Cuando una huelga indefinida lleva más de una semana bloqueando las aulas de la educación pública valenciana, las palabras pesan más de lo habitual. La consellera de Educación, Cultura y Universidades, Carmen Ortí, compareció este jueves ante los medios para lamentar que los sindicatos docentes hayan rechazado en bloque la propuesta presentada por la Conselleria, calificada por la propia administración como el plan más ambicioso ofrecido al profesorado en toda España. La huelga, convocada de forma indefinida desde el pasado 11 de mayo, sigue su curso sin señales claras de desconvocatoria.
El alumnado, en el centro del discurso
Ortí quiso centrar su comparecencia en las consecuencias humanas del paro, más allá del pulso sindical. Estudiantes de Bachillerato que pierden clases a pocos días de la PAU, familias que han tenido que contratar apoyo educativo externo para no dejar descolgados a sus hijos, alumnos de Primaria con actividades de fin de curso suspendidas o niños con necesidades educativas especiales que han visto interrumpidos sus apoyos habituales. Un mosaico de situaciones cotidianas que la consellera trasladó como argumento central de su posición.
"El principal perjudicado por esta situación es el alumnado" - Carmen Ortí, consellera de Educación, Cultura y Universidades de la Comunitat Valenciana
La consellera fue cuidadosa en sus formas: expresó su "respeto absoluto" tanto hacia los docentes que se han sumado a la huelga como hacia quienes no lo han hecho, y reconoció que la convivencia en algunos centros "se ha visto tensionada". Una fisura discreta en el relato oficial que da idea de la tensión acumulada en las aulas.
Más de 60 medidas rechazadas, no solo salario
La propuesta que los sindicatos han tumbado no era, según la Conselleria, un simple cheque. El documento articulaba más de sesenta medidas concretas que abarcaban desde la reducción de ratios hasta un decreto de simplificación burocrática con más de veinte actuaciones específicas, pensadas para aliviar la carga administrativa que lastra el día a día del profesorado. También incluía la incorporación de un maestro adicional estable en todos los colegios de Primaria para cubrir ausencias desde el primer día —una demanda histórica del sector—, nuevas plazas de Audición y Lenguaje y 150 nuevas aulas específicas para alumnado con necesidades especiales.
A eso se sumaba un Plan Director de Infraestructuras Educativas con medidas de climatización —la temperatura en las aulas es otro frente abierto desde hace años— y un plan de accesibilidad, junto con mecanismos de seguimiento y un calendario de aplicación con participación sindical.
"Estamos hablando de más de sesenta medidas concretas que los sindicatos han rechazado en bloque" - Carmen Ortí, consellera de Educación, Cultura y Universidades de la Comunitat Valenciana
200 euros al mes: ¿la mayor subida de España?
El capítulo económico es el más disputado. La propuesta incluía un incremento salarial de 200 euros brutos al mes, a aplicar en tres tramos: 75 euros en septiembre de 2026, otros 75 en enero de 2027, y el resto en enero de 2028. La Conselleria defiende que esta cifra situaría al profesorado valenciano entre los mejor retribuidos de toda España, llegando a afirmar que sería "la mayor subida salarial planteada al profesorado en el conjunto del país".
Sin embargo, los sindicatos no lo ven así. Aunque la Conselleria elevó su oferta de 120 a 200 euros mensuales, sindicatos como CSIF mantenían su petición de 300 euros, que consideran "realista" y "merecida". La distancia entre ambas posiciones ilustra bien el núcleo del conflicto: no es solo una cuestión de cifras, sino de si la administración está dispuesta a cambiar de verdad el modelo educativo o a gestionarlo con parches. Los docentes exigían más de 500 euros de subida, frente a los 200 que ofrecía la Conselleria.
El contexto no ayuda. La Conselleria ha argumentado el esfuerzo presupuestario que supone la propuesta en un escenario marcado por la infrafinanciación estructural de la Comunitat Valenciana y por el impacto económico de la reconstrucción tras la dana, la catástrofe que sacudió la región el pasado octubre.
Una negociación que no se rompe, pero tampoco avanza
De los más de 40.000 maestros y profesores que participaron en la consulta sindical —sobre un censo de 76.000—, el 20% aseguró haber secundado los ocho días de huelga. Con el rechazo a la propuesta, se mantiene la convocatoria de huelga indefinida, que en el momento del voto alcanzaba ya su octava jornada.
Ortí insistió en que la Conselleria "no ha roto la negociación en ningún momento" y lamentó que los sindicatos no hayan aceptado suspender temporalmente el paro para continuar negociando "con serenidad y poniendo al alumnado por delante". Una petición que los representantes sindicales han interpretado como una estrategia para diluir la presión de la huelga antes de alcanzar un acuerdo real.
Desde el sindicato CSIF, el delegado Rafael Benavent resumió el sentir de buena parte del sector: "Es un documento mejorado, pero que nos hubiera gustado haberlo tenido antes como punto de partida, no ahora". La queja apunta a algo más que al contenido de la propuesta: apunta al momento en que llega, cuando los docentes ya llevan días sin cobrar días de huelga y las familias acumulan semanas de incertidumbre.
La consellera cerró su comparecencia con la puerta abierta, pero con un tono que combinaba la mano tendida y la advertencia velada. "La puerta sigue abierta. Seguimos dispuestos a dialogar y a alcanzar acuerdos, pero creemos sinceramente que lo que se ha rechazado era una oportunidad histórica para convertir la educación pública valenciana en una de las mejores de España", afirmó. La pregunta que flota en el aire es cuántos días más de clases perdidas hacen falta para que ambas partes encuentren el camino de vuelta a la mesa.