La Asociación de Vecinos de La Punta La Unificadora, Per l'Horta y la Comissió Ciutat-Port han celebrado la anulación por parte del TSJCV del Plan Especial de la ZAL del puerto de València tras "28 años de lucha incansable" y de "dejarse la vida", pero han pedido "responsabilidades políticas", una "reparación" hacia los afectados, "decidir sobre su futuro" y que este espacio sea objeto de una regeneración verde.
Activistas de estas organizaciones han ofrecido este sábado una rueda de prensa para valorar la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana que estima el recurso presentado por La Unificadora y anula el Plan Especial de la ZAL en La Punta.
En el acto ha participado Mireia Vidal, miembro de La Unificadora y "afectada directa", que ha pedido no "deshumanizar" La Punta, un "pueblo arrasado", y ha insistido en que "no son unos terrenos, son aún más, es un pueblo donde vivían personas" y, por ello, hace falta "mucho más que revertir" su estado. "Las personas afectadas queremos decidir sobre lo que se hace con nuestro pueblo", ha subrayado, y ha exigido una "reparación" para los vecinos y "hablar públicamente de que no se ha hecho una lucha tan larga y continuada en todo el estado español".
La activista, visiblemente emocionada, ha leído los nombres de los vecinos que ya no están y "no podrán celebrar" la sentencia. "Hace cerca de 28 años que estamos fuera de nuestras casas y nuestro pueblo ha sido arrasado por este plan que no tenía ningún sentido desde el principio y no lo tendrá nunca. Nos hemos dejado la vida", ha subrayado.
Por parte de Per L'Horta y de la Comissió Ciutat-Port, Antonio Montiel ha reclamado que la Generalitat y el Ayuntamiento "hagan cumplir inmediatamente el mandato del tribunal", al tiempo que ha señalado que el plan ahora anulado era la "enésima versión" del que se declaró nulo en 2009.
"EFECTO INMEDIATO"
Montiel ha afirmado que el "efecto inmediato" de la sentencia es que ese suelo no se considera urbanizable --"que lo hayan llenado de cemento es una aberración y una ilegalidad", ha apostillado-- y ha sostenido que, si pretendían invertir 3,3 millones en su acondicionamiento, "cuesta lo mismo desurbanizar lo construido ilegalmente que urbanizar lo que no se puede ocupar". "El puerto, que dice que tiene que ir creciendo, lo ha hecho continuamente más de 20 años sin ZAL", ha remarcado.
En ese sentido, ha criticado que el Botànic y el Ayuntamiento de València siguiesen la "lógica errónea de intentar dar visos de legalidad a un plan que nació viciado y fue un auténtico destrozo".
También ha incidido en que el inicio de las obras de acondicionamiento para la recepción municipal de la ZAL, que arrancaron en julio, fue una "política de hechos consumados" y en que las organizaciones advirtieron al consistorio que no diese la licencia a la espera de conocer el resultado tanto de este recurso como de otro impuesto por Per L'Horta y que, tras esta decisión judicial, confían en que tenga el mismo desenlace. Montiel ha concluido que que "en cualquier país civilizado" los responsables de esta actuación "deberían haber dimitido hace tiempo".
"OPORTUNIDAD ÚNICA"
El portavoz de Per L'Horta, Josep Gavaldà, espera que después de la sentencia tanto el Ayuntamiento como el Consell "se den cuenta de que es absolutamente insensato, cuando tienen un parque natural a unos kilómetros de la ciudad, ubicar un polígono industrial dentro", y ha pedido que desistan de una ZAL que "no es progreso, solo desastre territorial, social y paisajístico"
En lugar de esta ZAL, reclama que es "absolutamente prioritario conectar en verde las dos grandes conquistas que la ciudad consiguió en los 70" y que se abre una "oportunidad única" de unir el Turia y El Saler.
"Sé que restituir parcela por parcela, alquería por alquería para reparar a los herederos de la gente es lo más justo, pero siendo realista es complicado. Lo que se puede que wa hacer un proyecto de intervención territorial y paisajística, y no se tarta de poner arbolisto, sino en sentido de teoría de ecología del paisaje", ha defendido Gavaldà, que señala que pidieron un dictamen de un gabinete de Madrid sobre cómo podría a realizarse y que trasladaron que a partir de 4 millones de euros podían llevarse a cabo actuaciones significativas en esta línea.
"DEPURAR RESPONSABILIDADES"
Desde la Comissió Ciutat-Port, Pau Monasterio ha señalado que "una forma de no repetir otra vez este ciclo de políticas de hechos consumados sería depurar responsabilidades". "No podemos permitir que se normalice encadenar uno y otro proyecto con el mismo modus operandi". "Hasta que no se depuren responsabilidad y no sean coherentes con las cosas que dicen, esto no va a acabar nunca", ha lamentado.
Monasterio ha calificado de "indignante que tenga que ser la ciudadanía, los colectivos sociales y la sociedad civil, sin apenas herramientas y recursos, quienes velen por que las cosas se hagan bien, quienes velen por las futuras generaciones, por el uso razonable de los recursos económicas y por la dignidad de aquellas personas que habitan el territorio". "Demuestra que la autoridad no tiene nada que ver con la responsabilidad, que es lo que se pide".
Además, ha hecho hincapié en los "paralelismos" entre este proceso y el proyecto de ampliación del puerto de València, "derivados de megainfraestructuras", con una ciudadanía "profundamente afectada" y destinando "dineros de todos en inversiones que están parando continuamente los tribunales" en una línea de actuación "totalmente descontextualizada con los tiempos de ahora y el cambio climático".