La multinacional china COSCO ha solicitado una ampliación de plazo de 29 años, con la que abarcaría el máximo de 75 años que prevé la legislación, y ofrece a cambio una serie de inversiones cuya cuantía se ha eliminado de la documentación pública, encaminadas a electrificar la terminal y reducir las emisiones.
La multinacional, la cuarta naviera del mundo en cuanto a tráfico de contenedores, pretende alargar otros 22 años su actividad en el muelle Príncipe Felipe, ubicado en la dársena sur, cuya terminal es la de mayor capacidad del Puerto de Valencia, al menos hasta que esté operativa la ampliación norte que se ha adjudicado MSC, líder del mercado mundial.
Según recoge el Boletín Oficial del Estado (BOE) del pasado 9 de septiembre, la naviera solicitó a la Autoridad Portuaria de Valencia (APV), a través de su filial CSP Iberian Valencia Terminal (CSPV), una prórroga de la concesión que tiene en vigor hasta el 11 de octubre de 2041. Con la ampliación solicitada, se alcanzarían los 75 años de plazo máximo permitido.
Por lo que, se inicia el trámite de información pública, poniendo la solicitud y la documentación en conocimiento general para que, durante un plazo de 20 días contados a partir de la publicación del anuncio en el BOE, puedan presentar alegaciones las corporaciones, entidades y particulares interesados.
CSPV justifica su petición
El tablón de anuncios de la Sede Electrónica de la APV ha publicado toda la documentación presentada por la mercantil sobre la solicitud de la prórroga de la concesión y las inversiones que se realizarían como contraprestación si esta se concede. Sin embargo, se han eliminado las memorias económicas y los presupuestos de las actuaciones.
Por su parte, CSPV justifica su petición con la necesidad de «amortizar un programa de inversiones adicionales» a lo previsto en el vigente título concesional. Estas actuaciones supondrían una mejora de la eficacia global y de la competitividad de la actividad desarrollada. Además, aportarían un valor sustantivo al dominio público portuario y alinearían la concesión con los objetivos estratégicos y medioambientales establecidos no solo por Puertos del Estado, sino también por la APV.
En este contexto, COSCO se hizo en 2017 con el 51 % de Noatum, que hasta ese momento ostentaba la titularidad de la concesión de la terminal pública y, más tarde, dio entrada a la francesa CMA CGM con el 49 % restante.
¿Cuál es el plan de inversiones?
La compañía china prevé realizar obras de refuerzo en el muelle Príncipe Felipe, electrificarlo y acondicionarlo para que los buques puedan conectarse a la red una vez que estén atracados y así reducir sus emisiones. Con ello, se compromete a ejecutar el sistema OPS (On-Shore Power Supply), que permitirá la conexión eléctrica de los buques a la red terrestre durante su estancia en el puerto. De esta forma, se eliminaría la necesidad de operar los generadores auxiliares a bordo. Esta implementación mejorará la productividad operativa, al tiempo que permitirá reducir las vibraciones, el ruido y las emisiones locales que interfieren en el rendimiento de los equipos y las operaciones energéticas.
El muelle Príncipe Felipe
Sobre el refuerzo del muelle Príncipe Felipe, la multinacional quiere realizar esta actuación para «reforzar la capacidad portante» y la estabilidad global de este muelle mediante la ejecución de columnas de jet grouting bajo la línea de cajones existentes y el refuerzo de la banqueta de apoyo de estos mismos.
Esta técnica permitirá trabajar sin desplazar los cajones ni interrumpir las operaciones y es la más adecuada para los muelles antiguos que requieren aumentar su capacidad portante o instalar equipos de mayor peso.
Además, este refuerzo permitirá instalar grúas de última generación para mejorar la productividad por escala y atraer operadores con buques de mayor capacidad. La compañía china destaca que la asunción de dicha inversión, que correspondería a la APV, supondrá una ventaja económica relevante al permitir reducir las necesidades de inversión directa.
Se estima que este proyecto se iniciará a finales de 2026 y su ejecución se completará en un plazo no superior a 24 meses.