Se acaba de conocer que la jueza que juzga el caso del accidente de Metrovalencia del 3 de julio de 2006 abre juicio oral a ocho ex altos cargos de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana. Trece años después de uno de los accidente ferroviarios más graves de España, que costó la vida de 43 personas y 47 heridos, se empieza a juzgar a los máximos responsables de la gestión del metro de València. Para Rosa Garrote, presidenta de la Asociación de Víctimas de Metrovalencia (AVM3J), es "muy buena noticia": "Estamos muy contentos porque es un paso más para conseguir justicia", ha asegurado.
En el auto, al que ha tenido acceso Europa Press, se abren diligencias a Marisa García y otros 7 ex altos cargos, motivadas por las peticiones del Ministerio Fiscal y las acusaciones particulares, entre las que está la AVM3J.
Garrote ve un cambio sustancial respecto "a la sentencia de 2008 que sólo condenaba al conductor". "Nos pareció injusta. Que por fin se abra juicio oral para los ex altos cargos de FGV nos parece una muy buena noticia para avanzar de cara al final", ha concluido.
El accidente ocurrió en el verano de 2006, el 3 de julio, a las 13:10, en la Línea 1 de Metrovalencia. Una de las dos unidades del metro descarriló en el tramo entre Plaza de España y Jesús, arrastrándose por las vías. Desde entonces, y dado la estrategia comunicativa del anterior gobierno de 'silenciar' lo ocurrido, se iniciaron años de protestas y reivindicaciones, reflejadas incluso en documentales.
La magistrada encargada del caso ha acordado mantener en libertad a los acusados. Se trata de un auto contra el que no cabe recurso. Aunque la instructora, en noviembre de 2018, acordó dar por concluida la investigación de la causa, lo que llevó al inicio de los trámites para el juicio oral.
La AVM3J reclama cuatro años de prisión por supuestamente conocer las "graves deficiencias" de seguridad de dicha línea de metro. "Todos eran conscientes de las deficiencias", asegura el escrito de acusación de la Fiscalía.
Fue en 2015, con el cambio de gobierno, cuando Ximo Puig se comprometió a celebrar una comisión de investigación en Les Corts. De este se concluyó que las responsabilidad del accidente residía en los antiguos gestores de FGV, que ahora deberán declarar en el juicio oral.
PROCESAMIENTO VINCULADA POR LA AUDIENCIA
La instructora acordó en noviembre de 2018 dar por concluida la investigación de la causa y el procesamiento de los ocho ex altos cargos aunque señalaba que lo hacía vinculada a la orden de la Audiencia Provincial que decidió reabrir la causa que la propia magistrada había archivado por tres ocasiones.Para ella, el accidente ocurrió como consecuencia de un exceso de velocidad y que todos los parámetros de seguridad eran los correctos y no se infringió normativa laboral alguna. De hecho, aludía a informes periciales para indicar que, cualquier tren de las características del accidentado, a 80 kilómetros por hora, "en el tramo en el que aconteció el accidente, volcaría cualquiera que fuese el estado de la vía".
La Audiencia, en contra de su criterio, sostenía que sí había indicios de delito y había ordenado seguir adelante con la investigación tomando declaración como investigados a los exdirectivos que, en su ámbito de poder de decisión, debían conocer el trazado de la Línea 1 y los riesgos inherentes a la conducción.
El siniestro ocurrió pasadas las 13.10 horas del 3 de julio de 2006 en la Línea 1 de Metrovalencia, en el tramo entre Plaza de España y Jesús, en una curva del trayecto en el que descarriló una de las dos unidades, la UTA 3736, que fue arrastrándose por las vías. Las lunas del convoy se desprendieron y los pasajeros salieron despedidos por los huecos abiertos.
Como consecuencia, fallecieron 43 personas, incluidos el maquinista y la interventora, y resultaron heridos 47 pasajeros, 38 con necesidad de tratamiento médico o quirúrgico. La velocidad en ese tramo no debía exceder de los 40 km/h, aunque el tren circulaba a 80, sin que el conductor activara el freno de emergencia en la unidad.