El Ayuntamiento de Valencia ha decidido mover ficha en uno de los frentes más sensibles para la ciudad: el descontrol de los pisos turísticos y su impacto directo en el acceso a la vivienda. Lo hará con una medida excepcional y limitada en el tiempo que busca cambiar el rumbo de cientos de apartamentos. Durante seis meses, los pisos turísticos que operan sin licencia - o que nunca podrán obtenerla con la nueva normativa - tendrán la posibilidad de abandonar el uso turístico y reconvertirse en viviendas residenciales legales.
La iniciativa, definida desde el propio gobierno municipal como una “medida de gracia”, pretende ofrecer una salida clara a propietarios que han quedado atrapados entre la moratoria y la futura regulación. La alternativa es clara: regularizarse como vivienda o enfrentarse a un mayor control, sanciones y cierres.
Los inmuebles que quieran acogerse a esta reconversión deberán cumplir estrictamente las condiciones de habitabilidad que marca el Código Técnico de la Edificación (CTE). Esto incluye requisitos esenciales como una ventilación adecuada, iluminación natural suficiente, superficie mínima por estancia, accesibilidad, seguridad estructural y condiciones higiénicas acordes a una vivienda habitual.
El objetivo del Ayuntamiento es que estos pisos se incorporen al mercado de alquiler convencional, contribuyendo a aliviar la presión sobre los precios y ampliando la oferta disponible en barrios donde la vivienda escasea. “Queremos que pasen a residencial y no se queden en la ilegalidad permanente”, remarcó la alcaldesa, María José Catalá, acompañada por el concejal de Vivienda y Urbanismo, Juan Giner.
Uno de los puntos más relevantes de la medida es su impacto en el planeamiento urbano. El Plan General vigente impide actualmente que una vivienda conviva en la misma planta con un local comercial. Para autorizar un uso residencial, la normativa obliga a que toda la planta cambie de uso, una condición que en la práctica bloquea muchas reconversiones.
Con la nueva regulación, el Ayuntamiento plantea flexibilizar la compatibilidad de usos, permitiendo que una vivienda pueda situarse junto a locales comerciales siempre que no se trate de actividades incompatibles, como el ocio nocturno. Este cambio, que ya se había anunciado en la futura ordenanza de pisos turísticos, amplía de forma notable el número de inmuebles que podrán transformarse en viviendas.
La normativa de los cinco candados
La reconversión llega justo antes de la entrada en vigor de la conocida normativa de los cinco candados, que endurecerá como nunca las condiciones para implantar viviendas turísticas en Valencia.
La regulación fija límites muy concretos: máximo del 2% de viviendas turísticas por barrio, tope del 5% por manzana y límite del 8% de plazas turísticas respecto al número de vecinos empadronados, incluyendo hoteles y apartamentos. Además, en bajos comerciales, solo un 15% de los locales por manzana podrá destinarse a vivienda turística, reservando el resto a comercio, oficinas y servicios.
Estos criterios dejarán fuera de la posibilidad de obtener licencia a numerosos apartamentos que hoy funcionan como turísticos. Precisamente por eso, el Ayuntamiento quiere redirigirlos hacia el uso residencial antes de que la normativa cierre definitivamente esa puerta.
La primera edil ha reconocido que no existen cifras cerradas sobre cuántos pisos podrían acogerse a esta vía, ya que el volumen de viviendas irregulares varía cada mes en función de las inspecciones. No obstante, ha recordado que más de un tercio de los cerca de 9.000 pisos turísticos anunciados en la ciudad no están legalizados.
En paralelo, el consistorio mantiene una línea dura contra la ilegalidad. Se han tramitado alrededor de mil sanciones, muchas de ellas con orden de cierre de la actividad. Ahora, la prioridad es ordenar el sector, exigir licencias y mantener controles continuos, al tiempo que se ofrece una salida legal a quienes apuesten por el uso residencial.
Desde el gobierno municipal se insiste en que la reconversión no es solo una cuestión administrativa, sino también de convivencia en los barrios. Menos pisos turísticos ilegales implica menos rotación constante de visitantes, menos molestias y más estabilidad residencial. A cambio, los propietarios obtienen una vía para regularizar su situación, evitar sanciones y dar uso legal a sus inmuebles.
Vivienda pública y alquiler asequible
Este giro en la política de vivienda se enmarca en una estrategia más amplia del Ayuntamiento. Este lunes, la alcaldesa visitó las obras del primer edificio intergeneracional de Valencia, en el distrito de Quatre Carreres, que contará con 90 viviendas de alquiler asequible y estará terminado a finales de 2027.
La promoción, ejecutada por Abala Infraestructuras SL con un presupuesto de 18,19 millones de euros, se construye en la calle de les Moreres y tendrá 12 plantas, dos sótanos y cuatro zaguanes. Contará con 19 apartamentos destinados a personas mayores, viviendas accesibles y pisos de distintos tamaños, además de plazas de aparcamiento, trasteros, locales comerciales y una completa dotación de espacios comunitarios, desde jardines y zonas de juegos hasta gimnasio, lavandería y espacios de trabajo compartido.
Todo ello forma parte del Plan + Vivienda, con el que el Ayuntamiento asegura haber ampliado el parque municipal en 446 viviendas en dos años y medio, con el objetivo de alcanzar las 1.600. En este tiempo, 305 familias ya han accedido a pisos públicos municipales y, en los próximos meses, se adjudicarán 63 nuevas viviendas de alquiler asequible.
Con esta medida, el Ayuntamiento busca recuperar para los barrios el uso residencial que habían perdido, ofrecer una alternativa legal a los propietarios de pisos turísticos irregulares y reforzar el acceso a vivienda asequible, marcando un cambio claro en la política urbana y residencial de la ciudad.