Tres semanas de huelga indefinida, más de 800.000 alumnos afectados y el final de curso a la vuelta de la esquina. Ese es el escenario al que se enfrenta la Comunitat Valenciana mientras los equipos directivos de los colegios e institutos públicos aguardaban una respuesta clara de la Administración. Esta semana llegó, en forma de instrucciones oficiales remitidas por la Secretaría Autonómica de Educación a todos los centros educativos públicos de la comunidad.
Una huelga que no puede paralizar las notas
La medida es tan concreta como necesaria: garantizar que ningún alumno o alumna termine el curso 2025-2026 sin una calificación, independientemente de si su profesor o profesora ha secundado la huelga. La huelga indefinida, convocada a partir del 11 de mayo de 2026, afecta a cerca de 78.000 docentes de la enseñanza pública valenciana, lo que la convierte en uno de los conflictos laborales más significativos del sector educativo autonómico en los últimos años. Las reivindicaciones principales giran en torno a las condiciones salariales: la Generalitat ha ofrecido una subida de 200 euros brutos de forma progresiva hasta 2028 , propuesta que los sindicatos no han considerado suficiente.
En ese contexto de tensión, la Conselleria de Educación ha optado por despejar la incertidumbre con un paquete de instrucciones cuyo objetivo declarado es ofrecer seguridad jurídica a los equipos directivos y docentes, al tiempo que se preserva el derecho del alumnado a una evaluación objetiva. La Administración recuerda que ese derecho está protegido tanto por la normativa estatal como por la autonómica, y que no puede quedar en suspenso por una situación de conflicto laboral, por legítima que esta sea.
Ahora bien, conviene matizar un punto que puede prestarse a confusión: estas medidas no modifican ni amplían los servicios mínimos establecidos para la huelga ni recortan el derecho de los docentes a ejercerla. La Conselleria actúa sobre la evaluación, no sobre la protesta.
Cómo se evaluará al alumnado sin calificaciones completas
La clave del protocolo reside en una idea que, si se piensa bien, resulta bastante lógica: la evaluación en el sistema educativo español no se reduce a un examen final. Tiene carácter continuo. Por eso, las instrucciones establecen que las calificaciones podrán fijarse utilizando todos los elementos objetivos disponibles: las notas e informes de la primera y segunda evaluación, y las pruebas de la tercera de las que exista constancia fehaciente. En otras palabras, el historial académico del alumno a lo largo del curso habla por sí solo.
Además, se incluye una salvaguarda especialmente relevante para los estudiantes: las materias o ámbitos que lleguen sin calificar a la sesión de evaluación correspondiente se considerarán superadas, salvo que exista una calificación negativa que justifique lo contrario. El principio que subyace es claro —la duda beneficia al alumno— y evita que la paralización provocada por la huelga se traduzca en un suspenso injustificado.
Formación Profesional: un caso especial
Las instrucciones contemplan también las particularidades de la Formación Profesional, donde la evaluación no puede desvincularse tan fácilmente del tiempo de impartición. En este caso, un módulo profesional podrá evaluarse y calificarse cuando se haya impartido al menos el 75% del horario previsto. Es un umbral razonable: si se ha cursado casi la totalidad del contenido, existe base suficiente para emitir una calificación.
Cuando ese porcentaje no se alcance, el camino es distinto. En lugar de una calificación final, se emitirá una valoración parcial de los resultados de aprendizaje acreditados, lo que permitirá, en su caso, una acreditación parcial de competencias. No es el escenario ideal para un estudiante de FP, pero supone un mecanismo de protección que evita partir de cero en futuras convocatorias.
Promoción, titulación y pruebas de acceso
Más allá de las calificaciones individuales, las instrucciones también regulan cómo deben funcionar las sesiones de evaluación colectivas y las decisiones sobre promoción y titulación. El criterio general es que el alumnado promocionará o será propuesto para la obtención de su título correspondiente, salvo que haya evidencias suficientes que justifiquen lo contrario. De nuevo, la presunción favorable al estudiante.
El protocolo alcanza igualmente a las pruebas de acceso, de certificación y otras evaluaciones del calendario escolar, para las que se establecen los ajustes organizativos necesarios, especialmente en aquellos casos en que las fechas dependan directamente de los propios centros.
Unos 260 integrantes de equipos directivos han firmado ya su dimisión en apoyo a la huelga indefinida de docentes , una cifra que ilustra la profundidad del malestar en el sector. El president de la Generalitat, Juan Francisco Pérez Llorca, ha afirmado que el Gobierno valenciano tiene voluntad de solucionar el conflicto educativo , aunque las negociaciones avanzan con dificultad. En ese escenario de incertidumbre, las instrucciones enviadas a los centros no son solo un protocolo administrativo: son también un mensaje a las familias. Que el curso terminará. Que habrá notas. Y que, pase lo que pase en la mesa de negociación, ningún alumno pagará con su expediente el precio de un conflicto que, en última instancia, es entre adultos.