València ha dado un paso decisivo para proteger el carácter residencial de su casco histórico. La Comisión de Urbanismo de la Generalitat Valenciana aprobó el pasado 18 de diciembre una modificación fundamental del Plan Especial de Ciutat Vella (PEP), propuesta por el Ayuntamiento de València. Esta nueva normativa prohíbe la implantación de viviendas de uso turístico en gran parte del distrito, afectando directamente a los barrios de El Carme, La Seu, El Mercat y una sección de La Xerea, áreas del centro de la ciudad.
Esta decisión, que entrará en vigor tras su publicación oficial en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP), tiene como objetivo mitigar los efectos negativos asociados al turismo masivo. Con ello, el Ayuntamiento busca frenar la gentrificación, promover la recuperación residencial y mejorar la calidad de vida en las zonas más emblemáticas de la ciudad. Según la comisión autonómica, la modificación responde a un "interés público", al fomentar un turismo más sostenible que permita la coexistencia equilibrada entre visitantes y residentes.
Batalla legal y política
La aprobación de este nuevo plan no ha sido un proceso sencillo. En 2023, la patronal Viutur, que representa a los propietarios de pisos turísticos, interpuso un recurso contra las normativas previas del PEP. La sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) anuló parte de esas restricciones, argumentando que no estaban suficientemente justificadas. Posteriormente, el Tribunal Supremo ratificó este fallo en julio, obligando al consistorio a replantear la normativa.
Ante este panorama, la concejalía de Urbanismo, inicialmente liderada por Sandra Gómez (PSPV) y posteriormente por Juan Giner (PP), trabajó en una nueva propuesta que endurece las limitaciones en las áreas residenciales. Con el nuevo plan, se imposibilita el uso turístico en aproximadamente dos tercios de Ciutat Vella. Sin embargo, Viutur ha manifestado su oposición al nuevo marco legal, asegurando que constituye una forma de eludir la sentencia judicial previa. La patronal ya ha anunciado que recurrirá esta nueva normativa.
Áreas afectadas y excepciones a la normativa
El veto total no se aplica de manera uniforme en todo el distrito. Los barrios de Sant Francesc y una parte de La Xerea, que incluyen áreas como la Plaza del Patriarca y la llamada "milla de oro", quedan excluidos de las restricciones más severas. En estas zonas, donde el tejido urbano ya tiene un marcado carácter terciario, se permite la apertura de nuevos pisos turísticos, aunque únicamente en edificios dedicados exclusivamente a este uso.
El plan urbanístico establece también restricciones para los edificios de uso mixto, que combinan viviendas residenciales con oficinas o comercios. En estos casos, las actividades terciarias no podrán superar el 50% de la superficie construida, y cualquier establecimiento hotelero deberá ubicarse en los niveles superiores de los inmuebles. Además, los accesos a los hoteles deberán ser independientes y estar claramente diferenciados de los destinados a viviendas.
Por otro lado, cabe destacar que Ciutat Vella no está afectada por la moratoria que el pleno municipal aprobó en mayo de 2024, que suspendió durante un año la concesión de licencias para pisos turísticos en otras zonas de la ciudad. Esto se debe a que el casco histórico ya contaba con una regulación específica, ahora reforzada con esta nueva normativa.
Denuncias vecinales
La proliferación de apartamentos turísticos ilegales ha generado una creciente preocupación en València, especialmente en sus barrios históricos. El grupo municipal Compromís ha denunciado que esta actividad, en muchos casos no regulada, ha afectado negativamente la convivencia y ha impulsado el aumento del coste de la vivienda.
Según Papi Robles, portavoz de la coalición, los vecinos han presentado cerca de 4.000 denuncias contra apartamentos turísticos ilegales a través de la plataforma "quenotetiren.com". De estas, más de 1.500 se registraron en los últimos meses, ampliando el alcance de una problemática que afecta a numerosos residentes.
Robles criticó la gestión del equipo de gobierno liderado por María José Catalá, alcaldesa de València, afirmando que el Ayuntamiento solo ha actuado sobre el 1,5% de las denuncias presentadas. En respuesta a esta inacción, Compromís ha decidido remitir estas quejas al Gobierno Central, exigiendo una mayor implicación en la lucha contra los apartamentos ilegales.
El impacto del veto en el turismo y la economía local
La decisión de prohibir los pisos turísticos en buena parte del casco histórico de València marca un punto de inflexión en el modelo de ciudad. Durante años, el turismo ha sido uno de los principales motores económicos de València, atrayendo a millones de visitantes anuales y generando importantes ingresos. Sin embargo, este crecimiento no ha estado exento de problemas, especialmente en barrios donde la vida cotidiana de los residentes se ha visto alterada por el ruido, la masificación y el encarecimiento del alquiler.
El nuevo plan busca frenar estos efectos negativos y garantizar que el turismo se integre de manera sostenible en la ciudad. Sin embargo, el impacto económico de esta medida aún está por determinar. Mientras que algunos sectores celebran la protección del carácter residencial de Ciutat Vella, otros temen que el veto pueda desincentivar la inversión en el sector y perjudicar a pequeños propietarios que dependen de los ingresos de los alquileres turísticos.
Con esta medida, València se suma a otras ciudades europeas que han adoptado políticas similares para controlar la expansión de los apartamentos turísticos en sus cascos históricos. El objetivo es claro: preservar la identidad de los barrios y garantizar que los residentes puedan seguir viviendo en ellos sin ser desplazados por las dinámicas del mercado turístico.