Subir las escaleras a casa. Para la mayoría es un gesto rutinario que apenas merece un pensamiento. Para millones de personas con discapacidad, movilidad reducida o simplemente avanzada edad, ese trayecto puede ser cada día una barrera real. La Generalitat Valenciana ha decidido afrontar ese problema de frente: con legislación, con dinero y con un nuevo enfoque que sitúa la accesibilidad en el centro de la política de vivienda.
Un congreso internacional como escenario para un anuncio con cifras concretas
Trinidad Ortiz, directora general de Innovación y Transformación Urbana, eligió el I Congreso Internacional de Arquitectura y Accesibilidad Universal (INHABIC) para exponer el estado de la estrategia autonómica en esta materia. El encuentro, organizado por la Fundación Asindown y la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de la Universitat Politècnica de València (ETSA-UPV) a través de la Càtedra Innovació en Habitatge, reunió a profesionales, investigadores y académicos con un interés común: diseñar entornos que no excluyan a nadie. El foco especial estuvo puesto en la accesibilidad cognitiva, una dimensión a menudo olvidada cuando se habla de barreras arquitectónicas.
"Reforzamos nuestra estrategia integral de vivienda que sitúa a la accesibilidad como pilar esencial de la política social, orientada a afrontar las dificultades de acceso y a adaptar el diseño arquitectónico para que cualquier persona, independientemente de su movilidad, edad o capacidades, pueda usar los espacios de manera autónoma y segura" - Trinidad Ortiz, directora general de Innovación y Transformación Urbana de la Generalitat Valenciana
La ley que obliga a reservar viviendas accesibles
El marco legal que sustenta esta política no es nuevo, pero sí reciente. La Ley de Accesibilidad Universal de la Comunitat Valenciana, en vigor desde el 8 de enero de 2025, se posiciona como un avance crucial para garantizar que todas las personas puedan ejercer sus derechos en igualdad de condiciones. Se trata de la Ley 8/2024, de 30 de diciembre, y su alcance es amplio: tiene por objetivo garantizar el ejercicio efectivo de los derechos en condiciones de igualdad y no discriminación, en orden a conseguir la vida autónoma, participativa e independiente de todas las personas, de forma plenamente accesible, comprensible y segura, con independencia de su condición física, sensorial, intelectual y cognitiva.
Uno de sus efectos más directos en el ámbito residencial es la obligación de reservar un mínimo del 7% de las viviendas de promoción pública con las características constructivas y de diseño adecuadas para garantizar el acceso y las adaptaciones necesarias para el desarrollo cómodo y seguro en su interior. Para que esa reserva no quede enterrada en documentos administrativos, la Generalitat ha puesto en marcha el portal web del Plan Vive, donde cualquier ciudadano puede consultar la oferta de vivienda de protección pública (VPP) y localizar las unidades accesibles destinadas a personas con discapacidad, tanto en promociones públicas como privadas.
Más de 31 millones de euros repartidos en tres líneas de ayuda
Pero la accesibilidad no empieza ni termina en las viviendas nuevas. El parque edificado existente en España —y la Comunitat Valenciana no es una excepción— arrastra décadas de construcción sin ascensores, con escalones en portales y pasillos que ninguna persona en silla de ruedas podría transitar con dignidad. Para atajar esa deuda histórica, el Consell ha habilitado tres líneas de ayudas que suman más de 31 millones de euros.
La primera y más cuantiosa, dotada con 15 millones de euros, está dirigida a promover la accesibilidad en los edificios residenciales. Financia la instalación de ascensores, salvaescaleras, rampas y automatismos para la apertura de puertas, entre otras actuaciones. Es decir, las obras que transforman un bloque de pisos construido en los años setenta en un espacio transitable para alguien que usa silla de ruedas o que simplemente ya no puede cargar bolsas por las escaleras.
La segunda línea es el Plan Renhata, con un presupuesto de seis millones de euros, orientado específicamente a reformas interiores que adapten la vivienda al uso de personas con discapacidad y movilidad reducida. Aquí el objetivo no es el edificio, sino el hogar: el baño que se convierte en accesible, la puerta que se ensancha, la cocina que se reorganiza para poder usarse desde una silla.
La dana deja otra factura pendiente: los ascensores dañados
Hay una tercera partida que habla, sin rodeos, de la emergencia que aún colea en la Comunitat Valenciana. La devastadora dana de octubre de 2024 dejó decenas de edificios plurifamiliares con los ascensores inutilizados. Para las personas sin discapacidad, eso fue un problema temporal. Para quienes dependen del ascensor para salir de casa, fue —y sigue siendo— un confinamiento involuntario. La Generalitat ha destinado 10 millones de euros específicamente a la reparación o sustitución de esos ascensores dañados por el temporal, con el propósito de restituir la autonomía de las personas con discapacidad, movilidad reducida o en situación de dependencia que residen en esos edificios.
La accesibilidad universal debe beneficiar a las personas con discapacidad y a todas las personas, con independencia de su edad, vecindad, nacionalidad, sexo o cualquier otra condición o circunstancia personal, sin discriminación. Esa premisa, que la ley valenciana recoge de forma explícita, es también la filosofía que vertebra el conjunto de medidas presentadas: no se trata de políticas para una minoría, sino de transformar los espacios donde todos vivimos para que ninguna persona tenga que negociar con la arquitectura su derecho a estar en el mundo.