Hicieron lo que se les pidió. Publicaron sus convocatorias de ayudas en 2025, tal como el Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales (ICAA) les había indicado, y esperaron a resolver los expedientes en 2026. Pero cuando llegó el momento de cobrar, las reglas del juego habían cambiado. El resultado: más de un millón de euros en ayudas destinadas a las salas de cine de la Comunitat Valenciana se han quedado bloqueados por una discrepancia entre dos órganos de la Administración del Estado, y 68 pantallas del término municipal de València afrontan 2026 sin la financiación que habían presupuestado.
El Ayuntamiento de València ha respondido con una moción aprobada este martes por la Junta de Gobierno Local en la que muestra su apoyo institucional a los cines afectados y exige al Gobierno central que busque una solución urgente. La iniciativa, impulsada por el concejal de Acción Cultural, Patrimonio y Recursos Culturales, José Luis Moreno, no es un gesto simbólico: también insta al Ministerio de Cultura, al ICAA y a los órganos competentes del Ministerio de Hacienda a adoptar las medidas administrativas, presupuestarias y normativas necesarias para desatascar el conflicto.
Un cambio de criterio con millones en juego
El origen del problema se remonta a mayo de 2025, cuando la Conferencia Sectorial de Cultura aprobó los criterios de distribución territorial de 8,5 millones de euros destinados, entre otras actuaciones, a las ayudas para salas cinematográficas y creación de audiencias. El ICAA trasladó a las comunidades autónomas que bastaba con publicar las convocatorias dentro de ese año, aunque la resolución se produjera en 2026. Siguiendo esas indicaciones, Andalucía, Comunitat Valenciana, Navarra, Castilla-La Mancha, Islas Baleares y Canarias publicaron sus respectivas convocatorias en 2025 y aplazaron la resolución a 2026.
El giro llegó en agosto de 2026. La Intervención Delegada en el Ministerio de Cultura formuló "reparos" relacionados con el cumplimiento del artículo 86.2 de la Ley 47/2003, General Presupuestaria. El cambio de criterio obedeció a los "reparos" puestos por la Intervención de Cultura, a los que terminó dando la razón la Intervención General, dependiente de Hacienda. La conclusión fue taxativa: no bastaba con publicar las convocatorias antes de que acabara 2025; estas debían estar también resueltas en ese mismo ejercicio.
Apoyándose en esta interpretación posterior, contradictoria con sus propias indicaciones iniciales, el ICAA resolvió que las convocatorias no se habían ejecutado correctamente y requirió a las comunidades afectadas la devolución de los fondos transferidos en 2025, lo que en la práctica les impide disponer de esos recursos para articular en 2026 las ayudas destinadas a las salas de cine.
La consecuencia es que estas seis autonomías quedan fuera del reparto de las ayudas correspondientes a 2026, y 3.541.666,67 euros no llegarán a las salas de cine. La cantidad representa el 41,7% de los fondos estatales previstos para distribuir este año entre las comunidades autónomas y afecta a 280 recintos de exhibición. Para la Comunitat Valenciana en concreto, la cifra asciende a 1.087.797,62 euros que tenían asignados para apoyar a sus salas y fomentar la creación y fidelización de públicos.
València: ocho salas con el agua al cuello
En el término municipal de València, la exclusión afecta directamente a 68 pantallas repartidas entre ocho espacios de exhibición: Cines Lys Valencia, ABC Park, Cinestudio d'Or, Cines Babel, Ocine Premium Aqua, Cine Yelmo Campanar, Cines ABC CC El Saler y Autocine STAR. Una geografía cinematográfica diversa —desde las multisalas de centro comercial hasta las salas de arte y ensayo más emblemáticas de la ciudad— que ilustra que el problema no discrimina entre formatos ni públicos.
"Las salas de exhibición son un pilar esencial en la cultura de la ciudad. Estas salas han planificado y ejecutado sus proyectos con la expectativa legítima de acceder a una línea de ayudas anunciada y presupuestada." - José Luis Moreno, concejal de Acción Cultural, Patrimonio y Recursos Culturales del Ayuntamiento de València
Moreno fue todavía más directo al señalar la responsabilidad del Ejecutivo central: "No resulta admisible que las consecuencias de una discrepancia o cambio de criterio administrativo entre órganos de la Administración General del Estado recaigan sobre quienes son ajenos a la gestión de las transferencias y han actuado conforme a las convocatorias publicadas." - José Luis Moreno, concejal de Acción Cultural, Patrimonio y Recursos Culturales del Ayuntamiento de València
El sector exhibidor reclama soluciones
La voz de los cines no llega solo desde los ayuntamientos. La Federación de Cines de España (FECE) ha reclamado a Cultura que adopte las medidas necesarias para garantizar que las seis comunidades autónomas afectadas no pierdan ayudas para el sector de más de 3 millones de euros. Desde el sector se lamenta la "aplicación sobrevenida" a las comunidades autónomas de un requisito que no figuraba en las condiciones de la transferencia: en ningún caso se exigía que el procedimiento estuviera resuelto ni que las ayudas hubieran sido concedidas dentro del mismo ejercicio.
Desde el ámbito andaluz, la asociación de exhibidores argumenta que "no puede aplicarse con carácter retroactivo a la gestión de 2025 una condición que fue incorporada expresamente para las transferencias de 2026". Una queja que comparten todas las comunidades perjudicadas y que apunta directamente a un fallo de coordinación entre ministerios que ha acabado pagando quien menos culpa tiene: los cines.
La moción aprobada en València va más allá del apoyo simbólico. El Consistorio solicita expresamente que el Ministerio de Cultura, en coordinación con el de Hacienda, "articule una solución que evite que los efectos económicos de la discrepancia de criterio y de la rectificación posterior recaigan sobre las salas de cine y las comunidades autónomas afectadas, asegurando un trato equitativo para todos los recintos de exhibición cinematográfica del Estado". También respalda las actuaciones que pueda impulsar la Generalitat Valenciana para defender esta financiación. Son las pantallas de una ciudad las que esperan, mientras dos ministerios dilucidan quién tenía razón, si es que alguien la tenía.