El president de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca, ha viajado a Bruselas con una agenda cargada de reivindicaciones y un mensaje claro: la Comunitat Valenciana no puede quedarse al margen de las grandes decisiones que se negocian en los despachos europeos. En una ronda de reuniones con altos cargos comunitarios y diplomáticos, el jefe del Consell ha exigido un mayor respaldo de la Unión Europea a dos pilares fundamentales de la economía valenciana: el sector agrícola y la industria cerámica.
Una cita en el momento justo
El viaje no ha podido ser más oportuno. La Comisión Europea acaba de presentar su propuesta para la futura Política Agraria Común (PAC) dentro del Marco Financiero Plurianual 2028–2034 , y el debate sobre cómo se repartirán cientos de miles de millones de euros entre los agricultores europeos está en pleno apogeo. El sector agrario ha mostrado su indignación ante el recorte calculado de hasta un 20% en los presupuestos para el campo , lo que convierte este momento en una ventana de oportunidad crítica para que las regiones hagan oír su voz.
Pérez Llorca se reunió con el comisario europeo de Agricultura, Christophe Hansen, así como con el embajador de España ante el Reino de Bélgica, José María Rodríguez Coso, y con el embajador representante adjunto permanente de España ante la UE, Oriol Escala. Tres encuentros en los que la delegación valenciana dejó sobre la mesa una serie de demandas concretas que afectan directamente a miles de familias.
El campo valenciano, en el punto de mira
La primera gran reclamación apunta al corazón de la política agraria europea. El president ha exigido que la futura PAC cuente con un mayor presupuesto, refuerce su autonomía financiera y contemple medidas específicas que garanticen el apoyo a los agricultores jubilados, con el objetivo de asegurar la sostenibilidad y el relevo generacional en el sector. No es un detalle menor: en muchas zonas rurales valencianas, son precisamente los agricultores de mayor edad quienes sostienen explotaciones que, de otro modo, quedarían abandonadas.
"Siguen produciendo y aportando a nuestro sector agroalimentario" - Juanfran Pérez Llorca, president de la Generalitat Valenciana
Pérez Llorca también reivindicó el papel del regadío y la reutilización del agua como un modelo que Europa debería reconocer y fomentar expresamente. En sus palabras, la Comunitat Valenciana —y en especial la provincia de Alicante— es la zona de Europa donde más se reciclan los recursos hídricos, una realidad que debería tener reflejo directo en los fondos y ayudas de la nueva PAC. En un continente que afronta cada verano episodios de sequía más severos, ese liderazgo merece, según el president, una recompensa concreta.
Además, reclamó que la nueva política agraria simplifique sus trámites burocráticos, refuerce el apoyo a los pequeños productores y garantice la participación efectiva de las regiones en su diseño e implementación. El debate continuará en el Consejo y el Parlamento durante 2026 y 2027, antes de la entrada en vigor en 2028, y España y otros Estados miembros se preparan para una negociación intensa. Excluir a las comunidades autónomas de ese proceso, advirtió Pérez Llorca, podría generar dificultades reales en la aplicación sobre el terreno.
Cláusulas espejo: que las reglas sean las mismas para todos
Uno de los puntos más polémicos del encuentro fue la exigencia de lo que en el lenguaje comunitario se conoce como "cláusulas espejo": mecanismos que obliguen a los productos importados de terceros países a cumplir los mismos estándares fitosanitarios, ambientales y de seguridad alimentaria que se exigen a los productores europeos. La pregunta que subyace es sencilla, pero incómoda: ¿tiene sentido prohibir en Europa el uso de ciertos fitosanitarios si luego los países que sí los utilizan pueden vender libremente sus productos en el mercado comunitario?
El president puso nombre y apellidos al problema: el arroz y el kaki valenciano, dos cultivos emblemáticos que, según denunció, han perdido cosechas enteras por la prohibición de algunos fitosanitarios que sí están permitidos en países extracomunitarios. Una asimetría que, en la práctica, supone una desventaja competitiva difícilmente justificable para los agricultores de la Comunitat.
La cerámica, ante su mayor desafío industrial
La segunda gran batalla que Pérez Llorca libró en Bruselas tiene que ver con la industria cerámica, concentrada principalmente en la provincia de Castellón. Un sector que genera 16.000 puestos de trabajo directos y 90.000 indirectos, y que se enfrenta a uno de los retos más complejos de su historia: adaptarse a los objetivos de descarbonización marcados por la Unión Europea sin perder competitividad frente a productores de países como China o Turquía, que no están sujetos a las mismas exigencias medioambientales.
El jefe del Consell reclamó una regulación específica para el sector y, sobre todo, un calendario realista en el proceso de descarbonización. No se trata de renunciar a los objetivos climáticos, sino de establecer plazos que permitan a las empresas valencianas hacer la transición sin verse abocadas al cierre o a la deslocalización. A ello añadió la necesidad de revisar las condiciones de competencia a escala global, para evitar que las ambiciones medioambientales europeas se traduzcan en una desindustrialización encubierta.
En un contexto de presión sobre los márgenes productivos y de envejecimiento del sector primario , la visita de Pérez Llorca a Bruselas no es un simple trámite institucional. Es la señal de que la Comunitat Valenciana quiere estar en la mesa donde se decide su futuro económico, y no simplemente acatar lo que otros negocien en su nombre. El tiempo corre: la negociación de la futura PAC se prolongará hasta finales de 2027 , y cada mes que pasa sin una posición firme sobre la mesa es terreno cedido en un debate que marcará décadas.