Desde el 3 de abril de 2025, acudir directamente a los tribunales en asuntos civiles o mercantiles ya no es una opción automática. La Ley Orgánica 1/2025 obliga a intentar resolver el conflicto de forma dialogada antes de presentar cualquier demanda, y quien no acredite haberlo intentado puede ver su escrito rechazado en la puerta del juzgado. Una norma que cambia las reglas del juego para millones de ciudadanos... y que muchos aún desconocen. Para atajar esa brecha, el Ayuntamiento de València y la Conselleria de Justicia han comenzado a coordinarse.
Una reunión entre juristas, con impacto directo en el vecindario
La consellera de Justicia, Transparencia y Participación de la Comunitat Valenciana, Nuria Martínez Sanchis, se reunió este lunes con la alcaldesa en funciones y primera teniente de alcalde del Ayuntamiento de València, María José Ferrer San Segundo, para analizar las actuaciones institucionales destinadas a promover los acuerdos extrajudiciales. Ambas son juristas y doctoras en Derecho, un detalle que marcó el tono técnico pero también comprometido del encuentro.
En el centro de la conversación estuvo la puesta en marcha de un nuevo servicio de información, orientación y acompañamiento a la ciudadanía en el uso de los llamados Medios Adecuados de Solución de Controversias, conocidos por sus siglas MASC. Entre los mecanismos contemplados se encuentran la mediación, la conciliación, la opinión experta independiente, la oferta vinculante confidencial, la abogacía colaborativa y la negociación directa entre las partes. En definitiva, un catálogo de vías alternativas al juzgado que, hasta ahora, muy pocos ciudadanos conocían o utilizaban de forma habitual.
Lo que cambia con la nueva ley: sin diálogo previo, sin demanda
La Ley Orgánica 1/2025, de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia, se publicó en el BOE el 3 de enero de 2025. Por primera vez en la historia, la mediación y otros MASC tienen un papel central en el sistema judicial español. El cambio no es menor: la mediación es obligatoria en reclamaciones civiles y mercantiles, se exige acreditar que se intentó un acuerdo, y sin mediación previa, la demanda puede ser rechazada.
¿Y qué ocurre si las partes no llegan a ningún acuerdo? En ese caso, se puede acudir igualmente a los tribunales, pero habrá que demostrar que se hizo el intento. En todos los supuestos, la parte demandante debe adjuntar un certificado que acredite el intento de resolución a través de un MASC antes de iniciar el procedimiento judicial. No todas las materias están incluidas: quedan excluidos los casos de protección de derechos fundamentales, los conflictos familiares sensibles como filiación, paternidad y maternidad, los procedimientos de adopción de medidas judiciales para personas con discapacidad y los litigios relacionados con menores y situaciones de urgencia, como medidas cautelares o ejecuciones inmediatas.
Lo que se busca es aliviar la carga de los tribunales promoviendo acuerdos extrajudiciales y fomentando una cultura de resolución pacífica de disputas, en línea con tendencias internacionales en países como Francia, Reino Unido y Estados Unidos, donde los MASC han demostrado ser efectivos para mejorar la eficiencia judicial.
Nuevos servicios y subvenciones para no dejar a nadie sin orientación
El problema práctico es evidente: si la ley obliga a intentar la mediación o la conciliación, pero el ciudadano no sabe a dónde ir ni cómo hacerlo, la norma se convierte en un obstáculo más que en una solución. Es exactamente ahí donde interviene la iniciativa presentada este lunes. La Conselleria trabaja en una nueva línea de subvenciones para que los municipios puedan disponer de recursos propios que promuevan la resolución dialogada de conflictos, con el vecindario de València como primer destinatario previsto.
El objetivo es que exista un servicio cercano, accesible y gratuito que acompañe a las personas en este nuevo escenario legal, evitando que la obligatoriedad de los MASC se convierta en una carga adicional para quienes menos recursos tienen para navegar el sistema.
"Queremos avanzar hacia un modelo de justicia de proximidad en la Comunitat Valenciana y promover una cultura basada en el diálogo y el acuerdo" - Nuria Martínez Sanchis, consellera de Justicia, Transparencia y Participación de la Generalitat Valenciana
"La mediación, la conciliación u otras alternativas MASC no son solo interesantes o recomendables para evitar los conflictos y resolverlos sin litigio. Es que, además, ahora son legalmente obligatorias en asuntos civiles o mercantiles" - María José Ferrer San Segundo, alcaldesa en funciones y primera teniente de alcalde del Ayuntamiento de València
Un cambio cultural, no solo jurídico
Más allá de los detalles técnicos, lo que esta reunión refleja es un cambio de mentalidad que lleva décadas gestándose en Europa y que España acaba de formalizar por ley. Durante generaciones, la cultura jurídica española ha tendido al litigio como primera respuesta ante cualquier disputa, desde un conflicto entre vecinos hasta una deuda entre empresas. Esta obligación busca fomentar la resolución extrajudicial de conflictos, reducir la carga de los tribunales y mejorar la agilidad del sistema judicial.
La colaboración entre el Ayuntamiento de València y la Conselleria de Justicia apunta a convertir a la ciudad en un territorio piloto de esa nueva cultura del acuerdo. Si los servicios de orientación funcionan y las subvenciones se materializan, el ciudadano valenciano podría encontrar en su propio barrio la ayuda necesaria para resolver una disputa sin esperar años a que un juez dicte sentencia. En un sistema judicial históricamente sobrecargado, ese camino más corto puede marcar una diferencia real en la vida de las personas.