La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de València ha adjudicado este jueves el contrato para la gestión del Centro de Día Fuente de San Luis, el único equipamiento de este tipo en la red municipal de la ciudad dedicado exclusivamente a personas con discapacidad intelectual. El importe del acuerdo asciende a 2.881.501,01 euros (IVA incluido) y su vigencia se extenderá durante los próximos tres años, con posibilidad de dos prórrogas anuales adicionales, lo que podría alargar la relación contractual hasta 2029.
Un centro con más de dos décadas de historia
No es un equipamiento cualquiera. El Centro de Día Municipal Fuente de San Luis lleva más de veinte años en funcionamiento y se ha consolidado como un referente en la ciudad de Valencia en la atención a personas con discapacidad intelectual. El Ayuntamiento de Valencia es titular, además, de tres centros ocupacionales municipales —Isabel de Villena, Juan de Garay y Grabador Planes—, siendo Fuente de San Luis el único centro de día de esta red especializada.
Este recurso municipal tiene una capacidad de 35 plazas para acoger a personas de edades comprendidas entre los 16 y los 65 años. Una franja de edad amplia que da idea de la diversidad de perfiles que atiende a diario: desde jóvenes que acaban de salir de la etapa educativa hasta adultos que, sin este tipo de apoyo, podrían verse abocados al aislamiento o al internamiento en centros residenciales. Este recurso municipal proporciona atención asistencial y tratamiento integral a este colectivo para evitar el internamiento, al tiempo que da apoyo psicosocial y orientación familiar.
Qué servicios se prestan y cómo se accede
Los servicios que ofrece el centro incluyen el desarrollo de la autonomía personal, atención terapéutica, rehabilitación, orientación familiar y ocio. Pero la oferta va más allá: el equipamiento también cuenta con servicios auxiliares como fisioterapia, animación, transporte, comedor y mantenimiento de las instalaciones. Una red de apoyo que, en la práctica, permite a muchas familias conciliar su vida laboral con el cuidado de un familiar con discapacidad.
La solicitud de plaza se formaliza a través del reconocimiento de la situación de dependencia en los centros municipales de Servicios Sociales. Es decir, el acceso no es libre ni inmediato: requiere un proceso de evaluación que determina el grado de necesidad de cada persona. Un trámite que, para quienes lo atraviesan, puede marcar un antes y un después en la vida cotidiana de toda una familia.
La misma empresa, un contrato renovado y solo un licitador
La adjudicataria es La Terreta Serveis Socials Coop, la misma entidad que ya venía prestando el servicio en virtud de la última prórroga del contrato anterior. Y aquí aparece un dato que merece atención: ha sido la única empresa que ha concurrido a esta nueva convocatoria pública. Cuando solo un licitador se presenta a un concurso de casi tres millones de euros, la pregunta se impone sola: ¿refleja la especialización del sector o la escasa competencia en este ámbito?
El recorrido contractual de este centro ilustra bien cómo funcionan este tipo de servicios en la administración local. En julio de 2020 se aprobó el contrato inicial con la mercantil Pivinet para cubrir los gastos de este centro municipal, con una duración de tres años —hasta septiembre de 2023— y un presupuesto de 1.751.477 euros. En el documento se preveía la posibilidad de realizar dos prórrogas por un periodo de un año cada una. La primera se aprobó en julio de 2023. La segunda prórroga tuvo una duración de un año a contar desde septiembre de 2024, con un presupuesto total de 583.825 euros, y fue adjudicada a Terreta Serveis Socials.
Agotadas ambas prórrogas y cumplidos todos los plazos previstos en aquel primer contrato, se abrió una nueva convocatoria pública para las siguientes tres anualidades, a contar desde el 1 de mayo de 2026, o desde la fecha de formalización, hasta el mismo día de 2029. El resultado: 2,8 millones de euros para garantizar la continuidad de un servicio que, para 35 personas y sus familias, es mucho más que un contrato administrativo.
Lo que este expediente pone de manifiesto, más allá de los números, es la dependencia estructural que tienen ciertos servicios sociales de la gestión externalizada. Cada vez que vence un contrato, la continuidad asistencial queda, al menos formalmente, en el aire. Que en esta ocasión solo una empresa se haya presentado a la licitación no es, en sí mismo, un problema, pero sí una señal de un mercado estrecho en el que la especialización y la experiencia acumulada pesan tanto como el precio.