Cuando el 29 de octubre de 2024 la DANA arrasó buena parte de la provincia de Valencia, nadie pensaba en la economía circular. Se pensaba en supervivencia, en barro, en coches apilados como chatarra y en vecinos que lo habían perdido todo. Pero una catástrofe también puede ser, paradójicamente, el punto de partida de una transformación. Eso es, al menos, lo que la Generalitat Valenciana quiere que quede en el relato de lo que viene después.
El vicepresidente tercero y conseller de Medio Ambiente, Infraestructuras, Territorio y de la Recuperación, Vicente Martínez Mus, ha anunciado que el Govern destina más de 100 millones de euros a actuaciones vinculadas con la sostenibilidad, la economía circular, la transición energética, la calidad ambiental y la lucha contra el cambio climático en la Comunitat Valenciana. El anuncio se produjo durante una jornada organizada por el Club de Excelencia en Sostenibilidad, un foro en el que también participaron el comisionado para la Recuperación, Raúl Mérida; la secretaria autonómica de Medio Ambiente y Territorio, Sabina Goretti Galindo; el director general de Calidad y Educación Ambiental, Jorge Blanco, y representantes del mundo empresarial e investigador.
"Una inversión transversal que demuestra que la sostenibilidad es una política pública real, con recursos, planificación y capacidad de ejecución" - Vicente Martínez Mus, vicepresidente tercero y conseller de Medio Ambiente, Infraestructuras, Territorio y de la Recuperación de la Generalitat Valenciana
Una operación sin precedentes en gestión de residuos
Para entender la magnitud del reto que dejó la riada, conviene poner los números en perspectiva. En casi cinco meses tras la DANA se generaron más de 800.000 toneladas de residuos mezclados con barro, una cifra que equivale a varios años de producción normal de residuos de la Comunitat Valenciana. Sin embargo, los datos manejados por la Conselleria elevan esa cifra total gestionada a más de 921.000 toneladas de residuos voluminosos, lo que equivale, según el propio Martínez Mus, a cinco veces la cantidad que la región genera en un año en circunstancias normales.
Esta avalancha de materiales dañados y arrastrados por el agua tensionó significativamente los sistemas convencionales de gestión y añadió nuevos riesgos. Entre los residuos recogidos había desde muebles y colchones hasta neumáticos, bombonas de gas y plásticos de todo tipo, gestionados por operadores autorizados en una operación de emergencia que el conseller calificó como "sin precedentes en la Comunitat Valenciana".
Lo que distingue a este dispositivo de una gestión de emergencia convencional es que no se limitó a retirar escombros. Se consiguió recuperar en torno a un 36% de los materiales gestionados, principalmente tierras y plásticos, dando una segunda vida a más de un tercio de todo lo recogido. La Conselleria de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio decidió reutilizar la tierra mezclada con los residuos de las inundaciones para diversos trabajos en vertederos, canteras, agricultura y construcción.
De la emergencia al modelo: qué propone la Generalitat
Superar la fase más urgente de la gestión de residuos no ha significado bajar el ritmo, sino reorientar el esfuerzo. La apuesta de la Conselleria va mucho más allá del reciclaje como acto individual y cotidiano. En palabras del propio vicepresidente, la economía circular "no consiste solo en reciclar más, sino en cambiar la manera de producir, consumir y gestionar los recursos". Una declaración que, dicha tras haber movilizado cientos de miles de toneladas de desechos, suena a algo más que retórica.
Este planteamiento encaja, además, con el contexto estatal. España solo recicla el 41% de sus residuos municipales, una tasa por debajo del objetivo marcado por la UE para 2025 (55%) y para 2030 (60%). La brecha es real, y las comunidades autónomas tienen un papel determinante en reducirla.
En esa dirección apunta la inversión de más de tres millones de euros destinados a los consorcios de residuos para campañas de concienciación y sistemas de incentivos vinculados al reciclaje, con el objetivo de premiar a los ciudadanos que utilizan los ecoparques y separan correctamente los residuos. A ello se suman 500.000 euros en ayudas para que los ayuntamientos —especialmente los municipios más pequeños y los municipios AVANT— puedan contratar educadores ambientales. Porque la transición ecológica no es solo una cuestión de infraestructuras: también requiere que quien vive en un pueblo de quinientos habitantes tenga acceso a la misma formación y acompañamiento que una gran ciudad.
Aire más limpio y ciencia en el centro
En el ámbito de la calidad ambiental, la Generalitat invertirá 1,2 millones de euros en la mejora de la red de control de calidad del aire mediante nuevas estaciones fijas y móviles. Una medida que conecta directamente con la vida cotidiana de millones de personas: la calidad del aire que se respira en casa, en el colegio o en el trabajo no es abstracta, es salud pública medible.
Martínez Mus también insistió en que las actuaciones del Consell "mejoran la gestión de residuos, la calidad del aire y del agua, el autoconsumo energético, apoyan a los municipios más pequeños y sitúan la ciencia y la innovación en el centro de la toma de decisiones". Los retos actuales exigen no solo fuertes inversiones públicas y privadas, sino también el desarrollo de medidas horizontales y transversales, desde indicadores avanzados e instrumentos económicos y fiscales hasta iniciativas de investigación, innovación y competitividad, complementadas con acciones de sensibilización y formación para fomentar la cultura circular. En ese sentido, el diseño de esta batería de medidas parece alineado con las recomendaciones que los expertos llevan años defendiendo.
La DANA dejó una huella devastadora, pero también una lección sobre la fragilidad de los modelos de gestión ante situaciones extremas. Un estudio de la Universitat Politècnica de València demuestra que la planificación de la gestión de residuos es una medida esencial para afrontar futuras inundaciones. Que la respuesta institucional a esa lección se traduzca en más de 100 millones de euros invertidos en sostenibilidad es, cuando menos, una señal de que el desastre no cayó en saco roto. La pregunta que queda en el aire —y que solo el tiempo podrá responder— es si esta inversión logrará cambiar de verdad los hábitos de producción y consumo, o si quedará como un gran esfuerzo puntual que no transformó la estructura de fondo.