La riada que el 29 de octubre de 2024 arrasó decenas de municipios de la provincia de Valencia no solo dejó un rastro de destrucción y más de 220 víctimas mortales. También dejó, según quienes trabajaron sobre el terreno, una lección que pocas veces se verbaliza en los foros institucionales: cuando las estructuras colapsan, el talento y la resiliencia de las mujeres en la función pública se vuelven imprescindibles. Esa fue, precisamente, la idea fuerza que abrió el VIII Congreso 'Mujeres en el Sector Público', celebrado en el CaixaForum de Valencia con la colaboración de la Diputació de València.
La DANA como espejo de un liderazgo silenciado
Natàlia Enguix, vicepresidenta primera y responsable de Igualdad de la Diputació de València, fue la encargada de articular ese vínculo entre la catástrofe y el debate sobre la igualdad en la administración. En su intervención, Enguix puso en valor explícitamente el trabajo de las técnicas de la corporación provincial durante el proceso de reconstrucción, y lo usó como palanca argumentativa para reclamar más presencia femenina en los espacios de decisión.
"Los poderes públicos necesitan más mujeres en los espacios de decisión, más perspectiva de género en sus políticas y más herramientas para combatir las desigualdades estructurales del sistema." - Natàlia Enguix, vicepresidenta primera y diputada de Igualdad de la Diputació de València
No es una afirmación retórica vacía. Detrás de las palabras de Enguix hay nombres concretos: tres trabajadoras de la Diputació de València intervinieron como ponentes en el congreso. María Jesús Langa, jefa de sección de bases de datos; Llúcia Imbernón, jefa de sección de Cooperación Municipal; y Mónica Laura Alonso, jefa de servicio de proyectos en el área de Carreteras. Técnicas de perfil medio, lejos de los grandes despachos, que en los meses posteriores a la DANA gestionaron desde sus puestos parte de la respuesta institucional a la catástrofe.
Un congreso con lema propio: "Mujeres que transforman el sector público"
Bajo ese título, la octava edición del congreso abordó en Valencia un programa ambicioso y de marcado carácter práctico. La contratación estratégica con perspectiva de género, las sinergias de liderazgo entre administración y empresa, la gestión pública en tiempos de crisis y el papel de las juristas en la evolución normativa e institucional fueron los cuatro grandes ejes de debate. La elección de Valencia como sede no fue casual: la ciudad sigue atravesando el largo proceso de reconstrucción post-DANA, y ese contexto impregna cualquier conversación sobre eficacia institucional.
El acto fue inaugurado por Manuel Pastor, director del Instituto Nacional de Administración Pública (INAP), junto a Carmen Seisdedos, presidenta de la asociación Mujeres en el Sector Público, y Álvaro Borrás, director de CaixaForum Valencia. El auditorio registró lleno completo, con cerca de una veintena de ponentes entre profesoras universitarias, juristas, consejeras de tribunales y altas funcionarias del Estado.
Obstáculos que persisten: del techo de cristal a la brecha en los complementos salariales
Enguix no evitó señalar la contradicción de fondo: se reivindica el liderazgo femenino en la función pública mientras persisten obstáculos estructurales que lo dificultan. La diputada enumeró sin rodeos las barreras que siguen frenando a las mujeres en la administración: dificultades para acceder a puestos directivos, diferencias salariales en los complementos, la feminización de la conciliación como freno a la promoción profesional y la falta de paridad en los órganos de toma de decisiones. Un retrato que, en muchos aspectos, no difiere del que podría dibujarse en el sector privado.
"Igual que en otros ámbitos, tampoco lo tenemos fácil para llegar a puestos directivos, y nos encontramos con diferencias salariales en los complementos." - Natàlia Enguix, vicepresidenta primera y diputada de Igualdad de la Diputació de València
Frente a ese escenario, Enguix reivindicó el papel de asociaciones como Mujeres en el Sector Público como ese "motor invisible y transformador" que mantiene vivo el impulso colectivo donde las políticas institucionales no llegan. Una metáfora que resume bien la paradoja de muchas iniciativas de igualdad: imprescindibles precisamente porque el sistema todavía no funciona solo.
El asociacionismo como aliado estratégico de las instituciones
Uno de los argumentos centrales del discurso de Enguix fue la defensa de la sinergia entre instituciones públicas y tejido asociativo. Para la vicepresidenta de la Diputació, las administraciones tienen la responsabilidad de impulsar políticas de igualdad real, pero esas políticas solo cobran efectividad cuando se construyen "en alianza con quien trabaja sobre el terreno", es decir, con el movimiento asociativo.
En ese marco, el congreso persigue reforzar el liderazgo de las mujeres en la toma de decisiones públicas, especialmente en contextos de crisis, y visibilizar el talento femenino en el sector público, destacando su impacto en la mejora normativa, la innovación administrativa y la calidad de los servicios públicos. Un objetivo que, a juzgar por la nómina de ponentes reunidas en Valencia, encontró argumentos sobrados para sostenerse.
Entre las especialistas que participaron en el congreso figuraron Patricia Boix, letrada mayor del Consell Jurídic Consultiu; Elena Hernáez, consejera del Tribunal de Cuentas; Mª de la Concepción Ordiz, presidenta del Tribunal Central de Recursos Contractuales; María Emilia Adán, exdecana del Colegio de Registradores de España; Rosa Vidal, abogada del Estado; Teresa Rodríguez de las Heras, catedrática de Derecho Mercantil en la Universidad Carlos III y experta en inteligencia artificial; Mª Ángeles Guervós, decana de la Facultad de Derecho de la Universidad de Salamanca; y Mª Esther Pilar Rojo, presidenta del Observatorio contra la Violencia de Género y vocal del Consejo General del Poder Judicial.
El congreso cerró así una jornada que, más allá de las ponencias y las mesas redondas, planteó una pregunta incómoda y necesaria: si las mujeres han demostrado su capacidad de gestión incluso en las circunstancias más extremas —como lo fue la DANA—, ¿qué justifica que sigan siendo minoría en los espacios donde se toman las decisiones que afectan a toda la ciudadanía?