Quien ha visitado el centro histórico de València en temporada alta probablemente lo ha visto alguna vez: grupos de turistas siguiendo a alguien que habla con seguridad sobre el arte o la historia de la ciudad, pero que no siempre porta la acreditación que la ley exige. El Ayuntamiento de València y la Generalitat Valenciana han aprobado un protocolo de colaboración para atajar de forma coordinada el intrusismo en la profesión de guía oficial de turismo, respondiendo así a una reivindicación histórica de estos profesionales que llevaban años reclamando una respuesta institucional firme.
Una profesión bajo presión
La figura del guía oficial de turismo no es un título que se adquiera de forma sencilla. En la Comunitat Valenciana, la actividad está vinculada a una habilitación administrativa que funciona, en palabras del propio sector, "como si fuera un carnet de conducir", porque no es un título académico al uso, sino una licencia que se obtiene mediante un examen convocado por la administración autonómica. Sin esa habilitación, ejercer la profesión es ilegal. Y sin embargo, el problema crece.
Los propios profesionales denuncian una «alarmante proliferación» de agentes —tanto personas físicas como empresas— que operan en el mercado ofreciendo visitas guiadas sin contar con la preceptiva habilitación oficial. El fenómeno no es nuevo, pero sí ha ganado en intensidad en los últimos años, impulsado en parte por la expansión de formatos como los free tours y por la llegada de mercados turísticos emergentes con idiomas para los que escasean guías habilitados.
La situación llegó a un punto de inflexión en diciembre de 2025, cuando se constituyó formalmente la Plataforma de Guías de Turismo de la Comunitat Valenciana por la Defensa de la Profesión y contra el Intrusismo, con el objetivo de frenar la creciente oferta de actividades turísticas ilegales y exigir a las administraciones públicas que hagan cumplir la normativa vigente. El protocolo aprobado ahora es, en buena medida, la respuesta institucional a esa presión.
Lo que cambia con el acuerdo
El protocolo se ampara en la Ley 15/2018, de 7 de junio, de turismo, ocio y hospitalidad de la Comunitat Valenciana, que establece las bases de coordinación entre administraciones públicas en materia de inspección turística. En la práctica, el Ayuntamiento de València asumirá labores de apoyo a la inspección turística, trabajando de forma conjunta con la Generalitat para identificar y sancionar el ejercicio ilegal de la profesión.
Las actuaciones no serán improvisadas. Se definirán anualmente mediante un cronograma específico y quedarán reflejadas en el Plan de Inspección de cada ejercicio. Es decir, habrá planificación, seguimiento y rendición de cuentas. Entre los aspectos que contempla el acuerdo destaca también la reducción de los grupos turísticos acompañados por guías oficiales a 25 personas en toda la ciudad y a 20 en Ciutat Vella , la zona del casco histórico con mayor afluencia de visitantes.
"València quiere ofrecer un turismo de calidad, lo que hace necesario poner en valor a los profesionales del sector, especialmente a los guías de turismo como embajadores de nuestra ciudad" - Paula Llobet, concejala de Turismo, Innovación, Tecnología, Agenda Digital y Captación de Inversiones del Ayuntamiento de València
La concejala también advirtió que el intrusismo "perjudica gravemente a quienes sí cumplen con los requisitos legales y puede causar un daño a la imagen de València como destino turístico de excelencia".
Más que un problema laboral
Sería un error reducir este debate a una simple disputa gremial. Bajo la excusa del acompañamiento, se están realizando explicaciones históricas, culturales y patrimoniales profundas, funciones que exigen garantías de calidad y conocimientos acreditados, y que son propias y exclusivas de la figura del guía de turismo habilitado. Dicho de otro modo: no se trata solo de proteger un puesto de trabajo, sino de garantizar que quienes explican la historia y el patrimonio de una ciudad lo hacen con rigor y responsabilidad.
El mayor problema de la actividad es el intrusismo: personas que, sin la habilitación correspondiente y fuera de la ley —tanto desde el punto de vista profesional como fiscal—, ofrecen sus servicios sin ningún tipo de garantía. Para el visitante, la diferencia puede ser invisible a simple vista, pero sus consecuencias —información errónea, falta de respeto al entorno, impacto en la imagen del destino— son perfectamente reales.
El acuerdo entre el Ayuntamiento y la Generalitat convierte a València en una de las ciudades españolas que más decididamente apuesta por blindar la calidad de sus visitas guiadas. En un momento en el que el turismo de la ciudad vive un auge sin precedentes, la apuesta por la excelencia y la regulación efectiva no es un lujo, sino una condición necesaria para que el modelo turístico sea sostenible a largo plazo. El tiempo dirá si el protocolo pasa del papel a la calle, pero los profesionales del sector, por fin, tienen motivos para el optimismo.