activas impulsadas por Labora, el Servicio Valenciano de Empleo y Formación.
La vicepresidenta primera y consellera de Vivienda, Empleo, Juventud e Igualdad, Susana Camarero, visitó recientemente la empresa de inserción Koopera Mediterránea para conocer de primera mano cómo funciona este modelo. Durante el recorrido, pudo ver de cerca los programas que desarrolla la entidad en ámbitos como la reutilización, el reciclaje, la economía circular y la inserción sociolaboral, un ejemplo concreto de cómo una empresa puede generar beneficio económico y, al mismo tiempo, transformar vidas.
"Las empresas de inserción generan empleo, formación y acompañamiento social, y con ello permiten que muchas personas puedan recuperar autonomía y acceder a nuevas oportunidades laborales" - Susana Camarero, vicepresidenta primera y consellera de Vivienda, Empleo, Juventud e Igualdad de la Generalitat Valenciana
Un fondo de más de cuatro millones con destinatarios muy concretos
Las ayudas que mantiene abiertas Labora tienen un doble objetivo: apoyar la contratación de personas en situación o riesgo de exclusión social y fomentar la creación de nuevos puestos de trabajo dentro de las empresas de inserción. Para acceder a ellas, las entidades beneficiarias deben haber sido calificadas con carácter definitivo por Labora y contratar personas en situación de exclusión social. No se trata, por tanto, de subvenciones genéricas, sino de un instrumento diseñado para llegar a quienes más lo necesitan.
Las bases reguladoras de estas ayudas atribuyen a las empresas de inserción la ejecución del servicio de reintegración en el mercado laboral y la protección e inclusión social de grupos vulnerables como servicio de interés económico general. En la práctica, eso significa que estas entidades no son solo empresas: son también un servicio público externalizado que el Estado reconoce como esencial.
Actualmente, la Comunitat Valenciana cuenta con doce empresas de inserción cualificadas e inscritas en el registro autonómico dependiente de Labora. Son pocas, pero su impacto es significativo: cada una de ellas debe contar en plantilla con personal técnico de apoyo sociolaboral y de apoyo a la actividad productiva para atender a las personas en situación o riesgo de exclusión. No basta con darles un contrato; hay que acompañarlas en el proceso.
Economía social que también suma retorno económico
Koopera Mediterránea es uno de esos doce engranajes del sistema. Su actividad en torno a la economía circular —recogida de ropa, reutilización de objetos, reciclaje— no solo tiene sentido medioambiental, sino también social: es el contexto en el que personas con dificultades de acceso al empleo aprenden un oficio, recuperan rutinas y reconstruyen una trayectoria laboral. Camarero destacó que este tipo de entidades representan "un ejemplo de cómo la economía social puede generar impacto económico y también un importante retorno social".
Es un argumento que va más allá de la solidaridad. Cuando una persona en riesgo de exclusión accede a un empleo estable, reduce su dependencia de ayudas públicas, contribuye con cotizaciones a la seguridad social y, en muchos casos, arrastra consigo a su entorno familiar. El coste de la exclusión, en definitiva, siempre es mayor que el de la inclusión.
Discapacidad y exclusión: dos frentes, una misma apuesta
La visita a Koopera Mediterránea sirvió también para recordar que la inclusión laboral no se agota en un único programa. La Generalitat también destina este año cerca de 53 millones de euros para apoyar el empleo de personas con discapacidad en los 142 centros especiales de empleo registrados en la Comunitat Valenciana, otra línea de Labora que opera en paralelo con las empresas de inserción.
Son cifras que revelan la escala del compromiso: más de cuatro millones para empresas de inserción, cerca de 53 millones para centros especiales de empleo. Dos instrumentos distintos para dos realidades que, con frecuencia, se solapan. Porque la vulnerabilidad social y la discapacidad no siempre se presentan por separado, y las políticas activas de empleo deben estar preparadas para responder a esa complejidad.
Camarero subrayó que la inserción laboral constituye "una de las mejores herramientas de inclusión social" y reiteró que la Generalitat seguirá impulsando políticas orientadas a que nadie quede fuera del mercado de trabajo. En un contexto en el que el empleo sigue siendo la palanca más poderosa para salir de la pobreza, apostar por quienes tienen más dificultades para acceder a él no es solo una política social: es también una inversión con retorno garantizado.