En plena huelga indefinida del profesorado que sacude la enseñanza pública no universitaria de la Comunitat Valenciana desde el 11 de mayo de 2026, la Conselleria de Educación, Cultura y Universidades ha tomado una decisión que no admite grises: servicios mínimos del 100% para todo el personal docente encargado de las pruebas de acceso a ciclos formativos de Grado Medio y de Grado Superior de Formación Profesional. Dicho de otro modo, en esas aulas concretas, el día del examen, la huelga no podrá interrumpir nada.
Una medida quirúrgica en medio del conflicto
La medida se articula como una revisión de la Resolución de 7 de mayo de 2026, que ya establecía los servicios esenciales mínimos en los centros educativos públicos afectados por el paro. Ahora, la Generalitat amplía esa cobertura de forma específica para proteger unos exámenes que, a diferencia de muchos otros, tienen consecuencias directas e inmediatas en la trayectoria académica de quienes se presentan. Un suspenso administrativo —es decir, no poder realizar la prueba por falta de profesorado— podría cerrar la puerta de entrada a un ciclo formativo durante, al menos, un año más.
No es la primera vez que se recurre a esta fórmula. La decisión replica exactamente lo ya aplicado con las pruebas de la PAU, la selectividad universitaria, que también quedó blindada durante este mismo conflicto laboral. La coherencia del criterio es clara: cuando una evaluación marca un cambio de etapa educativa, la Administración considera que no puede quedar a merced de la coyuntura sindical.
El derecho a la educación frente al derecho a la huelga
Detrás de esta resolución hay un debate jurídico y político de fondo que en España tiene larga historia. El Tribunal Constitucional ha construido una doctrina consolidada sobre la necesidad de preservar aquellos actos cuya interrupción pueda generar situaciones de desigualdad o exclusión educativa. La Conselleria invoca expresamente esa doctrina para amparar legalmente su decisión. No se trata, según la Generalitat, de negar el derecho de huelga, sino de compatibilizarlo con la garantía de los servicios esenciales de la comunidad.
La tensión entre ambos derechos es real y, a veces, incómoda. Los sindicatos que sostienen el paro indefinido —que desde el 11 de mayo ha sacado a miles de personas a la calle en la Comunitat Valenciana — llevan semanas reclamando mejoras salariales y condiciones laborales que la Administración ha ido negociando de forma progresiva. El Gobierno Valenciano llegó a subir su propuesta de aumento salarial hasta 200 euros al mes en el complemento autonómico, con aplicación progresiva. Aun así, a los sindicatos no les parece suficiente.
Qué garantiza exactamente la resolución
El alcance de la medida va más allá del día del examen en sí. La resolución cubre también todas las actuaciones posteriores de evaluación, calificación y certificación de las pruebas de acceso. Es decir, que el alumno no solo pueda sentarse a hacer el examen, sino que ese examen sea corregido, calificado y certificado en los plazos previstos, sin que la huelga pueda interrumpir ninguno de esos eslabones. Con ello, la Generalitat pretende asegurar que el alumnado valenciano pueda participar en igualdad de condiciones en el procedimiento de admisión académica.
La lógica que subyace es sencilla pero poderosa: si dos estudiantes con idéntico nivel de preparación se presentan al mismo examen, uno en Valencia y otro en una comunidad sin huelga, el resultado no puede depender de si hay o no un conflicto laboral en el sistema educativo. Eso, según la Administración, sería una forma de exclusión educativa que la ley no puede tolerar.
Un conflicto que aún busca salida
Mientras los exámenes quedan protegidos por decreto, la huelga indefinida del profesorado de la Comunitat Valenciana podría estar próxima a su fin , según las últimas señales de las negociaciones. Fuentes de la Generalitat han subrayado que "todas las partes quieren lo mismo: mejorar el sistema educativo de la Comunitat Valenciana". Sin embargo, mientras ese acuerdo no se firme, miles de estudiantes que aspiran a un ciclo de Formación Profesional saben ya que su cita con el examen tiene, al menos, una certeza: se celebrará.