La construcción de vivienda pública y de alquiler asequible como solución a la emergencia habitacional fue uno de los compromisos electorales de María José Catalá durante su carrera a la alcaldía de la ciudad de València. De hecho, en marzo de 2023, la entonces candidata del Partido Popular a ser alcaldesa, presentó su plan para crear más de 1000 viviendas en ocho barrios de la capital valenciana poniendo como fecha tope el final de la legislatura.
Ya como alcaldesa, Catalá reafirmó su apuesta por la creación de vivienda de titularidad pública durante el desayuno informativo organizado por Nueva Economía Fórum en el que hizo balance de sus primeros ocho meses en el cargo y donde anunció que a finales del primer trimestre de este año, el Ayuntamiento de València estaría “gestionando proyectos de construcción de 846 viviendas de protección pública”. En esa línea, el Gobierno de PP y Vox prevé que antes de verano ya hayan comenzado los trámites para los más de 800 nuevos pisos de alquiler asequible.
Ahora, ese ambicioso plan para incrementar el parque de vivienda pública en València empieza a materializarse con la reactivación de algunos proyectos residenciales que no se desarrollaron durante la última legislatura. De hecho, el concejal de Urbanismo y Vivienda, Juan Giner, ha criticado que durante los ocho años del Gobierno del Rialto, formado por PSPV y Compromís, “tan solo se construyeran 14 viviendas”, destaca el edil.
Así, el Ayuntamiento de València cuenta con tres vías a través de las que completar ese plan de creación de vivienda pública. La primera de ellas es la Sociedad Anónima Municipal Actuaciones Urbanas de València (AUMSA), una entidad que cuenta con un plan de construcción de 327 viviendas de las que, según destacan fuentes municipales, “solo se habían finalizado tres y había otras que estaban paradas” como el edificio de Tarongers de 75 viviendas públicas cuyos trabajos se paralizaron cuando se produjeron asentamientos del terreno. “Con AUMSA hemos apretado el acelerador para acabar la construcción de las viviendas diseñadas, pero que estaban paralizadas”, relatan fuentes municipales a València Extra.
En segundo lugar, la Delegación de Vivienda ha impulsado dos proyectos de 72 viviendas. Entre las iniciativas que ya se han reactivado se encuentra la construcción de 59 viviendas destinadas al alquiler asequible en la calle Pintor Sabater de València, una iniciativa del que “ya se ha iniciado el expediente de contratación”. Además, actualmente se está redactando el proyecto de ejecución que permitirá la creación de 12 nuevas unidades habitacionales de alquiler asequible en la calle Músic Chapí. Estos dos bloques de viviendas estarán ubicados en el distrito de Quatre Carreres.
La última de las vías con las que cuenta el Ayuntamiento actualmente es la sociedad Plan Cabanyal-Canyamelar mediante la que ya se ha adjudicado la construcción de dos nuevos edificios de 50 viviendas donde se realojarán a los propietarios de los Bloques Portuarios. Dos nuevas infraestructuras residenciales que tendrán un coste de 9,5 millones de euros y que se prevén que estén “prácticamente construidos” a finales de esta legislatura, en mayo de 2027, detalló la alcaldesa María José Catalá durante su visita a esta zona de València.
508 viviendas de protección pública en cinco barrios de València
Además de las actuaciones en los Bloques Portuarios y Quatre Carreres, el Ayuntamiento de València prevé conseguir la propiedad a través del derecho superficie de nueve parcelas distribuidas en cinco barrios de la ciudad para construir viviendas de protección pública (VPP). En ese sentido, la Delegación de Vivienda prevé edificar en total 508 viviendas de alquiler asequible en esas nueve parcelas, que suman en conjunto 11.000 metros cuadrados de superficie, y que se ubican en los barrios de Malilla, Ruzafa, Massarojos, Nou Moles y Faitanar.
Ahora, el departamento municipal se encuentra “ultimando los pliegos” en los que se incluirán las parcelas donde se pretende edificar para, posteriormente, abrir el plazo de recepción de ofertas de las empresas interesadas en su construcción. “La idea es que el Ayuntamiento tenga la propiedad de esos solares que se destinarán a alquiler asequible y adjudicar la obra a una empresa que haga la gestión directa de esos edificios durante un determinado número de años”, especifican desde el servicio municipal de Vivienda. Una vez finalice el plazo de gestión asignado a la empresa, “esos edificios de protección pública pasarán a formar parte del Ayuntamiento, por lo que este nunca pierde, sino que incrementa su patrimonio”, añaden.
La oposición aboga por declarar València una zona tensionada
Desde la oposición, Compromís y PSPV achacan como uno de los motivos de la dificultad de la ciudadanía para acceder a una vivienda el aumento de los apartamentos turísticos ilegales. Por un lado, el PSPV alega que se han incrementado en un 40 % los apartamentos de esta tipología (de 7318 en 2023 a los 10.286 actualmente), según datos de Visit Valencia —el servicio turístico de la ciudad que depende del Ayuntamiento— .
Asimismo, el grupo socialista envió una petición por carta a Isabel Rodríguez, ministra de Vivienda, para declarar València como una zona tensionada y que, así, se pudiera aplicar la Ley de Vivienda estatal y limitar el precio de los alquileres. Una medida que también defienden desde Compromís, ya que la formación presentó una moción en el último pleno municipal, pero que finalmente fue descartada por el Gobierno de PP y Vox.