Valencia instaura la regulación para apartamentos turísticos más estricta del país

La nueva legislación limitará a un 2% los apartamentos turísticos por barrio, con medidas para evitar la saturación y proteger el uso residencial

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Vistas desde un apartamento turístico en València
Vistas desde un apartamento turístico en València

La ciudad de Valencia ha decidido implementar una regulación estricta para frenar el crecimiento desmedido de los apartamentos turísticos. Con la normativa más restrictiva del país, el Ayuntamiento busca limitar su expansión para evitar la saturación que ha marcado los últimos tiempos en muchos barrios de la capital y garantizar el acceso a la vivienda de los residentes. La iniciativa, liderada por el concejal de Urbanismo y Vivienda, Juan Giner, introduce hasta cinco filtros o “candados” para restringir la proliferación de estos alojamientos tras años de ausencia de control bajo la administración anterior.

Preservar el uso residencial

Uno de los cambios más significativos es el límite impuesto sobre la cantidad de viviendas que pueden destinarse a alojamientos turísticos en cada barrio. Según la nueva normativa, el porcentaje de inmuebles que pueden convertirse en apartamentos turísticos no superará el 2% del total de las viviendas residenciales en cada barrio, tal y como ya anunció la alcaldesa de Valencia, María José Catalá. Esto supone una reducción drástica respecto al límite del 10% en el Cabanyal, implementado por el anterior gobierno, lo que representaba una medida insuficiente frente al crecimiento de los apartamentos turísticos.

De acuerdo con las palabras del concejal Giner, la normativa busca poner un freno al desorden creado por la falta de control durante los gobiernos anteriores, que permitió la proliferación desmesurada de estos alojamientos. “El turismo es un motor económico vital para nuestra ciudad, pero debe ser compatible con la calidad de vida de los vecinos y no puede afectar la habitabilidad de los barrios”, ha declarado el edil. La normativa establece un límite claro en cada barrio, asegurando que el 98% de las viviendas se mantengan como residenciales o se destinen a usos comerciales o de ocio. 

Además, se imponen requisitos específicos. De esta forma, los apartamentos turísticos no podrán instalarse en viviendas dentro de comunidades de vecinos, salvo que sea un edificio completo o que la comunidad haya aceptado expresamente en sus estatutos el uso turístico. Asimismo, las viviendas turísticas solo podrán estar en plantas bajas o primeras, nunca en pisos superiores. Además, aquellas que se encuentren en la primera planta deberán tener acceso independiente desde la calle, con el fin de evitar la interferencia con los vecinos de las plantas superiores. 

Los cinco filtros que restringen los apartamentos turísticos

Para garantizar el cumplimiento de la nueva normativa, el Ayuntamiento ha diseñado un sistema basado en cinco restricciones clave. 

La primera de ellas atiende a la limitación a las plazas turísticas en distritos. Así, no se concederán nuevas licencias en distritos donde las plazas turísticas (hoteles, hostales y apartamentos) superen el 8% en comparación con la población empadronada. Siguiendo con la misma línea, una segunda restricción apela al 8% de porcentaje máximo de viviendas turísticas en un mismo barrio en relación a la población empadronada.

En un tercer nivel de protección, los barrios no podrán superar el 2% de viviendas destinadas a uso turístico, lo que busca evitar que las zonas residenciales se conviertan en turísticas.

El cuarto filtro ya atiende únicamente a las viviendas turísticas, quedando exentos hoteles y hostales. Así, este tipo de alojamientos no podrán superar el 5% del total de viviendas dentro de una misma manzana. Además, solo el 15% de los locales comerciales de cada calle podrán convertirse en viviendas turísticas, lo que asegura que el comercio de proximidad siga siendo mayoritario, preservando la oferta de servicios esenciales como peluquerías, farmacias y bares, lo que constituye el quinto filtro.

Crecimiento descontrolado durante años

El Ayuntamiento justifica esta normativa alegando que en la última década la ciudad ha experimentado una expansión desmesurada de los apartamentos turísticos, sin una regulación clara por parte del antiguo Gobierno. De hecho, en 2023, Valencia contaba con más de 10.000 viviendas de uso turístico, muchas de ellas sin licencia. Como resultado, la administración emitió más de 500 órdenes de cierre en un solo año, en comparación con las 70 anuales que se gestionaban anteriormente.

Además, el mandato de Compromís y PSPV no puso límites al número de apartamentos turísticos por barrio, permitiendo que algunos barrios como El Cabanyal llegaran a tener hasta el 50% de su parque de viviendas destinado a turistas. Aunque ese mismo año se implementó un a restricción del 10% en esta zona, el Gobierno actual considera que la medida no fue suficiente para revertir el problema.

Reacciones y críticas de la oposición

El anuncio de la nueva normativa ha generado una gran controversia. Los grupos de oposición, especialmente Compromís y el PSPV-PSOE, han cuestionado la efectividad de las medidas. La portavoz de Compromís, Papi Robles, ha criticado la falta de un plan claro por parte del gobierno de PP y Vox, acusándolos de ser incapaces de gestionar adecuadamente el problema de los apartamentos turísticos.

Por su parte, Borja Sanjuán, del PSPV-PSOE, ha argumentado que el límite del 2% es una cifra demasiado baja y que ya se ha superado en muchas zonas de la ciudad, como en el Cabanyal, donde la saturación de apartamentos turísticos es alarmante. Además, ha lamentado que el gobierno local siga favoreciendo a los especuladores y no haya tomado medidas más contundentes para frenar la conversión de viviendas en apartamentos turísticos.

Impacto en los residentes y el mercado inmobiliario

Los colectivos vecinales también han manifestado su preocupación por el impacto que ha tenido el turismo en los precios de la vivienda. Según datos recientes, el alquiler en Valencia ha alcanzado los 1.646 euros mensuales de media, y en algunos barrios los pisos de tres habitaciones superan los 2.000 euros. Al mismo tiempo, el precio de compra ha subido un 14,6% en el último año.

Compromís ha impulsado la campaña #QueNoTeTiren para denunciar los apartamentos turísticos ilegales, asegurando que han presentado más de 4.000 denuncias. Sin embargo, critican que solo el 1,5% de las viviendas señaladas ha sido clausurado hasta el momento.

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