Independizarse se ha convertido en una misión casi imposible para la mayoría de jóvenes, un sueño que se desvanece entre alquileres desorbitados y sueldos que apenas cubren lo básico. El último informe del Observatorio de Emancipación del Consejo de la Juventud de España (CJE) lo confirma con un dato demoledor, ya que solo el 15,2% de las personas jóvenes vive fuera del hogar familiar, la cifra más baja registrada en un segundo semestre desde 2006.
El principal obstáculo continúa siendo el acceso a una vivienda digna. Y es que el precio medio del alquiler ha alcanzado un máximo histórico de 1.080 euros mensuales, un 11,6% más que en el mismo periodo del año anterior. Esto significa que una persona joven asalariada tendría que destinar el 92,3% de su sueldo para vivir sola, una proporción que deja prácticamente sin margen para otros gastos básicos y que obliga a buscar alternativas menos deseadas, como compartir piso o seguir viviendo con la familia.
De hecho, el 57,9% de los jóvenes emancipados vive de alquiler y, entre ellos, casi un tercio comparte vivienda para poder afrontar los gastos. Incluso alquilar una habitación, con un precio medio de 380 euros, supone un esfuerzo notable cuando los ingresos son limitados.
Pero el panorama no es mejor en el mercado de compraventa. El precio medio de una vivienda se sitúa en 197.210 euros, lo que equivale a 14 años de salario juvenil. Solo la entrada necesaria para adquirirla —unos 59.163 euros— supone cuatro años completos de sueldo para una persona joven. Esta barrera económica, sumada a la precariedad laboral, retrasa la independencia residencial y prolonga la permanencia en el hogar familiar.
Desempleo y precariedad laboral
Aunque el mercado laboral muestra ciertos signos de recuperación, estos no bastan para revertir la situación. La tasa de paro juvenil general bajó al 19,1%, el valor más bajo desde 2007, pero entre las personas menores de 25 años el desempleo todavía alcanza el 24,9%. Además, un 35,5% de quienes trabajan compaginan empleo con estudios, una cifra que se eleva al 40,5% en el caso de las mujeres jóvenes. La sobrecualificación también es un problema extendido: el 36,2% de la juventud ocupada desempeña puestos por debajo de su nivel formativo, lo que limita sus posibilidades de mejora salarial y de acceso a una vivienda.
La precariedad laboral tiene consecuencias directas en la calidad de vida y en la estabilidad económica. En 2024, el 30% de las personas jóvenes estaba en riesgo de pobreza o exclusión social, y lo más preocupante es que casi uno de cada cinco jóvenes con empleo (18,8%) también se encuentra en esta situación. Entre quienes están en paro, el porcentaje supera el 50%. Estos datos ponen de manifiesto que tener trabajo ya no garantiza una vida independiente ni libre de dificultades económicas.
En cuanto al nivel educativo, el informe muestra que más de seis de cada diez jóvenes han superado la educación obligatoria y un 29,8% cuenta con estudios superiores. Aunque la formación reduce el riesgo de desempleo —la tasa de paro entre quienes tienen estudios universitarios es del 13,4%, frente al 42,3% de quienes solo cuentan con estudios primarios—, no elimina las barreras que impone el elevado coste de la vivienda.
Un problema que va más allá de la vivienda
El Observatorio de Emancipación concluye que, pese a la mejora parcial de algunos indicadores laborales, la falta de acceso a una vivienda digna sigue siendo el freno principal para que la juventud española pueda desarrollar un proyecto vital independiente. La situación actual perpetúa un escenario en el que se combinan precariedad, sobreendeudamiento y riesgo de pobreza, con consecuencias que van más allá de lo económico: desde un deterioro de la salud mental hasta la imposibilidad de formar nuevos hogares, lo que agrava problemas como el envejecimiento poblacional y la baja natalidad.
Ante este panorama, el Consejo de la Juventud de España reclama al Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana la apertura de un canal activo y periódico para seguir de cerca la evolución de la situación juvenil y reformar las políticas que no están dando resultados. Entre las medidas urgentes que proponen se encuentra la aplicación efectiva de la Ley por el Derecho a la Vivienda, la reforma del Bono Alquiler Joven para garantizar que llegue realmente a toda la población joven que lo necesita y la construcción de un parque público de vivienda con al menos un 40% destinado a este colectivo.
Mientras tanto, este informe refleja que la independencia residencial continúa siendo uno de los grandes desafíos de la población joven. La dificultad para acceder a una vivienda y las condiciones laborales siguen marcando el ritmo al que pueden construir su vida fuera del hogar familiar. Las cifras de 2024 confirman que se está avanzando hacia una generación joven que se ha convertido en “eterna residente” en casa de sus padres.